El gobierno de La Libertad Avanza, detrás del presidente Javier Milei, sigue tirando dardos a los gobiernos provinciales después de que se votara la vuelta a comisión del proyecto "de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" o ley ómnibus. Son seis las jurisdicciones señaladas como "traidoras" y "extorsionadoras": Salta, Neuquén, Misiones, Jujuy, Córdoba y Santa Fe. 

Tras las duras acusaciones, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, sostuvo en su cuenta X (ex Twitter) que desde el primer minuto en que asumió su mandato mantuvo el "compromiso de estar siempre del lado de los salteños" aunque "nunca" dejó de pensar en las y los argentinos. "Así somos en mi tierra, somos gente de diálogo y entendimiento y siempre dispuestos a dar una mano al que la pida", dijo. 

Manifestó que por esto a lo largo de su gestión colaboró con autoridades nacionales de diversos partidos políticos, mostrando "mi respeto por el mandato popular y buscando siempre consensos, porque creo firmemente que es lo que nuestro país necesita en estos tiempos difíciles". Recordó que en este contexto en diversas oportunidades expresó la voluntad de acompañar al gobierno de La Libertad Avanza, por lo que estuvo "a favor de que se le otorguen al Presidente las herramientas que considere necesarias para avanzar en su plan de gobierno". 

Sin embargo, señaló que "nunca" fue convocado "a participar en ninguna reunión con representantes del Ejecutivo nacional previo del tratamiento de la llamada Ley Ómnibus". Aunque advirtió que permanentemente expresó su negativa a "apoyar medidas o normas que, a mi juicio, perjudican los intereses federales y, sobre todo, a los salteños, pero eso no invalida apoyar lo que entendemos que sirva". 

Con su característico discurso conciliador, Sáenz afirmó que desde la provincia de Salta siempre estarán "dispuestos a dar una mano y a ayudar", pero a cambio se exigió "el mismo respeto y la misma confianza con la que nos brindamos desde el primer día". "Ojalá que esta situación tan difícil que vive el país sea transformada para bien en un nuevo punto de partida y nos sirva a todos para entregar una mejor nación a nuestros hijos y nietos", cerró el mandatario provincial. 

Lejos de buscar un camino de consensos, el presidente Milei habló ayer desde Israel y volvió a arremeter contra la "casta política". Acusó a quienes votaron en contra de ser un "conjunto de delincuentes, que quieren una Argentina peor. Es grave lo que hicieron el día de ayer (por el martes) los traidores", insistió. 

El enojo del gobierno de Milei se inició durante la votación en particular del artículo 4, que refería a la delegación de facultades, puesto que los sectores dialoguistas (donde Salta estaba representada por el bloque Innovación Federal) votaron en contra de la delegación de facultades legislativas en materia de control de los fondos fiduciarios, seguridad y energía. La votación se vio frenada de manera definitiva cuando llegó el turno de debatir el artículo de las privatizaciones.

Un tratamiento bochornoso

El tratamiento caótico del proyecto de ley, desde su ingreso a la Cámara de Diputados de la Nación hasta su caída, fue uno de los temas más discutidos dentro de todo el arco político argentino. No sólo para la falta de conocimiento de parte del oficialismo sobre cuestiones básicas de reglamento sino por la carencia de búsqueda de consensos y la postura de los libertarios de mantenerse intransigentes. 

En Salta, para la actual diputada oficialista por Capital, María del Socorro Villamayor, lo que se vió en el recinto nacional fue un manejo "a los ponchazos" de parte del oficialismo, que improvisó y mantuvo permanentemente el "elemento negativo de la presión" hacia todo sector que no sea el propio. "Ha sido una muestra clara de la impronta de este gobierno" de ausencia de respeto a la institucionalidad e incluso "a los propios valores que consagró (Juan Bautista) Alberdi, a los cuales ellos utilizan como base del rumbo que le quieren dar al país", sostuvo. 

Villamayor además cuestionó la extensión del proyecto de ley, que tuvo su desguace en las comisiones, llegando al recinto con la quita de varios capítulos. Entre ellos, el capítulo fiscal. "Se dice que con esa eliminación tenían un 75% afuera de las pretenciones que querían tratar, con lo cuál me pregunto: ¿para qué insistir entonces con la ley?", cuestionó. "Podemos decir que de ley ómnibus pasamos a un minibus", chicaneó, criticando que se trató de una propuesta impuesta y "no desde el diálogo y el consenso". 

