El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió duplicar el presupuesto destinado al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que entrega alimentos a las familias, popularmente conocido como “Mesa Bonaerense”, a partir de marzo de este año. El anuncio fue hecho por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, a través de la red social X.
Cuando comiencen las clases, la inversión mensual, que hoy se ubica en 27.092 millones pasará a 52.564 millones de pesos, lo que implica un aumento del 94 por ciento. Estos programas, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, alcanzan a más de 2,4 millones de destinatarios.
El aumento impacta positivamente tanto en la calidad de alimentación de los estudiantes en las escuelas, como en la de sus familias en los hogares, gracias a "Mesa Bonaerense". Como explicó a Buenos Aires/12 un histórico militante social, "la tradición en Argentina es que primero comen los chicos; entonces, cuando vemos que llegan pibes a los que les falta olla, significa que atrás hay un papá, una mamá o una abuela que la pasan peor". Mesa permite, en alguna medida, paliar ese drama.
En ese mismo sentido se expresó el diputado nacional Daniel Arroyo. "Las medidas de la provincia, en este contexto, con el litro de leche a 800 pesos, el kilo de pan a 2000 y el de asado a 7000, son acertadas, porque intenta suplir la ausencia de nación, que en enero tuvo ejecución cero", dice mientras espera que en febrero todo tienda a regularizarse, porque la situación es crítica.
Arroyo también destaca que "el mayor problema es la malnutrición: falta de proteínas y alimentos frescos y exceso de hidratos". "La malnutrición infantil impide que los chicos alcancen su peso y talla y que desarrollen sus capacidades cognitivas, con lo cual se reproduce el círculo de la pobreza", explica.
Por decisión del gobernador Axel Kicillof a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, todos los esfuerzos presupuestarios estarán destinados a atenuar la situación de crisis agudizada por las políticas de ajuste del gobierno nacional que afectan fundamentalmente a los más vulnerables.
“El programa SAE busca mejorar el aprendizaje y las condiciones de salud de la población escolar con necesidades nutricionales insatisfechas, a partir de la preparación de desayunos, meriendas y almuerzos en establecimientos educativos de gestión estatal”, detalla la comunicación oficial.
"A su vez, MESA consiste en una entrega mensual de alimentos destinados a almuerzo o cena para niños, niñas y adolescentes escolarizados, con el objetivo de favorecer una alimentación sana en los hogares bonaerenses", agrega.
Las prestaciones del SAE se coordinan, en cada uno de los 135 distritos de la provincia, con el consejo escolar, donde están representadas las distintas fuerzas políticas surgidas del voto popular.
Los volúmenes que se asignan dependen directamente de listas y cupos elaborados desde los propios territorios. Ese circuito garantiza el acceso de los beneficiarios y evita cualquier sospecha de discrecionalidad o utilización política de los recursos.
El ataque
"Es difícil prever cómo sigue funcionando nuestro país bajo este nivel de agresión, la situación es límite porque estamos ante un gobierno que no sólo golpea y ajusta, sino que también pone en tela de juicio los pactos constituyentes de la Nación Argentina", advirtió Larroque en una entrevitsa con C5N. "Nos pone en una situación de agresión permanente que va rumbo a una potencial disolución nacional, porque fomenta y agrede a los ciudadanos argentinos y a las diversas jurisdicciones".
El ministro mencionó a "la acción política" como la herramienta principal para "frenar y revertir" un conjunto de medidas adoptadas por La Libertad Avanza que "lesionan a los argentinos". Y, esa línea, subrayó que desde el gobierno provincia se avanza "haciendo todos los esfuerzos posibles para paliar esta situación financiera y económica muy compleja".
Larroque remarcó que "el discurso de ataque es a una casta que no está especificada", y que luego es el conjunto del pueblo argentino quien "termina siendo esa figura tan indefinida e imprecisa, que padece permanentemente la furia y el ataque redoblado". En ese marco, consideró que, más allá del DNU y la ley ómnibus, "acá se está desplegando un feroz ajuste que pagarán los argentinos", y le encomendó al presidente que "mire a la sociedad y entienda que ya está muy golpeada", y citó a las decenas de manifestaciones de rechazo que se llevaron a cabo de diciembre en adelante.
El ministro hizo referencia a las reuniones que Kicillof viene manteniendo con diferentes sectores de todo el arco político provincial y con gobernadores para analizar el día a día de la situación de modo permanente. "Es el momento de ensamblarnos, no sólo rechazar y generar expresiones de carácter político como las movilizaciones, sino también solidificar el ensamble de los representantes políticos en materia institucional y aquellos que ejercen una representación de las organizaciones del pueblo", aseguró.
"En un marco de unidad tenemos que no sólo plantear el descontento, sino mostrarle a la ciudadanía una posible salida a futuro, porque el panorama es muy oscuro", consideró Larroque.
El origen de Mesa Bonaerense
Gastón Castagneto, hoy secretario de Relaciones con la Comunidad de la municipalidad de La Plata, a las órdenes de Julio Alak, fue durante la primera gestión del gobernador Kicillof, y hasta hace poco, titular del SAE.
