La provincia de Buenos Aires se desayunó un nuevo paso en el ajuste orquestado por el presidente Javier Milei sobre los gobernadores. El Gobierno nacional anunció el descongelamiento de las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires y la eliminación del Fondo Compensador del Interior. La afectación en el interior bonaerense sería inmediata, llevando el valor del boleto a un promedio 1.500 pesos.

Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría o Junín están dentro de las grandes ciudades del interior de la provincia que se verían afectadas y donde la tarifa mínima superaría los mil pesos, tal como lo anunció en campaña el ex candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. 

Al día de hoy, estas localidades tienen un boleto mínimo que está entre los 250 y los 400 pesos, por lo que los incrementos podrían quintuplicar el valor actual.  

Así lo enunció Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia. Según sus estimaciones, la quita del Fondo hará que el boleto para ir desde Madariaga a Villa Gesell pase de valer 1.800 pesos a 5 mil. En el caso del tramo que une Punta Alta con Bahía Blanca, la tarifa dejaría de estar en 700 pesos y ascendería a un monto entre los 2 mil y los 3 mil pesos.

A esta medida del gobierno de Milei, se le suma que el sostenido aumento de los combustibles empuja a las empresas de transporte de pasajeros automotores a necesitar tener una tarifa cada vez más elevada. Sobre este eje, el director del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), Hernán Letcher, afirmó a Buenos Aires/12 que "el Gobierno Nacional ató el precio de los combustibles al valor internacional lo que quiere decir que dolarizó la tarifa del colectivo". 

La lectura de Letcher parte de la base de que el combustible es el costo mayoritario de un boleto. "Así, si el precio internacional se dispara o si devaluás, lo paga el trabajador", sostuvo.

Todo sigue aumentando

El titular de CEPA explica que los aumentos en las tarifas ya vienen sucediendo. A los casos de ciudades del interior del país como Córdoba, Corrientes o Rosario, se le suman Olavarría o Mar del Plata en el último tiempo, producto de los constantes incrementos en el precio del gasoil. 

Según sus registros, el Fondo de Compensación equivale a 320 mil millones de pesos anuales. Puntualmente para la provincia, la Nación deja de girar mil millones de pesos mensuales, lo que, a juicio de D’Onofrio, “las empresas lo trasladaran a las tarifas”.

En lo que respecta al conurbano, hay que tener en cuenta que, en los últimos días, el boleto mínimo ya aumentó de 72 pesos a 270, y el tren subió de 52 a 130 pesos. "Hubo aumentos del 250 por ciento, que en los próximos tres meses seguramente continúen", indica Letcher. 

"Con este aumento que hubo, si hacés cálculo sobre una persona que va a trabajar diariamente y se toma con bondis, con un sueldo promedio de 200 mil pesos pasó de gastar 2,5 por ciento de su salario al 8 por ciento", detalla el economista.

Cuestión de venganza

Para D'Onofrio, “la quita de subsidios es una venganza por la caída de la ley ómnibus”. A esta lectura, el ministro le suma que quienes se ven afectados son los millones de usuarios bonaerenses del transporte público y no el gobernador. Además, afirma que “esto no se había hablado”, por lo que sorprendió en la mañana de este jueves.

El análisis del titular de la cartera de Transporte está anclado en las múltiples declaraciones de Milei que, desde Israel, país donde se encuentra de viaje, acusó de "delincuentes" a quienes se opusieron a votar por su megaley. Incluso, compartió mensajes en sus redes sociales apuntando a los legisladores y gobernadores, particularmente de Córdoba y Santa Fe, a los que considera "traidores a la Patria". 

Sobre este punto, Letcher también tiene una mirada concordante con D'Onofrio, y la compara con las decisiones que tomó Mauricio Macri en 2019 luego de perder las elecciones. "La gente va a pagar más caro el boleto por el enojo de Milei con los gobernadores y los diputados que no votaron la ley", asegura. 

Teniendo en cuenta las últimas declaraciones del asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, respecto a las conversaciones que existían cerca del gobernador Axel Kicillof sobre ir a la Justicia según el resultado de la ley ómnibus, no habría que descartar que la provincia opte por este camino ante la decisión de Milei. Aún no hubo ninguna apreciación oficial al respecto. 

Sucede que, entre los argumentos que expone el comunicado del Gobierno nacional, uno es que estas medidas son consecuentes con el Pacto Fiscal que las provincias firmaron en 2017 y 2018, durante la presidencia de Macri. Pero desde la cartera que conduce D’Onofrio aclararon que la provincia viene cumpliendo como corresponde su parte del pacto y transfirió los mil millones que le competen en materia de subsidios al transporte.

“Hay que decirle al ministro Luis Caputo que hay una ley que es el Pacto Fiscal de 2018 que él no puede eliminar por una resolución”, señaló D’Onofrio. “Ayer pagamos todos los subsidios que corresponden al transporte y el gobierno nacional ha cortado todas las transferencias a las provincias”, explicó también.

Un Estado Nacional que no dialoga

Siguiendo la misma línea de comportamiento que se le vio durante el debate de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que naufragó en el Congreso, desde las huestes de Milei acentuaron la toma de medidas sin mantener conversaciones con otras fuerzas políticas.

“Estoy muy preocupado por la falta de diálogo”, señaló el ministro de Transporte bonaerense, y agregó que “no hay nadie –en el Gobierno Nacional- que tenga la visión macro de lo que es el funcionamiento del Estado”. Hasta el momento de cierre de esta nota, nadie de Nación se puso en contacto con la cartera liderada por D’Onofrio.

“El Estado es el árbitro y equilibra, no hay una sola transferencia que no tenga un convenio, una rendición, un programa, por eso el Fondo del Conurbano no lo pueden cortar, es una ley, lo mismo el Fondo Educativo”, aludió el ministro en relación al Fondo de Compensación del Interior cuya eliminación impacta directamente en el bolsillo de los usuarios.

“La provincia de Buenos Aires aporta el 44 por ciento y recibe el 22 por ciento, y si no entienden eso es porque están viendo otra cosa”, remarcó el funcionario del gobierno de Kicillof, en sintonía con el reclamo del gobernador de mejorar el sistema de distribución de recursos coparticipables.

El comunicado

En el texto difundido por el Ministerio de Economía de la Nación a cargo de Caputo, el gobierno de Milei resolvió que ya no existirá el Fondo de Compensación del Interior y que descongela las tarifas del AMBA.

“Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y el Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios en materia de transporte para el AMBA”, estipula el comunicado. Además, en referencia al interior tanto provincial como del resto del país, aduce que el pacto “establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros en el ámbito de sus jurisdicciones”.

La postura del Gobierno Nacional es la de direccionar los recursos a los usuarios y no depositarles más subsidios a las empresas de transporte de pasajeros. Por ende, si la medida avanza, los únicos que tendrán una contemplación sobre lo que pagan de boleto serán aquellos ciudadanos que se encuentren adheridos a la tarifa social.

Sólo los pensionados, jubilados, beneficiarios de la AUH o la Asignación por Embarazo, quienes abonen el monotributo social, el personal doméstico y ex combatientes de Malvinas, entre otros grupos, podrán acceder a la tarifa social y, por ende, a un descuento del 55 por ciento sobre el precio del boleto.

De todas maneras, al no haber una comunicación oficializada entre todas las partes intervinientes, se desconoce cómo se implementará lo anunciado por el Gobierno nacional.