La pregunta se esparció en los grupos de whatsapp relacionados con las luchas por la legalización del aborto en los últimos 20 años. ¿Tenía sentido responder al proyecto ingresado por Rocío Bonacci el 5 de febrero para derogar la ley 27.610 que se aprobó el 30 de diciembre de 2020 después de intensos debates legislativos, con consenso inédito? La respuesta llegó sola: la primera que saltó fue una de las supuestas firmantes del proyecto, la legisladora de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, quien salió a desmarcarse, enojada. “Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era el momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", dijo la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Y culpó “a la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto”; es decir, a su colega de la provincia de Santa Fe. Al otro día, la propia autora tuvo que dar marcha atrás: las otras firmas del proyecto se retiraron, en lo que parecía un sainete. “No sabía que tenía que pedir permiso”, dijo la legisladora en un posteo de X, en respuesta a Carlos Maslatón.
A la diputada santafesina la idea se la dio el artículo de opinión que el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra firmó el 25 de enero en Infobae, junto a Eduardo Menem y Cristina Guzmán. Se llamaba “2024: año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad” y tenía como subtítulo “La Constitución Nacional como una carta de derechos y la propuesta para la derogación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”. Quienes firmaban esa nota fueron Convencionales Constituyentes en 1994, y las feministas de entonces recuerdan con cuánto ahínco tuvieron que luchar para impedir que Barra incluyera su propia cláusula en la Constitución, que protegía la vida “desde la concepción”.
Tras las críticas, Rocío Bonacci mostró unos mensajes por chat, en los que refería que su proyecto iba en sintonía con aquel artículo. Pero las firmas de Lemoine, Oscar Zago, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar fueron retiradas. Es decir que el proyecto quedó sin firmas.
El mayor mérito político de la legisladora nacional que vive en Funes (al lado de Rosario) y se presenta en redes sociales como podóloga y emprendedora es ser la hija de José Bonacci, dirigente rosarino surgido del carapintada Modin, quien logra ubicar a sus familiares en el poder legislativo a través de la provisión de sellos partidarios, como lo contó Mariana Carbajal.
Así las cosas, la precipitada decisión de Bonacci generó más enojo en los propios que otra cosa. “Recibí amenazas de los libertarios, pero no siento que el Gobierno me haya soltado la mano”, dijo en una entrevista tras la fallida presentación. Si fue una torpeza política –tal la lectura más extendida en la Cámara de Diputados- o un globo de ensayo –con poca coordinación partidaria- se podrá vislumbrar con el tiempo. El proyecto –escrito en la computadora del padre de la diputada- proponía, incluso, penalizar las interrupciones de embarazos productos de violación, dejando a los jueces la potestad de evaluar si perdonaba la pena. Era un retroceso legislativo de más de un siglo, si se tiene en cuenta que el Código Penal de 1921 contemplaba los abortos no punibles. Lo cierto es que, sin firmas, ni siquiera pasará a comisiones.
Este traspié, todo de La Libertad Avanza, no permite quedarse tranquilas: la voluntad del gobierno era, es y será avasallar los derechos de mujeres y comunidad LGTBQ+, en sintonía con las ideas de uno de sus ideólogos, Agustín Laje y con las propias palabras de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. Habló de la “agenda sangrienta” del aborto, mientras su proyecto de ley Bases naufragaba en los pantanos legislativos.
Por eso, el mismo día que naufragó la ley ómnibus, empezó a circular el texto que había ingresado Bonacci con el número 133 el lunes anterior y cundió el estupor en los propios. La derrota legislativa no daba el mejor marco, y el escenario estaba servido para el papelón que finalmente ocurrió.
Y aunque está claro cuál es la posición del gobierno, hasta el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a despegarse: "Es una discusión estrictamente legislativa. No es parte de la agenda del Presidente, no ha sido una decisión del Presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo".
La estrategia legislativa, claramente, no la llevaba adelante Bonacci. No es casual que el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Nicolás Mayoraz (también santafesino, iba segundo en la lista de LLA en la provincia) sea además un connotado integrante del Opus Dei, que peleó mil batallas contra los derechos sexuales y reproductivos.
En 2008 presentó un recurso contra la anticoncepción de emergencia, también llamada la píldora del día después, y pese a perderlo en todas las instancias, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en 2011. Fue a fines de 2013 cuando la sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial le dio la razón a la Municipalidad.
Y fue también en Rosario donde Mayoraz expresó, el 29 de enero, la intención de trabajar en la derogación de la ley, en la misma línea del artículo de Barra. “Con el número de diputados creemos que estamos en condiciones de derogar la ley de Aborto, es parte de la promesa de campaña de Milei y éste es el año de la vida”, dijo el legislador rosarino por Radio 2. La clave de su propuesta fue: “primero hay que hacer un trabajo en el Congreso con los distintos sectores que en algún momento apoyaron la ley pensando que aportaban una solución”.
Para Mayoraz, los 250 mil abortos legales realizados desde la sanción de la ley son “un verdadero genocidio”. Pero tampoco es pavote, sabe que la ley fue producto de una intensa movilización social, de un debate parlamentario en el que –sólo en 2018- participaron más de 700 expositores y en 2020, unas 200 personas de diferentes posiciones y pertenencias institucionales fueron a brindar argumentos a favor y en contra a las dos cámaras. Una cosa es querer derogar el aborto y otra muy diferente, presentar un proyecto sin contar, ni siquiera, con las firmas consolidadas.
En algún momento se especuló con que fuera una maniobra distractiva, tras la contundente derrota legislativa, pero tampoco funcionó de tal manera: hasta los aliados más cercanos manifestaron su descontento. Nadie quiere discutir otra restricción de derechos en un contexto de ajuste brutal, inflación y pérdida de poder adquisitivo.
