Desde Lima

 El encarcelado expresidente Pedro Castillo le ha enviado una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresándole su preocupación por el silencio del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de este organismo frente a la petición presentada hace ya casi un año para que se pronuncie sobre su detención, que el exmandatario califica como “ilegal”. Denuncia que esta petición “presuntamente está siendo bloqueada”.

“Hasta la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta de su calificación o de las indagaciones que se estén realizando, pese a que mi abogado ha estado pidiendo constantemente se le informe acerca del estado actual de la denuncia presentada”, señala Castillo en su carta, en referencia a esta petición presentada el 6 de marzo de 2023.

“Señor secretario general -escribe el expresidente peruano- a través de usted hago una exhortación a la Mesa Directiva del Consejo de Derechos Humanos y a los Estados partes de este órgano para que soliciten información a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que brinden una explicación sobre el retraso de mi denuncia”.

La detención

Castillo se encuentra detenido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido de la presidencia por el Congreso luego de su anuncio de cerrar el Parlamento, que no prosperó. Está encarcelado con prisión preventiva. La fiscalía ha pedido 34 años de cárcel por el cargo de rebelión. También enfrenta una investigación fiscal por corrupción. “Están preparando una farsa de juicio en mi contra”, le dice Castillo al secretario general de la ONU.

El exmandatario señala en su carta que su detención y encarcelamiento son ilegales porque se violó la inmunidad presidencial que tenía y no se realizó un juicio político previo como señala la Constitución cuando se acusa a un presidente. Rechaza el argumento de las autoridades que justifican esa detención por “flagrancia en el delito”. Niega que haya cometido el delito de rebelión que se le imputa. También califica como ilegal, y como “un golpe de Estado”, su destitución de la presidencia por el Congreso, la cual, afirma, no cumplió el procedimiento constitucional. “Todo ello fue producto de una conspiración entre jefes militares y policiales con fiscales, jueces y congresistas”, asegura.

El expresidente también se refiere a su situación carcelaria. Denuncia ser víctima de “métodos penitenciarios que lindan con la tortura”. Desde su detención se le mantiene incomunicado de su esposa y sus dos hijos, exiliados en México, con quienes no se le permite hablar por teléfono. Indica que ha sido castigado con la prohibición de recibir visitas “por saludos que aparecen a mi nombre en redes sociales que yo no manejo”. “Se me ha tapado con toldos toda posibilidad de recibir la luz solar”, es otra acción de acoso que denuncia. Castillo está recluido en el panel Barbadillo, ubicado en un cuartel policial, en el que los únicos reclusos son él y el expresidente Alejandro Toledo, que no tienen contacto entre ellos.

"Anuncio simbólico"

En su misiva a Guterres, Castillo revela que tomó la decisión de cerrar el Congreso, lo que la Constitución no le permitía, porque se sentía “acorralado” por un Legislativo opositor -controlado por la derecha y ultraderecha- que buscaba derrocarlo. Recuerda que desde el primer día de su gobierno fue blanco de “un ataque demoledor y sistemático desde el Congreso y las grandes empresas informativas” y de “un golpe de Estado lento”. Asegura que el golpe en su contra se iba a consumar el 7 de diciembre de 2022, día que el Congreso iba a votar su destitución por incapacidad moral por acusaciones de corrupción en investigación. Horas antes de esa sesión parlamentaria hizo el anuncio de cierre del Congreso, lo que precipitó su caída.

“Al verme acorralado por las fuerzas golpistas en el Parlamento y al notar movimientos extraños de tropas militares y contingentes policiales, decidí emitir un mensaje por televisión nacional, mediante el cual, recogiendo el clamor popular, hago un anuncio simbólico de cierre temporal del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias y un gobierno de excepción”, escribe Castillo.

El exmandatario argumenta que al haber sido “un anuncio simbólico” que quedó “a nivel de un acto político declamativo y no constituyó un acto de gobierno, pues no se elaboró ninguna acta del mensaje presidencial ni tampoco se emitió ningún decreto”, su mensaje anunciando de cierre del Congreso, denunciado como inconstitucional, no puede ser calificado como delito de rebelión.

El rol de la fiscal Benavides

Castillo acusa a la Fiscal de la Nación durante su gestión presidencial, Patricia Benavides, que le abrió proceso por cargos de corrupción, de haber actuado como “una furibunda opositora política antes que como defensora de la legalidad”. En noviembre pasado, Benavides fue separada del cargo acusada de comprar votos en el Congreso para afianzar su poder a cambio de archivar denuncias contra legisladores.

En su carta a la ONU, Castillo también recuerda las violaciones a los derecho humanos en el gobierno de su sucesora, Dina Boluarte, quien fue su vicepresidenta y ahora es aliada de la ultraderecha que atacó al gobierno de Castillo. La represión del régimen de Boluarte contra las protestas sociales ha dejado 49 personas muertas por disparos de las fuerzas de seguridad y más de un centenar de heridos.