El duro impacto en el Gobierno de la caída de la ley ómnibus es evidente, y, aunque el Presidente intente disimularlo y amenace con llevar a cabo el mismo plan mediante DNU, el enojo que despertó fue grande y descargó su furia especialmente entre legisladores de la oposición "dialoguista" y sobre gobernadores y funcionarios que llegaron al Ejecutivo por acuerdos con mandatarios provinciales.
No hay que irse muy lejos para justificar esta afirmación. En su propio Twitter, cargó contra Osvaldo Giordano -titular de la Anses y hombre cercano al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora- cuya esposa, la diputada Alejandra Torres, votó en contra del proyecto en artículos clave. Lo llamó traidor y aseguró que habría que pedir su renuncia.
Pero Giordano no es el único nombre que circula por estas horas. Son varios los funcionarios de Javier Milei que llegaron con apurados acuerdos con los gobernadores provinciales. Cabe recordar que la maratónica campaña de La Libertad Avanza fue sorpresiva y los encontró con poco tiempo para el improvisado armado de equipos.
Por empezar, el enojo de Milei es sobre todo con los gobernadores de Salta y de Córdoba, Gustavo Sáenz y Llaryora, uno proveniente del massimo y el otro del peronismo antikirchnerista. Y sigue con el jujeño Carlos Sadir, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua.
De la mano de Llaryora llegaron al gabinete el secretario de Transporte, Franco Mogetta; el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el titular de la ANSeS, el mencionado Giordano.
También, por el peronismo cordobés aparecieron los nombres de Fabián López y Luis Giovine, del Ministerio de Infraestructura, que quedó bajo el ala del ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
Otro nombre apuntado es el de la secretaria de Minería, Flavia Royón, que viene del Gobierno de Alberto Fernández y responde a Gustavo Sáenz. Esto se debe a que los diputados salteños tampoco dieron acompañaron la votación en particular.
¿Qué hará Milei?
En paralelo, consultado por si el pedido de renuncias está decidido, el vocero de la presidenta, Manuel Adorni, señaló: “Las decisiones de gabinete no responden a cuestiones estrictamente políticas”.
Por lo tanto, dijo: “Nosotros cada una de las funciones o de las personas o los cargos o de los responsables de las áreas las evaluamos en función de cuestiones de gestión. Y no de cuestiones políticas”.
“En tal caso, si algún episodio ocurre con alguna renuncia, será por estas cuestiones y no por una cuestión política. Así que la respuesta es no”, finalizó el vocero presencial durante la conferencia de esta mañana.
