El gobierno cortó la asistencia a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y autoinmunes. Lo hizo a través de la interrupción de las tareas que realizaba la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), un programa que había sido creado en 2016 con el objetivo de ayudar a aquellos pacientes de afecciones urgentes que no disponían de cobertura sanitaria o estaban en condición de vulnerabilidad. La decisión estuvo a cargo de Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Capital Humano que gestiona Sandra Pettovello. Aunque gracias a una acción sindical la oficina reabrió sus puertas, aún no hay certezas sobre lo que sucederá a futuro y sobre las chances de que las personas continúen recibiendo sus tratamientos. En paralelo, ya se plantea la posibilidad de que la Dirección pase a la órbita del Ministerio de Salud.

"La Dadse permanecerá momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos", se informaba a los trabajadores del área a través de un cartel impreso en la puerta de la oficina a principios de semana. Frente a ello, miembros de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), replicaron solicitando “que las autoridades restituyan las prestaciones esenciales para la vida de niños y personas vulneradas en su derecho a la salud; mantener las condiciones de trabajo para desarrollar las tareas e información clara para los trabajadores”. 

Débora Bosco, presidenta de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina, señala a Página 12. “El lunes nos encontramos con esta noticia. A raíz de eso nos llamaron muchísimas familias angustiadas por el cierre de la Dadse, ya que muchos dependen del tratamiento que provee. Como todos sabemos, el cáncer es una enfermedad que no puede esperar. Deseamos que vuelva a funcionar”. Y continúa: “Esta enfermedad es apolítica, le puede tocar a cualquiera. Cuando vas en busca del tratamiento, no te preguntan a quién votaste”.

Estela de Souza, madre de una paciente oncológica, comparte su experiencia “Mi hija fue operada de un tumor maligno y agresivo, y necesita para su tratamiento preventivo dos ampollas, cuyo coste supera los 6,7 millones de pesos. Lo que pretendemos es que con la misma velocidad que se ha cerrado la Dadse también pueda retomar su continuidad. Esto es un golpe a cada uno de los pacientes, los medicamentos son incomprables”.

Una carrera de obstáculos

Daniela Hacker, especialista en el tema y autora del libro 7 claves para atravesar el cáncer, brinda pistas adicionales y matiza la situación: “Los pacientes llegaban a la Dadse luego que sus provincias y el Banco de Drogas Especiales de la Nación los rechazaban. El Gobierno (actual) informó que encontraron irregularidades en las compras. Eran medicamentos de alto costo”.

Después, Hacker coincide con la mirada de Bosco: los pacientes no pueden esperar. “Lo importante es que reciban el tratamiento en tiempo y forma en sus provincias, así se ahorran meses valiosos para su tratamiento. Hace años que los trámites para acceder a la medicación para los pacientes enfermos de cáncer en el sistema público es una carrera de obstáculos”. Y completa: “A diferencia del Banco de Drogas Especiales de la Nación, la Dadse no hacía licitaciones para la compra de medicamentos porque ellos daban ‘subsidios’, pero que se traducían en compras que ellos hacían, con mecanismos distintos que no conocemos”.

Si bien los trámites para adquirir los tratamientos nunca fueron fáciles --la burocracia estatal no es ninguna novedad-- no tener pistas sobre cómo seguirá la entrega suma complejidad al asunto. De esta manera, aquellos individuos que recibían subsidios para financiar los medicamentos y los productos médicos para atender sus enfermedades “están angustiados”, dice Bosco. En la resolución oficial del ministerio puede leerse que la suspensión será “hasta que se revisen los circuitos administrativos que garanticen la transparencia, igualdad y legalidad en la gestión de las acciones de dicha dirección”.

Según pudo saber este diario, al detectar irregularidades con los proveedores, decidieron interrumpir el programa hasta esclarecer la situación. Incluso, según se informa en una nota de La Nación, desde Capital Humano instrumentaron una denuncia penal (a la que este diario no tuvo acceso) por defraudación contra la administración pública. 

Más allá del derrotero judicial que pueda tener, la decisión sigue una lógica similar a la dispuesta desde la misma cartera para los comedores: el Estado suspende programas fundamentales con el objetivo de “mejorar el sistema”. Ahora bien: ¿no se puede mejorar el sistema y, en paralelo, garantizar que las personas enfermas continúen recibiendo sus tratamientos y quienes tienen hambre puedan alimentarse? Aclarar esta situación es urgente.

La salud como privilegio

La pausa para el programa forma parte de la lógica general que promueve el gobierno vinculada a reducir el déficit fiscal y, de esta manera, cumplir con las metas impuestas por el FMI. De esta manera, derechos fundamentales como el acceso a alimentos y a la salud comienzan a ser observados como privilegios susceptibles de ser recortados. “Lo que sucede con la Dadse se inscribe en la política de desfinanciamiento y en la retirada del Estado en el cuidado de estas situaciones. Es una muestra de ese universo de decisiones que repercute de manera directa en las poblaciones más vulneradas”, advierte Daniel Godoy, director del Instituto de Estudios de Salud de ATE nacional.

Esta decisión que afecta el acceso a la salud de las poblaciones más desfavorecidas de la sociedad se suma a otras. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, dentro del índice de ventas menoristas, el consumo de farmacia fue el que más cayó durante enero, con un 45 por ciento de reducción. Ello guarda relación con lo señalado por el informe elaborado por el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar): si se tienen en cuenta los dos últimos meses, los medicamentos incrementaron su precio en un 140 por ciento. También hay que destacar el incremento desmedido en las cuotas de las compañías de medicina privada. A pesar de las diferencias según los casos, se estiman incrementos que van del 80 al 90 por ciento durante los primeros tres meses del año.

Si de restringir el acceso a la salud se trata, también se puede mencionar el planteo de Jorge Macri al priorizar a los porteños en los hospitales de la Ciudad. Frente a ello, el gobernador bonaerense respondió tajante: “Todos los días, dos o tres millones de bonaerenses van a trabajar a la Ciudad. (...) Si hacemos la cuenta, la mayoría de los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires son producto del trabajo de los bonaerenses que van ahí. Qué estúpido es el razonamiento”.

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