En tanto, el ex diputado nacional Javier David consideró que se trató de un proyecto ambicioso que quiso tratar temas profundos en simultáneo, como la reforma del Estado, las cuestiones fiscales y las privatizaciones. Ello "generaba un proceso de búsqueda de consenso bastante difícil de alcanzar en el poco tiempo" para lograr su aprobación. En ese sentido, consideró que "la mecánica ha sido la equivocada y se terminó generando una derrota política para el gobierno y una situación de incertidumbre agravada ahora por las reacciones que ha tenido el propio Presidente".

En líneas similadores habló el ex diputado nacional y representante del Partido Igualar, Lucas Godoy, quien dijo que se trató de la crónica de una muerte anunciada. Más allá de los mecanismos utilizados, que demostraron una bochornosa y preocupante falta de conocimiento sobre el reglamento, Godoy señaló la inconstitucionalidad del proyecto ya que se buscaba reformar incluso el Código Civil y la Constitución Nacional a partir de una ley: "Se pretendía generar una lógica absolutamente liberal de la función del Estado, ausentando al Estado en el desarrollo económico y social de la propia Nación". Por ello remarcó que es el Estado el responsable de proveer un progreso económico con justicia social, afianzar la productividad de la economía nacional e impulsar la generación de empleo permanente. 

Godoy insistió en remarcar la ilegitimidad del debate pues señaló que se dieron acciones nunca vistas en los debates legislativos de Argentina, como fue la firma de dictámenes en blanco o con modificiones posteriores a dichas firmas. "Es inédito en la historia del Congreso", subrayó. Además, cuestionó la posición autoritaria que mantuvo LLA desde el inicio del tratamiento, siendo el propio presidente de la Nación el impulsor de ello. "Se intentó llevar a latigazos a que los legisladores voten", criticó, por lo que consideró acertada la postura de las y los diputados que, en representación de las provincias, buscaron llegar a consensos y acuerdos poniendo límites, como se dio con los artículos de la delegación de facultades o las privatizaciones, temas que terminaron siendo cruciales y visibilizaron la postura inflexible del Gobierno nacional. 

En tanto, la presidenta del Partido Frente Grande, Elia Fernández, aseguró que el tratamiento en comisiones ya evidenciaba un autoritarismo de parte del oficialismo instando a que los Ejecutivos provinciales direccionen los votos de sus legisladores a favor del proyecto. "Los desacuerdos que tuvieron con el sector dialoguista fue lo que hizo que fracasara el debate en particular y se tuviera que ir a foja cero", señaló, sin dejar de lado que la aprobación en general se había dado precisamente con el apoyo de esos mismos sectores dialoguistas. 

Asimismo, resaltó el "poco ejercicio" político de La Libertad Avanza para gobernar y legislar. "Están cayendo en la trampa del macrismo", agregó, en referencia a los posibles beneficios que buscan sus aliados directos, el PRO y la UCR. "Me parece que la inexperiencia los está encerrando".  

También el ex legislador nacional Pablo Kosiner expresó que estaba convencido de que el proyecto de ley ómnibus "iba al fracaso". "Llamaba poderosamente la atención que el Gobierno haya forzado el tratamiento del proyecto de ley sin tener las modificaciones al dictamen original cerradas con ningún sector", destacó. En ese sentido, dijo que era previsible que la situación no resultaría positiva para el oficialismo puesto que era una propuesta de más de 600 hojas que tenía el cuestionamiento de distintos sectores. "Más aún, cuando desde el Presidente, pasando por ministros y legisladores, se dedicaron a maltratar a los propios legisladores y gobernadores que venían dialogando con ellos", agregó. 

De listas y excesos 

Tras la primera derrota de LLA, los principales dirigentes y militantes físicos y virtuales de la fuerza apuntaron directamente contra las y los diputados reconocidos como dialoguistas y que votaron en contra de la delegación de facultades. Como consecuencia, se apuntó directamente a los gobernadores Salta, Neuquén, Misiones, Jujuy, Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, el presidente Javier Milei sorprendió a primera mañana de ayer con la publicación de un twitt en el que se daba una lista de los legisladores que votaron en contra acompañada por el siguiente texto: "Aquí podrás mapear algunos de los nombres de la casta empobrecedora con sus caras". En otro posteo, se refirió a ellos como "traidores". 

