El defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y la senadora Juliana Di Tullio realizaron una presentación judicial en la que se solicita que se anule la suba de tarifas del transporte urbano de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires por considerarla "irrazonable e ilegal". “En el delicado contexto socioeconómico actual, el aumento daña aún más los bolsillos de los más de 5 millones de usuarios y usuarias que día a día se trasladan a sus trabajos y hogares”, escribió Lorenzino en su cuenta de X.La presentación ante la Justicia va contra la medida dispuesta por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación y que establece un nuevo cuadro tarifario que contempla aumentos del 251por ciento para colectivos y de 247 por ciento para trenes.Junto al Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires @GLorenzino hicimos una presentación en la Justicia para anular el incremento ilegal del transporte en el AMBA. pic.twitter.com/xZBLEU5kAy— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 9, 2024 El pedido solicita que “hasta tanto se resuelva el fondo de la, se decrete la suspensión de los efectos de la resolución, reestableciendo los cuadros tarifarios anteriores”. Y considera que el nuevo direccionamiento, tiene como objetivo “maximizar exponencialmente el beneficio empresario a través a costa de los usuarios, sin ningún tipo de contemplación por la grave situación socioeconómica, ni por mantener cierta proporcionalidad en la suba de precios”.Pero desde el punto de vista de los usuarios, se agrega luego "la tarifa es el precio que se debe abonar por el servicio público que reciben y debe representar el equilibrio permanente entre costos, expansión del servicio, eficiencia, asequibilidad de los mismos y una rentabilidad razonable".“La suba del boleto es irrazonable porque no guarda relación con los salarios y afecta negativamente derechos fundamentales, como el derecho a la circulación, al trabajo y a la educación”, asegura el defensor del pueblo, a la vez que también considera que “es ilegal porque la medida careció de los procedimientos esenciales en su elaboración, no proporcionó información clara y accesible a los usuarios y usuarias del sistema, y además se realizó sin una audiencia pública”. “Sólo si las tarifas son el resultado de la información, la verdad, la claridad y en consecuencia de la razonabilidad, las posibilidades de contienda judicial se reducen drásticamente, y con ello, la real seguridad jurídica se obtiene para todos los actores”, dice la presentación y advierte que “sólo cuando los usuarios hagan sus aportes, dentro de un marco reglado, ordenadamente, y los funcionarios que han de adoptar las decisiones estén obligados, no sólo a escuchar a los participantes y responder sus inquietudes, sino fundamentalmente a dar las explicaciones que fundamentan sus posturas, se logrará una verdadera armonía entre el Estado como hacedor del bien común, los usuarios y los inversores”.