Oportunamente a Buenos Aires/12: “Cuando llegamos, en diciembre de 2019, las computadoras estaban vacías. Les habían borrado la memoria. No estaban ni las asignaciones de cupo. Hubo que reconstruir toda la base de datos. Y estábamos en esa tarea cuando estalló la pandemia. El SAE brinda históricamente dos prestaciones, desayuno y comedor. En ese momento, se podría haber suspendido el servicio. En cambio, se decidió reconvertirlo, y se transformó en una bolsa que se armaba en cada escuela y se entregaba a las familias. Ese es el origen de Mesa bonaerense”.
“Cuando volvió la presencialidad, sustituimos el bolsón por una caja que llegaba ya armada, para evitar el doble trabajo de tener que armar los bolsones mientras se atendían los chicos en la escuela, se continuó porque la demanda superaba siempre el 90 por ciento, y casi todas las cajas que se armaban eran retiradas”, detalló.
Situación crítica
La medida contrasta con el lock out del ministerio de Capital Humano de la Nación, que encabeza la licenciada en Ciencias para la Familia egresada de la Universidad Austral, Sandra Pettovello.
Desde su asunción, el pasado 10 de diciembre, se cortó totalmente la asistencia a los comedores populares con mercadería, a pesar de que las estadísticas señalan que la devaluación de ese mes generó más de dos millones de nuevos pobres. Luego anunció que atendería “de a uno” a los que tuvieran hambre, lo que generó una cola de 25 cuadras frente a la nueva sede del ministerio, pero tampoco los atendió.
Luego de que la ley ómnibus original fuera desguazada y su aprobación general enviada nuevamente a comisión, el gobierno nacional soltó su furia contra los gobernadores provinciales. Al analizar esa actitud, Larroque indicó: "Tenemos un presidente que pertenece a una fuerza política que no tiene anclaje territorial, ya que no cuenta ni con gobernadores ni intendentes, entonces mira el país desde afuera y reposa sobre intereses que nada tienen que ver con la realidad de los argentinos, lo que lo pone en una posición de agresión permanente al pueblo".
El último ataque contra las arcas bonaerenses se dio el jueves, cuando el gobierno nacional anunció el descongelamiento de las tarifas de transporte público del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires y la eliminación del Fondo Compensador Interior, lo que eleva el costo del boleto a un promedio de 1.500 pesos. Larroque apuntó que ese tipo de actos dan cuenta de un "retiro del gobierno nacional de sus responsabilidades", y que éstas son acciones que "recaen sobre el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas en un momento muy complejo".
El ministro de Desarrollo de la Comunidad indicó que el problema del transporte se remonta al gobierno nacional de Mauricio Macri, cuando el entonces presidente le transfirió a la provincia de Buenos Aires la responsabilidad de los subsidios "sin los recursos correspondientes". Dijo que la situación, además, se enmarca en "una ecuación estructural muy injusta que padece la provincia de Buenos Aires, que es la coparticipación".
Si bien la Constitución Nacional señala que los recursos del sistema de coparticipación deben distribuirse de manera equitativa, el Estado bonaerense recibe apenas el 21 por ciento de los recursos del Estado Nacional, lo que posiciona a Buenos Aires como la provincia con la inversión per cápita más baja de todo el país. Buenos Aires representa el 38 por ciento de la población argentina, y allí se genera el 50 por ciento del valor de la industria, el 37 por ciento de la producción agraria y el 35 por ciento de las exportaciones. En la provincia, además, vive el 39 por ciento de los niños y niñas de la Argentina, pero los indicadores demuestran que el territorio es de los más vulnerables del país. De los impuestos con los que el Estado Nacional recauda el fondo de coparticipación, el 37 por ciento se recauda en Buenos Aires, pero sólo regresa el 21 por ciento.
Larroque destacó la existencia de distintos mecanismos compensatorios, "algunos brindados por ley y otros por convenio". Por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, la provincia mejoró su participación en la distribución de ingresos y mediante diversas herramientas pasó del 21 al 25 por ciento. Sin embargo, Larroque subrayó que "este gobierno nacional decidió incumplir todas las responsabilidades que tiene y esto pone a Buenos Aires en una situación muy grave y muy compleja". Debido a la suma de todas esas acciona nacionales, algunas provincias con La Rioja a la cabeza, evalúan emitir cuasimonedas. Buenos Aires, por ahora, lo descarta.
Esta semana la provincia debió completar con fondos propios los salarios docentes, ante la retirada unilateral de Nación. Fueron en total 14.500 millones de pesos, para completar los salarios de los 350 mil trabajadores de la educación, de un sistema al que concurren 5 millones de niños, niñas y adolescentes.
Varios mandatarios anunciaron medidas judiciales frente a la decisión unilateral de cortar transferencias. Las organizaciones sindicales de la provincia de Buenos Aires enviarán, como primera medida, cartas documento a los funcionarios.