La publicación fue prontamente repudiada por distintos sectores políticos. Para Pablo Kosiner, resulta una acción "muy grave institucionalmente", pero aseguró que más grave resulta que el Presidente avale los dichos de un ciudadano que acusa a los gobernadores de apañar el narcotráfico y la trata de personas. "El Presidente tiene la obligación como funcionario público de denunciar en la justicia si se está incurriendo en un delito", destacó. 

En tanto, para Socorro Villamayor fue un "gran exceso" de parte de Milei y cuestionó que se refiera a "traición" hacia quienes no votaron como su fuerza quiso, sobre todo, porque aplica el mecanismo de la "grieta" que dicho sector dice rechazar. "Acá el Ppresidente y el vocero están diciendo que existen los unos y los otros", sostuvo y se preguntó: "¿dónde dice que ellos tienen la vara de la verdad para decir que el resto destruye el país?".

En ese sentido, dijo que espera que Milei se retracte de las acusaciones e injurias a los legisladores y gobernadores, así como lo hizo con la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Por eso señaló que la vuelta a foja cero del proyecto evidencia la inexperiencia de parte de LLA, además de afirmar que el país "no permite que estas cosas se impongan" porque se respeta la institucionalidad y el concepto de diálogo. "Sería bueno que recapaciten y empiecen por respetar la Constitución, el pueblo y la división de poderes porque este país ha dicho millones de veces que no se banca las amenazas", subrayó. 

Para Javier David la publicación de esas listas resultó de "mal gusto" y "muy peligroso". "Me parece que es muy malo como sistema y creo que hay cierta ignorancia también", pues no se comprende "cómo deben funcionar los sistemas representativos y republicanos", sostuvo. En ese sentido, consideró que el país está viendo un Ejecutivo nacional que "en vez de apaciguar los ánimos está buscando hacer algo que muchas veces se ha criticado, que es contar un relato en blanco y negro". 

David alertó sobre el hecho de que el Presidente o sus funcionarios entren en la disyuntiva donde la persona que no hace lo que ellos quieren sean considerados "traidores a la patria". "Me parece que eso es insólito", más aún, el direccionamiento de las acusaciones a los gobernadores que "tienen un deber legal con su electorado", afirmó. 

Futuro preocupante

Lucas Godoy se mostró preocupado por las acciones de LLA, ya sea desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo, puesto que es el partido que en este momento decide respecto a la economía, la salud, la educación y todo aspecto de la vida de los argentinos. En ese sentido, destacó la posición de las provincias que se han mantenido firmes y evidenciaron la voluntad para dialogar, como lo expresó Sáenz ayer. 

"Me parece razonable", afirmó. Asimismo, señaló que también es necesario que sigan planteando la distribución de recursos coparticipables para las provincias, puesto que se debe priorizar la reducción de los efectos de la crisis que se transita. En ese sentido, alertó sobre "el nivel de empobrecimiento que están generando en tan poco tiempo", visto en el crecimiento acelerado de la inflación. "La situación de las pymes es cada vez más preocupante", ejemplificó.

También se refirió a la paralización de la obra pública que provoca "un daño irreparable para las provincias y los municipios", ya que se priva de la generación de infraestructura, de trabajo y de una mayor calidad de vida. "Me parece que más allá de la legitimidad que tiene el Presidente por haber resultado electo en el balotaje, eso no significa que en medio de una crisis" se diga que "la van a pasar peor y con más sufrimiento las clases medias y los sectores populares". 

Por su parte, Elia Fernández rechazó las amenazas de quita de fondo a las provincias. "Lo que están haciendo es radicalizar más a las provincias", dijo sobre el Presidente, y afirmó que "se está favoreciendo a la conformación de un bloque de gobernadores. Sin las provincias es imposible un Gobierno nacional", insistió. 

En ese sentido, alertó que más allá de las negociones políticas de las distintas fuerzas, lo que está en juego es la salud alimentaria del pueblo argentino. "No sólo de sectores eternamente postergados sino también de un clase media que sigue cayendo al abismo", señaló y cuestionó el permanente ataque del Gobierno nacional a los derechos, principalmente, los laborales. 

En tanto, Javier David dijo que no comparte la visión actual del Gobierno nacional, por lo que criticó el "ajuste feroz" que se está viviendo y se vivirá en los próximos meses. "La verdad que el camino que elige el gobierno no es el que corresponde", sostuvo, y apeló a que la Nación pueda disponerse a dialogar para encaminar soluciones a problemáticas económicas y sociales que atraviesa el país desde hace algunas décadas. "Simplemente espero que rápidamente el argentino de a pie vea mejoras en su realidad", precisó.