Las ONG que trabajan en los temas de salud, especialmente con las enfermedades de transmisión sexual (ETS), nucleadas en el Frente por la Salud de Personas con VIH, advirtieron que el país necesita actualizar la ley que rige y garantiza tratamientos en estos casos, porque la normativa vigente data de los años 90 y no contempla los aspectos sociales y laborales de la enfermedad ni tampoco a las hepatitis virales. “Es urgente contar con una nueva ley que tenga enfoque integral y perspectiva de derechos humanos y necesitamos el compromiso de nuestros representantes en el Congreso para lograrlo”, expresó Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo). En Argentina aproximadamente 126.000 personas viven con VIH y 800.000, con hepatitis C.
La ley vigente actualmente es la 23.798. Sancionada en la década del 90, en su momento fue innovadora y eficaz, pero ahora –aseguran los integrantes del Frente, es obsoleta e insuficiente.
El 13 de junio, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable a un proyecto presentado por las organizaciones, pero desde entonces el texto quedó frenado y a la espera de tratamiento en la Comisión de Legislación General. En caso de que no sea tratado antes de fin de año, advirtieron los activistas del Frente, podría perder estado parlamentario y volver a foja cero.
El proyecto presentado (N° E6139-D-16) es una reforma de la ley existente y fue trabajado y consensuado durante más de tres años por redes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y hepatitis, instituciones de la sociedad científica, organismos internacionales y de actuación estatal nacional y provincial.
Uno de los avances de ese texto con respecto a la ley vigente es que incorpora garantías para la prevención y tratamiento de las hepatitis virales y las ETS. Actualmente, las hepatitis no cuentan con marco normativo; hay faltantes de medicamentos para hepatitis C y 500 personas están en lista de espera para acceder a la cura. Además, el proyecto contempla los aspectos sociales de las enfermedades con perspectiva de derechos humanos; contempla a niños y niñas, adolescentes y jóvenes nacidos con VIH; prevé la conformación de un observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH y su entorno; y establece, también, sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo.
“Una de las cosas importantes de modificar la ley vigente es que incluye la lucha contra las ETS y las hepatitis virales dentro de la declaración de interés nacional. Esta declaración obliga al Estado a tener stock y a entregar los medicamentos y los insumos necesarios para el tratamiento de estas enfermedades. En este momento hay personas en período terminal por hepatitis C y los medicamentos están faltando. El problema es que son carísimos. Desde el 2014 hay cura para esta enfermedad, pero cuesta a razón de mil dólares la pastilla”, detalló José María Di Bello, secretario del GEP.
Di Bello señaló que, desde el 13 de junio, cuando la Comisión de Salud dio dictamen favorable al proyecto, los activistas esperaron “la reunión conjunta de comisiones para que pueda acceder al recinto”. “Pero cajonean todas las leyes que propendan a la mejor atención y al acceso. Incluso pedimos una reunión con Jefatura de Gabinete. Nos la dieron, y después la pospusieron para después de las elecciones”, añadió.
“Exigimos que la Comisión de Legislación General y la Comisión de Presupuesto y Hacienda convoquen a una reunión conjunta para darle tratamiento y dictamen al proyecto en el que las organizaciones de afectados hemos venido trabajando consensuadamente hace más de tres años, a fin de llegar a tiempo al recinto y que no pierda estado parlamentario. Ya tenemos el compromiso del presidente de la Comisión de Legislación General, el diputado Daniel Lipovetzky. Estamos esperando que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Luciano Laspina, acepte realizar esta reunión conjunta de comisiones. Mientras tanto en Argentina hay personas que en fases avanzadas de hepatitis C esperan un tratamiento que no llega y se les va la vida”, insiste Di Bello.
Todos los años, la ONU destaca la necesidad de controlar la estigmatización y la discriminación de las personas con VIH y otras ETS como un aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida. En este sentido, el conjunto de organizaciones que desarrolló este proyecto de modificación a la Ley 23.798 hizo hincapié en la prohibición de tests obligatorios en el ámbito laboral, de educación y sanitario.
“Si tenemos en cuenta que en la Argentina el 30 por ciento de los infectados con el VIH y el 70 por ciento de los que tienen el virus de la hepatitis C desconocen su situación, queda clara la necesidad de la prevención y la protección de estas personas. Por eso además el proyecto incluye la protección de niños y adolescentes con estos virus y avanza en los aspectos sociales de esta protección”, concluyó Di Bello.
