“En un contexto como el actual aumentar un 100% las tarifas supera ampliamente la exorbitante inflación existente y se convierte en un impedimento para la competitividad de las empresas y el bolsillo de la gente”, señaló Oscar "Cachi" Martínez, exdiputado provincial del Frente Renovador, en alusión al nuevo cyadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Se realizó de manera virtual la Audiencia Pública de la EPE, para discutir el cuadro tarifario de este año y definir posturas respecto de la actualización del monto de las tarifas. La postura de la empresa es aumentar un 83% promedio a partir de marzo, sujeto a posteriores ajustes según inflación. Sin embargo, el aumento a la pequeña demanda – todos los usuarios particulares – se prevé de un 99%.

En ese contexto, Martínez -actual secretario del Bloque Frente Renovador -100% Santafesino- sostiene que lo que debe regir es “el principio de razonabilidad”, según el cual los salarios deberían aumentar por encima de la inflación, y las tarifas no deberían aumentar por encima de los salarios. Sin embargo, el rumbo actual de las cosas va en un sentido contrario: “Para decirlo con todas las letras, en una provincia donde los salarios estatales aumentan un 14% por tener en consideración los ingresos de la misma, con esa misma lógica de atar las obligaciones de pago a la relación con los ingresos, nos parece exorbitante aumentar las tarifas de agua un 190% y las de energía eléctrica un 100%”.

Martínez remarcó que parte del problema es que, en la materia, la Provincia carece de un marco regulatorio y un organismo de control para la EPE. “Tenemos la esperanza que este gobierno prontamente avance con esto, habida cuenta de que tiene las mayorías parlamentarias, y habiendo sido el gobernador y el actual ministro de Gobierno autores de una iniciativa legislativa a tales fines, con fecha del 3 de mayo de 2022”.

Por otra parte, Martínez  “es necesario establecer un régimen diferenciado de tarifas para las cooperativas de agua potable que están en una situación muy comprometida”. Además, “el aumento de los indicadores de pobreza exigirá una mejor gestión de la tarifa social”.