El Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, le ordenó a la empresa OSDE, que provee servicios de medicina prepaga, que garantice la continuidad del servicio contratado por una jubilada. Además, la medida incluye la cancelación de los aumentos en las cuotas de enero y febrero que ya habían sido comunicados.

La medida preventiva le exigió a la compañía un reajuste de la facturación de los primeros meses del año con el índice utilizado previamente e incluyó la orden de llamar a una audiencia de conciliación enmarcada en el procedimiento de defensa de las y los consumidores.

De acuerdo a la información oficial, la repartición que lidera Augusto Costa tomó la decisión frente a la denuncia de una mujer adulta mayor que reside en la provincia de Buenos Aires y está afiliada a OSDE desde hace más de 15 años. La clienta, diagnosticada con enfermedades preexistentes, denunció como abusivos los aumentos que la prepaga le informó a través de correos electrónicos. Para la cuota del mes de enero, la empresa le notificó un aumento del 39,8 por ciento, mientras que para febrero, el incremento impuesto alcanzó el 28 por ciento. La usuaria denunció que esas cifras le resultaron "imposibles de afrontar por tratarse de una consumidora hiper vulnerable, por razones de edad y de patologías".

Tras la entrada en vigencia del DNU firmado por Javier Milei, la cuota del mes de enero de la jubilada que hizo la denuncia llegó a los $136.390, tras haber abonado $88.000 en el mes de diciembre. Este aumento desmedido afectó tanto sus derecho a la salud, como a la propiedad y también la protección de sus intereses económicos, y ese daño fue reconocido por el gobierno bonaerense.

De acuerdo con la medida ordenada por el ejecutivo provincial, OSDE podría aumentar menos del 6% la cuota del mes de enero. Al reajustarse según el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables), la cuota se retrotraería al 90% del mes anterior de la facturación.

Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, aseguró que "es una verdadera locura que esta ciudadana con ingresos jubilatorios y que está en tratamiento por enfermedades preexistentes, tenga que abandonar el tratamiento porque ya no puede pagar la cuota mensual de la prepaga". Agregó además que "el gobernador Axel Kicillof y el ministro Augusto Costa asumen con responsabilidad la defensa de ciudadanos y ciudadanas bonaerenses ante la conducta de este tipo de empresas".

La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios fue responsable de llevar adelante el procedimiento administrativo del caso y desde ese área evaluaron que "se trata de una medida concreta a efectos de evitar que los aumentos desmedidos dispuestos por OSDE, o por cualquier empresa de medicina prepaga, atenten contra el derecho humano a la salud de una ciudadana bonaerense, ya que la imposibilidad de pago implicaría quedar sin cobertura de servicio de salud en esta etapa de su vida".

Según información oficial, la empresa ya fue notificada de la medida y se contempla que ante el eventual incumplimiento de lo ordenado, se considerará la falta como una infracción a la Ley Nacional N° 24.240 y a la Ley Provincial N° 13.133, cuya sanción contempla una multa de hasta $ 780.000.000.