El conflicto entre el Instituto Obra Médico Asistencial de la Provincia (IOMA) y sus prestadores nucleados en la Federación Médica de Buenos Aires (Femeba) va tomando características cada vez más crudas, justo en paralelo con la presentación del proyecto legislativo de la radical Flavia Delmonte, que busca avanzar con la desregulación de la salud del sector público bonaerense. 

Desde el instituto, afirman que se trata de una jugada política que inscriben en la histórica disputa con la Femeba, que en la actualidad representa a unos diez mil profesionales bonaerenses que se afilian a través de los círculos médicos, y que ya integro a 120 de esos cícrulos médicos que se cuentan entre los 135 distritos de la provincia. 

La federación se encarga de facturar, administrar y cobrar ante las prepagas y obras sociales, por cuenta y orden de los círculos y los profesionales que los integran. A cambio, se queda nada menos que con el 25 por ciento del volumen de dinero que pasa por sus manos. 

Más de la mitad de la facturación de Femeba corresponde a IOMA y el resto se divide entre las demás obras sociales y prepagas.  Fuentes del instituto sostienen, en estricto off the record, que “esto ocurre siempre que hay crisis económica o tensiones políticas. Imaginate ahora que hay de las dos juntas”.

Desde la perspectiva económica, la realidad es que la torta se achica. Explican: “El instituto se nutre de los aportes salariales de los trabajadores, que nunca puede superar el 4 por ciento del ingreso bruto. Como Nación pisa fondos, algunos tuvieron aumentos por debajo de la inflación y otros no tuvieron aumentos. Si la masa de recursos no crece en la misma proporción que las erogaciones, mal podemos darles lo que piden”.

A la vez, el mencionado achicamiento de la torta multiplica las fricciones y tensiones que siempre ocurren entre eslabones de una misma cadena. En este caso, entre el financiador (IOMA) y el intermediario (Femeba), pero también entre la Federación y los círculos locales, que empiezan a verla como un socio excesivamente voraz.

Femeba es también una buena tribuna desde la cual atacar al gobierno provincial. Muchos de sus dirigentes o representantes de los círculos, provienen del radicalismo y la utilizan para ganar visibilidad.

A modo de ejemplo, el histórico intendente de Tandil, Miguel Lunghi, tuvo larga militancia en el gremialismo médico. Ya como alcalde, denostó sistemáticamente a IOMA desde la asunción del gobernador Axel Kicillof. Aunque a pesar de la pirotecnia verbal y mediática, se reunió en privado con las autoridades y firmó un convenio de asistencia, por el que el instituto asesora y provee servicios y herramientas de gestión administrativa al hospital municipal.

“El valor de consulta que pagamos ronda los 5 mil pesos, es similar al de las principales prepagas, que cobran cuotas mucho más altas que la nuestra, pero a nosotros nos pegan más, ¿por qué será?”, se preguntan irónicamente en la obra social bonaerense. Efectivamente, un socio individual, fuera de convenio, abona 24 mil pesos contra 80 mil de Swiss Medical.

Y recuerdan que, “cuando Vidal la dejó en rojo como en 2001, como cogobernaban a través de Daniel Salvador, no dijeron una palabra”. Como sea, por la sumatoria de crisis económica y tensiones políticas, en las oficinas centrales de la avenida 7 se preparan para lo que imaginan será un conflicto largo.

Politización de la salud

La politización del conflicto entre IOMA y Femeba no es un hecho aislado. Por el contrario, se da en el contexto de un cruce picante que tuvo como protagonistas al intendente de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Jorge Macri se quejó de los bonaerenses que cruzan la General Paz para atenderse en hospitales porteños “porque la provincia no les brinda los servicios que necesitan”, a lo que Kicillof respondió que era “un razonamiento estúpido, porque los porteños vacacionan en la provincia y nadie les cobra por usar el sistema de salud". 

Finalmente, Kreplak agregó que “la mayoría de los hospitales públicos de la ciudad fueron construidos por nación”, que “el macrismo no construyó un metro cuadrado de hospital en dieciséis años” y que “casi tres millones de bonaerenses entran cada día a la ciudad a trabajar, consumir y generar riqueza”. 

Recuerdos de San Nicolás

En 2023, el entonces intendente de San Nicolás de los Arroyos, Manuel Passaglia, envió al Concejo Deliberante, en el que contaba con mayoría propia, una ordenanza de desadhesión de los trabajadores municipales al convenio por el cual recibían cobertura de IOMA. En los hechos, algo similar a lo que propone la senadora Delmonte, en otra escala.

La decisión dio inicio a una controversia de varios meses, entre Passaglia, el titular del IOMA, Homero Giles, y el ministro Kreplak. En primer lugar, porque la adhesión tenía (tiene) rango de ley provincial, de manera que sólo otra ley podría modificarla.

Luego, porque la decisión implicaba ingresar al régimen nacional, en los términos de la ley 23660, que implica la eliminación del principio solidario y la desprotección, en especial, de los pacientes crónicos unidos a IOMA por convenio.

Estos son los que tienen dolencias de por vida o que requieren tratamientos costosos, como diabéticos, cardíacos, oncológicos o con movilidad reducida. La ley nacional otorga a empresas de medicina prepaga y obras sociales el derecho a rechazarlos o cotizarles una cuota especial, que puede llegar a decuplicar el valor normal y superar largamente el salario de un trabajador municipal.

En San Nicolás, los crónicos son más de 70, su cuota de IOMA en calidad de afiliados voluntarios la paga el municipio, como Buenos Aires/12 contó que ya ocurría en Capitán Sarmiento, distrito pionero en la medida. Los sanos, en cambio, la crema, como se dice en la jerga, los tiene Avalian: un negocio redondo.

A pesar de estos antecedentes, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, impulsa una medida en el mismo sentido, comenzando por la desadhesión al convenio del personal jerárquico y la planta política. Matzkin, que responde a los Passaglia, tiene con el clan relaciones políticas, personales y comerciales. 

La semana pasada, los representantes de los trabajadores se reunieron con los concejales de Unión por la Patria y las autoridades locales de IOMA para evaluar los pasos a seguir. Muy probablemente los municipales se declaren en estado de alerta y movilización. 

Por otra parte, en San Nicolás, los Passaglia intentan bajar la inversión en salud, desprendiéndose de los trabajadores que sufren dolencias crónicas y cuyos tratamientos, tras la ruptura con IOMA, recaen sobre las arcas municipales.

Es el caso de la doctora Daniela González, que contrajo covid trabajando en uno de los hospitales municipales y sufre como secuela una trombosis, de la que aún se trata y la obliga a tomarse algunas licencias. Tras siete años de servicios como planta permanente, la desafectaron y liquidaron como si fuera contratada.