En Perú regirá "en los próximos meses" un nuevo sistema de venta de entradas para acceder a Machu Picchu, informó el Gobierno. Este cambio ocurre tras las protestas de pobladores de la zona que se oponían al anterior modelo, gestionado por una empresa privada.
"Los técnicos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), expusieron el plan de trabajo para elaborar la nueva plataforma de venta de boletos de ingreso a Machu Picchu. Antes de ello, se habían realizado reuniones preparatorias en Lima con los representantes de la Secretaría", informó en un comunicado el Ministerio de Cultura este viernes.
Participaron en el encuentro representantes del Ministerio de Cultura, del Gobierno Regional de Cuzco, de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de la Dirección de Cultura de Cuzco.
En la reunión, que se desarrolló este jueves, se acordó que los equipos técnicos de la Dirección de Cultura de Cuzco, Gobierno Regional del Cuzco y Secretaría de Gobierno y Transformación, mantendrán reuniones de trabajo para continuar y concluir la plataforma.
También se dispuso levantar el modelo de negocio acerca de cómo opera el proceso de venta, lo cual permitirá dar inicio a la fase de desarrollo. Como parte de este trabajo, visitarán los centros de venta de entradas en Cuzco y en el propio pueblo de Machu Picchu.
"Los equipos alcanzarán un cronograma de trabajo hasta concluir y presentar la nueva plataforma y software de venta de boletos", concluyó el comunicado.
Cómo fue el reclamo en contra de las privatizaciones
Pobladores y operadores turísticos del distrito de Machu Picchu convocaron el pasado 26 de enero a un paro en rechazo a la decisión del ministerio de Cultura de contratar a un intermediario privado para que gestione la venta en línea de los ingresos. Además, organizaron un bloqueo en el acceso al monumento, lo que provocó que éste cerrara al público seis días.
Los pobladores denunciaron en ese momento que la medida suponía una terciarización de la ciudadela inca, y el ministerio decía que no podía volver al anterior modelo de venta puesto que propiciaba un mercado negro de entradas.
Sin embargo, la huelga acabó cuando el Ministerio de Cultura anunció que había anulado el contrato con la empresa Joinnus, quien había sido contratada para gestionar la venta de entradas.
Así, la solución alcanzada por las partes fue que la Presidencia del Consejo de Ministros se encargaría de impulsar una nueva plataforma digital, mantendría la venta presencial de 1.000 entradas en el distrito y hasta que la nueva web estatal esté lista será Joinnus la que ofrezca los boletos.
