Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich, y sus aliados provinciales, vienen desplegando las fuerzas de seguridad federales y locales de manera nunca antes vista frente a las protestas y reclamos de un pueblo cada vez más empobrecido por sus medidas. Este es apenas un breve resumen del saldo de esa política en poco más de un mes y medio.
En los 40 años trascurridos desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, la represión nunca estuvo ausente, como CORREPI denunció frente a cada gestión sin silenciar un solo hecho. Pero nada –absolutamente nada- se acerca siquiera al voltaje represivo que en apenas un mes y medio de gobierno ya generó estas consecuencias:
1. Cuarenta (40) personas han muerto desde el 10/12/2023 a manos de las fuerzas de seguridad federales o locales (15 en fusilamientos de gatillo fácil, 18 en cárceles o comisarías, 3 en el marco intrafamiliar por razones económicas, 3 usando el patrullero como arma y un femicidio de uniforme).
2. Cuarenta y seis personas han sido privadas de su libertad en contexto de protesta o conflicto social (5 en Córdoba, 2 en Mendoza, 2 en Jujuy -siguen presos-, 7 en Rosario, 30 en CABA).
3. El 31 de enero, en CABA, las fuerzas de seguridad estrenaron un nuevo gas irritante de altísima agresividad, que no sólo dificulta la respiración y afecta mucosas de ojos, nariz y boca, sino que produce quemaduras químicas graves en la piel. Más de un centenar de personas requirieron asistencia médica cada día desde entonces.
4. El 1° de febrero, en CABA, medio centenar de personas fueron lesionadas en la represión a la concentración en la plaza frente al Congreso (27 trabajadorxs de prensa, Matías Aufieri, abogado de DDHH, militante del CeProDH, con riesgo de perder un ojo por disparo de postas de goma a la cara y varias decenas de manifestantes).
Mientras tanto, la principal responsable de las fuerzas federales, la ministra Patricia Bullrich, trata de justificar las agresiones a la prensa argumentando que “la policía les dijo córranse, tengan cuidado, vamos a actuar frente a esta situación de desorden” y lanza acusaciones delirantes sobre situaciones que cualquiera que vea los registros audiovisuales sabe que no existieron, como planes para asaltar el Congreso o atacar a la policía.
La “Ley Omnibus”, aprobada en general con la complicidad de la “oposición blanda” (¿?), ahora en instancia de tratamiento punto por punto, propone una reforma integral del Código Penal y toda la legislación vigente en materia de derechos democráticos y garantías constitucionales.
No sólo contiene disposiciones que, en consonancia con los Protocolos Bullrich, ilegitiman y fulminan como criminales el derecho de reunión, de libre expresión y de protesta frente a decisiones impopulares. De manera explícita y sin ambigüedades, legitima el gatillo fácil como política de Estado.
En la Sección III, bajo el título de “Legítima defensa” se incorpora al art. 34 del Código Penal, que establece los casos en que un delito no es punible, un inciso que establece que si alguien “aparenta una actitud sospechosa” o intenta cometer un delito, pero desiste y huye, quien le dispare por la espalda para evitar la huida no es punible y, por añadidura, niega a su familia el derecho a acceder a la Justicia para que se investigue la responsabilidad penal. Es la Doctrina Chocobar recargada y remasterizada al máximo. Si esa norma alcanza vigencia, será directamente imposible intentar una acción penal contra el funcionario público que, pese a no estar en peligro ni tener necesidad de defender a un tercero, mate a quien trata de huir sin afectar la vida ni la integridad física de otras personas.
La versión “oficial” de la mayoría de los casos de gatillo fácil empieza por acusar a la víctima de haber intentado un delito de desapoderamiento. A veces es cierto, pero resulta que el supuesto agresor no estaba armado y no podía representar un peligro para nadie, por lo que el riesgo más grave era su fuga. Muchas otras veces, ni siquiera existió ese pretendido hecho, pero funciona la lógica del “miente, miente que algo quedará”.
Como sea, la pretensión del gobierno de Milei y Bullrich es legitimar el gatillo fácil en todos los casos, aun cuando, como dice la pretensa norma, “no concurran los eximentes”, es decir, no haya legítima defensa ni legítimo cumplimento del deber.
Lo que pretende el Gobierno nacional con esta norma es, ni más ni menos que naturalizar el gatillo fácil, el fusilamiento por la espalda de una persona desarmada, y negar a su familia el derecho a la querella.
Ya no pueden quedar dudas de que así pretenden gobernar los próximos cuatro años, meta bala, meta cárcel, mientras nos siguen empobreciendo. Tampoco tenemos dudas de que sólo podemos enfrentarlo en las calles, con unidad, organización y lucha, extremando los cuidados para protegernos de semejante avance represivo.
*Abogada y militante antirrepresiva. Es integrante fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)
