El reclamo aprobado por la CIDH e incorporado al temario de su 165 período de sesiones fue interpuesto por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), acompañados por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos.
Los denunciantes anticiparon que será una “jornada histórica” porque es la primera vez que la CIDH se ocupará de temas “estrictamente vinculados a los derechos laborales”, aunque señalan que la decisión “no es casual” porque responde a “un contexto regional de avanzada contra los derechos laborales”, que tiene como modelo la reforma laboral del presidente Michel Temer en Brasil.
“Vivimos en un clima de permanente hostilidad que tiene por objeto disciplinar las demandas sociales que se vehiculizan a través de las organizaciones sociales”, advirtió ante Página/12 Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina. El dirigente puntualizó que actualmente se está “persiguiendo a los dirigentes que expresan voces disidentes” y “se estigmatiza a los que no se subordinan a los límites que el oficialismo pretende imponer en la defensa del salario y de las condiciones laborales”.
La CTA presentará documentos, testimonios y videos que demuestran la escalada de agresiones en contra de los trabajadores. “Se van a denunciar situaciones de distintos tipos de conflictos colectivos, incluyendo el uso de las fuerzas represivas para amedrentar y coaccionar los reclamos de los trabajadores”, puntualizó Yasky, quien hizo especial hincapié en las “graves amenazas” que recibió Roberto Baradel, secretario general de Suteba, durante la discusión de la paritaria docente bonaerense de este año, y los ataques contra los trabajadores de Pepsico y Cresta Roja.
Baradel, quien será uno de los concurrentes a la audiencia, presentará los reclamos de CTERA, a los que se sumarán los de la Asociación Bancaria, la CONADU y ATE Capital, entre otras organizaciones. "Vamos a alzar la voz de los trabajadores estatales, quienes fuimos estigmatizados a partir de un plan sistemático comunicacional que le sirvió al Gobierno para avanzar sobre nuestros derechos”, explicó en un comunicado Iván Wrobel, responsable del Área de Derechos Humanos de ATE Capital, quien ponderó "la importancia del trabajo colectivo" para "denunciar en unidad el retroceso de los derechos de las y los trabajadores".
Yasky adelantó que denunciarán “la estigmatización mediática” hacia los dirigentes sindicales con el propósito de mostrarlos como “mafiosos”, discurso enarbolado por funcionarios y comunicadores para deslegitimar reclamos legítimos. Aunque advertirán además que las palabras se tradujeron en acciones concretas, como la intervención del sindicato de Canillitas, de Omar Plaini, y la negativa del Gobierno a convocar la paritaria nacional docente. “Fue un escarmiento para que el resto de los dirigentes se sintieran amedrentados”, advirtió el dirigente de la CTA.
Suteba, en tanto, denunciará la represión sufrida por los docentes durante la instalación de la Escuela Itinerante frente al Congreso; la intromisión de fuerzas de seguridad en escuelas y en sedes sindicales y la deslegitimación mediática de las organizaciones gremiales y sus dirigentes.
Por su parte, Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, subrayó que la ofensiva alcanza también a los defensores de los derechos laborales. “Nosotros reclamamos que hay una ataque a la garantía, la vigencia y la efectividad de los derechos laborales porque están apuntando contra los abogados y jueces del sector pero también contra los sindicatos, que representan los tres sectores que garantizan los derechos laborales”, manifestó a este diario.
El abogado, además, inscribió los ataques del Gobierno nacional en el marco de una ofensiva regional contra de los derechos de los trabajadores. “En ambos casos, en el argentino y el brasilero, se intenta atacar la esencia del derecho del trabajo, porque el sueño de los empresarios es terminar con ellos para perpetuar la desigualdad”, explicó Cremonte, quien estableció un paralelismo entre la reforma del presidente Michel Temer y la que propone el presidente Mauricio Macri.
“No hay ninguna duda de que a este gobierno, que responde a los empresarios, le gustaría una reforma a la brasilera”, manifestó Cremonte, quien, sin embargo, advirtió que en la Argentina la reforma estará limitada por los "convenios colectivos”. “Ambas buscan la eliminación de la representación gremial y el retiro del Estado” como árbitro, subrayó.
