En 2024 las transferencias de recursos nacionales a las provincias alcanzarían un mínimo –equivalente al 28 por ciento del total de recursos tributarios- similar al de 15 años atrás, según advierte un informe de la consultora LCG. La dependencia de esos recursos es tal que representan “en promedio el 60 por ciento de los ingresos de las provincias”. Muchas de ellas serán deficitarias en 2024 mientras Nación se esfuerza por alcanzar el déficit cero. Serán resilientes solo aquellas partidas amparadas por ley.
Este año la discusión por el reparto de los recursos fiscales se da en un contexto inusual marcado no sólo por los malos tratos que dispensa el presidente de la Nación a los mandatarios provoinciales, sino porque ocurre con una caída en la recaudación del Impuesto a las Ganancias –el principal impuesto coparticipado a las provincias- y en el marco de la intensión del Gobierno por llevar a cero el déficit primario –lo cual exige un ajuste de 4,9 por ciento del PBI, según estimaciones privadas.
Las transferencias discrecionales a provincias significaron 1 por ciento del PBI en 2023, lo cual “pone en evidencia que el recorte a los giros provinciales potencialmente tendrá sólo un impacto limitado” en el ajuste fiscal de la Nación, aclara el citado informe.
Por un lado, en 2024 la recaudación nacional será principalmente impulsada por impuestos no coparticipados, y por el otro, la prórroga del Presupuesto 2023 otorgará cierta discrecionalidad a Nación para licuar esas partidas en términos reales, advierten desde LCG.
El daño para las provincias es serio porque “los recursos de origen nacional representan casi el 60 por ciento de los recursos totales provinciales, si bien la disparidad entre jurisdicciones es significativa”, subrayan. “En las provincias más pobres –como Formosa, La Rioja, Corrientes, Santiago del Estero y Jujuy- los recursos de origen nacional representan casi el 90 por ciento del total”, agregan. “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires surge como la más independiente por la alta participación que tiene su recaudación propia en la estructura de ingresos” mientras “en algunas provincias del sur como Neuquén o Chubut los ingresos por regalías moderan la dependencia de Nación”.
En lo que va del año, las transferencias a provincias cayeron 97 por ciento en términos reales (descontada la inflación) respecto de igual mes del año anterior. Ese dato circuló en los medios de comunicación la semana pasada dando cuenta que el ajuste había empezado. “En total cayeron 62 por ciento en términos reales contra un año atrás si se toma el gasto devengado (es decir, los compromisos asumidos)”, detalla LCG, y que “el 92 por ciento del total devengado fue en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)”.
Al respecto aclaran que si bien el presidente Milei también amenazó con interrumpir el FONID, al igual que “muchas de las transferencias presupuestarias que vienen recibiendo las provincias cuentan con una ley del Congreso que las respalda”. No ocurre lo mismo con el Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros del Interior, “que es una partida aparecida en las últimas leyes de presupuesto”.
¿En qué se utilizan las transferencias discrecionales a provincias? Según destaca la consultora en su informe, “un puñado de cinco ítems se destacan como los más importantes”: el FONID y complementos salariales para docentes provinciales, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de Buenos Aires (creado en 2023 ante el reclamo de la policía bonaerense financiado con la quita de coparticipación a CABA), la distribución discrecional de Aportes del Tesoro Nacional, los giros a las cajas previsionales provinciales, y las transferencias para construcción de obras viales. “Entre ellas absorbieron el 50 por ciento del total transferido en 2023 (…) el resto se trata de giros vinculados principalmente a las funciones de Salud, Promoción y asistencia Social y Agua”.
En cuanto a la recaudación tributaria señalan: “Este año las provincias verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados”. A saber: “los derechos de exportación a partir del fin de la sequía y del sinceramiento del tipo de cambio aplicable (por ahora un esquema 80 por ciento oficial/20 por ciento CCL) y el Impuesto País por la ampliación de la base imponible y la suba de alícuotas dispuestas en diciembre último”.
En paralelo, el principal impuesto coparticipado se verá erosionado por la reforma del año pasado. Bajo este escenario estiman “que las provincias se quedarán con apenas 28 por ciento del total recaudado, un nivel semejante al de 15 años atrás”.
