A la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se le amplía el frente judicial por los operativos represivos con fuerzas federales que dispuso la semana pasada para reprimir las movilizaciones contra la Ley Ómnibus en las inmediaciones del Congreso. Organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas la denunciaron por abuso de autoridad y pidieron que se investiguen detenciones arbitrarias, torturas, apremios ilegales, lesiones graves o gravísimas y otros posibles delitos. 

ATE Capital e H.I.J.O.S Capital alertaron sobre el uso injustificado de la fuerza (con palos, gases, balas de goma y empujones) frente a personas que protestaban en forma pacífica y enfatizaron el ataque dirigido a trabajadores de prensa. La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia (junto con otras organizaciones y abogados/as) pidió que se investigue "el uso por parte de las fuerzas de seguridad de un compuesto químico, altamente tóxico e irritante" con el que rociaban a los manifestantes que "califica como instrumento de tortura". El abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, quien recibió un balazo de goma en el ojo izquierdo de un policía motorizado, sumó una presentación a la que había hecho el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General. 

La excusa: despejar la calle

Charly Pisoni por H.I.J.O.S y Daniel Catalano por ATE Capital plantearon que los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, cuando organizaciones y gente suelta se manifestaban en rechazo a la Ley Ómnibus, decenas de efectivos de fuerzas federales aparecieron con el supuesto objetivo de aplicar el Protocolo de Bullrich y despejar la calle pero en realidad fueron a "dispersar a los manifestantes para evitar que ejercieran sus derechos, para lo cual llevaron a cabo detenciones arbitrarias y lesiones de distinta gravedad". 

La denuncia acentúa que "buena parte del accionar ilegal se direccionó sobre periodistas, fotógrafos, trabajadores de prensa y otros medios de comunicación y contra defensores de derechos humanos" aunque "estaban trabajando sobre la plaza o sobre la vereda". El objetivo, señalan, es que las protestas no se muestren en los medios ni se registren (los abusos). Este ataque vulnera, dicen, el derecho a recibir información y acceder a ella. Bullrich llegó al absurdo de decir que los trabajadores de prensa deberían estar identificados (nada más identificable que un cronista con un micrófono con logo y una cámara o fotógrafos/as con pecheras) y trabajar en un corralito. 

La causa le tocó al juez Sebastián Casanello, que la delegó a la fiscal Paloma Ochoa. Ese el mismo magistrado que este miércoles dictó una cautelar que -en una causa donde se analiza la constitucionalidad del Protocolo- exhorta a la ministra a que ponga límites al accionar de las fuerzas federales y lo adecúe al derecho y a los pactos internacionales de derechos humanos. ATE e H.I.J.O.S invocan, como el juez, la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dice que "el derecho de reunión es uno de los fundamentos de la democracia, permite a las personas expresarse colectivamente y cuando es una expresión de disenso puede contribuir a la resolución pacífica de las diferencias". Las fuerzas de seguridad "deben facilitar su desarrollo y respetar los derechos fundamentales de las y los organizadores, participantes veedores y periodistas", agrega. "La obligación estatal" es de protección y el uso de la fuerza, el último recurso. "En este caso no parece haber estado orientado a la protección de los derechos de la ciudadanía (...) sino a silenciar voces", advierten.  

Quedó registrado en imágenes, sostienen, que nada justificó el "uso de la fuerza" y que "el medio utilizado fue completamente desproporcionado: palos, gases, balas de goma". A las/los detenidos no se los acusó por cortar la calle sino con las clásicas figuras usadas en las marchas (atentado y resistencia a la autoridad, desobediencia, lesiones). A algunos les prohibieron acercarse al Congreso, o sea, que no se manifiesten. Los fiscales toman "acríticamente" "la versión policial" armada. 

Esta presentación cita el informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo local, que hizo un monitoreo del accionar de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de la Ciudad, que "no respondió a agresiones de los manifestantes". La CPM reportó 23 detenciones arbitrarias, 285 personas con lesiones (por balas de gomas, gases y tonfas), 35 periodistas y defensores de derechos humanos agredidos. Los denunciantes piden que se investigue a Bullrich por abuso de autoridad y a otros posibles responsables ya que advierten una "decisión planificada" de reprimir, que además es la base del Protocolo, que al definir un corte como delito en flagrancia habilita la violencia policial. 

Gas que tortura

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia hizo una denuncia específica para que se investigue la utilización de métodos "novedosos" "como el empleo de un compuesto químico oleoso de color amarillo que los integrantes de las fuerzas represivas rocían a mansalva sobre las personas manifestantes, que también han alcanzado a diputados". Hubo adultos mayores afectados también. "Ocasiona graves lesiones"; "a nivel pulmonar, provoca broncoespasmos y crisis asmáticas en personas sin antecedentes de patología de vías respiratorias; a nivel dermatológico causa irritación en la piel, sensación urente y quemaduras de origen químico de primer grado; a nivel ocular ocasiona queratitis por contacto y ceguera temporaria". Causa dolor persistente. Algunos médicos que atendieron heridos la semana pasada describieron esos efectos y advirtieron que son más severos que los de los gases conocidos hasta ahora. 

La causa quedó a cargo de juzgado criminal y correccional 44. "Someter a personas a un sufrimiento deliberado a través de un compuesto químico que causa quemaduras, lesiona mucosas y daña los aparatos de la visión y la respiración califica como aplicación de tormentos", dice la denuncia. El propósito, añaden, es "castigar ejemplarmente a quienes no se disciplinan a los mandatos del Poder Ejecutivo". Este gas es mencionado por ATE e H.I.J.O.S que señalan el nombre que se ve en los envases: OC MK-9. Advierten que el relator especial sobre la Tortura de la ONU catalogó este tipo de gases como "materiales y productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes". Expertos en seguridad consultados por este diario estiman que se estaría usando un gas que es precursor del lacrimógeno pero que se considera mucho más severo y potencialmente letal. 

Todo el grupo de organizaciones que denuncia señala que se trata de una "grave situación de violencia institucional" y pide identificar no solo a quienes estuvieron a cargo de la represión sino a quien instruyó el uso de esta sustancia. Y que se determine su composición química, el origen del producto, qué "autoridad técnico–científica autorizó su uso en manifestaciones públicas", estudios sobre su toxicidad y si hay protocolos de uso. Solicita que se cite a declarar a Bullrich y al ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. También a damnificados y médicos. 

Más acusaciones

Por el caso del abogado Aufieri, asesor del Frente de Izquierda, que recibió un balazo de goma en el ojo izquierdo y fue operado de urgencia, se había presentado la Defensoría General, pero él agregó su relato en primera persona, que detalla el ataque del Grupo de Operaciones Motorizadas. Antes, dice, los manifestantes que estaban en la vereda fueron empujados a la calle por Gendarmería, y ahí la Federal los llevó arrinconados hacia la plaza. Luego comenzaron los disparos. La causa la tiene Julián Ercolini. Aufieri denuncia apremios ilegales y lesiones gravísimas, agravadas por abuso funcional (policial) y alevosía. Habría perdido la visión, señala. Exige que se identifique al autor, a la cadena de responsables y se investigue a Bullrich por abuso de autoridad. No tiene dudas de que todo el ataque fue deliberado para "atemorizar a la población y a quienes ejercían el derecho de manifestación, de reunión y protesta".