El gobierno de Mariano Rajoy se prepara para tomar en sus manos las finanzas catalanas, ya bajo tutela parcial, una movida que dejaría sin recursos propios al ejecutivo regional. El sábado pasado, el ejecutivo español anunció su intención de hacerse con el control total de los ingresos fiscales percibidos directamente por el gobierno catalán, que consisten en impuestos como gravámenes al patrimonio, derechos de sucesión y gastos de matrícula en universidades públicas. Representan alrededor de un 25 por ciento de las retribuciones del ejecutivo dirigido por Carles Puigdemont. Si el Senado, donde el partido de Rajoy es mayoritario, aprueba el próximo viernes las medidas solicitadas por el gobierno, la dirección general de impuestos de Cataluña deberá someter todas sus decisiones al ministerio de Hacienda y no al actual número dos de la Generalitat, Oriol Junqueras.

Así, el ejecutivo catalán perderá su margen de maniobra financiera dado que Madrid ya puso bajo su control el resto de sus recursos. A mitad de septiembre, el gobierno español decidió acosar financieramente al gobierno catalán, a fin de evitar que sus dirigentes desviaran dinero público a tareas destinadas a la organización de la consulta del 1 de octubre, por ejemplo, la compra de urnas. De manera ordinaria, el Estado español recauda la mayor parte de los impuestos (salvo en el País Vasco y Navarra, que tienen autonomía fiscal), y luego reparte el dinero entre las distintas regiones. Estas, a su vez, pagan las nóminas de los funcionarios, servicios sociales y educativos. Desde el 15 de septiembre, Madrid ya no deposita ese dinero en las cuentas de la Generalitat, sino que paga directamente las facturas de los servicios públicos esenciales de Cataluña (hospitales, escuelas, policía).

El gobierno de Rajoy tomó esa medida drástica luego de que los separatistas se negaran a someterse al control semanal de sus cuentas, que se les había impuesto desde el mes de julio. Justo después de aquella medida adoptada el mes pasado, los bancos recibieron la orden de controlar los movimientos de las cuentas y tarjetas bancarias del gobierno catalán. Una vez aprobadas las medidas en el Senado, el gobierno central dispondrá de un acceso directo a los datos del personal de la administración catalana, incluyendo los días de baja, quiénes son interinos y las cuentas bancarias.