La organización Asamblea, Trabajo y Dignidad (ATD)- AJI20 denunció persecución judicial y política a uno de sus militantes en la provincia de Jujuy, gobernada por Carlos Sadir. 

Miguel Ramos fue retenido el lunes último por la Delegación de Migraciones en el paso fronterizo de La Quiaca, trasladado, demorado por la Gendarmería Nacional y luego liberado, tras un supuesto "error" por una orden de captura que no estaba vigente en el marco de una causa que se le armó por protestar el año pasado contra la reforma constitucional. 

Verónica Rojas, militante de ATD- AJI20 y vocera sobre este caso, contó que Ramos estuvo demorado algunas horas hasta que intervino su abogado. Según explicó, el militante se encuentra imputado por resistencia a la autoridad y atentar contra la propiedad pública "a raíz de los disturbios del 20 de junio de 2023", en el contexto de los reclamos contra la reforma parcial de la Constitución de Jujuy. En aquel momento había una orden de captura que quedó sin efecto cuando se presentó el 24 de julio junto a su abogado defensor ante la fiscalía interviniente. Sin embargo, el proceso está abierto y se espera la fecha de juicio.

"El 24 de julio del año pasado, nuestro compañero se presentó junto a su abogado defensor de forma espontánea ante la fiscalía de investigación y mantuvo su libertad. Fijando domicilio real y procesal. El juez entendió que no había riesgos procesales para restringir la libertad ambulatoria, desde ese momento hasta hoy, estuvo y está a derecho", precisó un comunicado de AJI20.

El lunes, Ramos estaba en La Quiaca intentando viajar cuando quedó demorado. La explicación oficial de Gendarmería al damnificado adujo "un error" por una supuesta omisión del Ministerio Público Fiscal de informar que ya había cesado el pedido de captura.  

"Venimos denunciando persecución política hace rato. No es el único evento aislado y no es el único error que viene cometiendo la justicia", manifestó Rojas, quien enumeró algunos hechos previos. "Hemos tenido dos compañeras imputadas en 2021 por unos grafitis que aparecieron donde se nos señalaba a nosotros como responsables, y las pruebas que tenían en ese momento eran irrisorias porque no demostraban de ningún modo la culpabilidad, solamente tenían imágenes de las cámaras donde nuestras compañeras se parecían a quienes realizaron los grafitis. Estuvieron un año con esa causa", recordó.

Asimismo, "hemos tenido la infiltración de un policía que estuvo trabajando tres años en nuestra radio comunitaria, Radio Pueblo, hay una denuncia y hasta ahora no tenemos respuesta. Jujuy es demasiado chico y nos hemos enterado que sigue cumpliendo sus funciones", recalcó Rojas. 

Además, en 2023, el mismo Miguel Ramos y otra militanta, Gabriela Garzón, fueron imputados luego de una marcha en la que se pedía alimentos y trabajo ante el Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La mujer que resultó acusada "ese día ni siquiera estaba en la marcha", aclaró Rojas, e indicó que sobre ambos recayó una sentencia del juzgado contravencional por la que deben pagar una multa de $650.000. 

El Código Contravencional de Jujuy es cuestionado por avasallar derechos constitucionales; está vigente desde el 1 de en enero de 2016, aprobado por la ley Nº 5860.

Rojas también relacionó la persecución judicial con casos como el de la detención de "Nahuel Morandini y Roque Villegas, ambos siguen presos por un tuit que se hace viral".

"Hace rato que percibimos esta persecución contra todo aquel que diga algo del régimen de gobierno, son varios casos en la provincia. Ha pasado con el Malón (de la Paz) también, han tenido gente que ha sido apresada por protestas. Desde antes del 2023 ya hay una persecución sistemática. Todas estas prácticas ya se han vuelto como un modus operandi del Estado", aseguró Rojas. 

Respecto a Ramos, dijo que seguirán la vía legal. "Nuestro compañero jamás se negó a presentarse ante la justicia, a ponerse a disposición, esperando la fecha de juicio. Nosotros creemos que algo de justicia tiene que caber dentro de este sistema que está demostrando todo lo contrario. Por otro lado, instamos a la organización de todos los espacios", sostuvo. 

"Desde AJI20 Y la Biblioteca Popular Niños Pájaros, primeramente queremos agradecer por el apoyo recibido. Nuestro compañero Miguel fue liberado. No hubo error, esto es parte del amedrentamiento, acoso y persecución política de años hacia la humanidad de nuestro compañero y a la organización que con mucho orgullo militamos en: AJI20", señala el comunicado de la organización.

"Jujuy es un laboratorio"

"Hace rato venimos diciendo que Jujuy es un laboratorio. Tal es así que muchas de las prácticas que nosotros ya hemos venido viviendo hoy se están replicando a nivel nacional", recalcó Rojas, respecto a la represión de la protesta que pretende normalizar la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aliada antes del exgobernador Gerardo Morales en Juntos por el Cambio.

"Nosotros ya venimos de varias represiones en el norte, en Purmamarca una de las más fuertes, en Caspalá, en San Salvador, donde se intenta prohibir absolutamente la protesta, viene de la mano con lo que fue la reforma de la Constitución y con las contravenciones que ya se venían implementado incluso antes de la reforma. Es un modelo aleccionador el que se está instalando y que lo vamos a empezar a vivir a nivel nacional también", aseveró Rojas.