El intendente Pablo Javkin viajará este jueves a Buenos Aires, junto a intendentes de distintas ciudades del país, para profundizar el reclamo a Nación, ante la quita de subsidios al transporte. Sostienen que el gobierno de Javier Milei incumple el pacto fiscal y advirtió que el reclamo podría llegar a la Justicia. “Sin subsidios nacionales hay costos de tarifas que se van arriba de 1.100 pesos. Obviamente, es inaplicable para el usuario”, evaluó. En tanto, desde el área de Transporte provincial compartieron algunos números que advierten sobre el impacto que tendría ese desfinanciamiento para Santa Fe y denunciaron que en enero el gobierno nacional se quedó con 3.410 millones de pesos de lo tributado por los santafesinos en materia de impuesto a los combustibles. “¿Esos fondos van a sostener al AMBA como lo hicieron históricamente los gobiernos anteriores?”, cuestionó la secretaria de Transporte y Logística de la Provincia, Renata Ghilotti, que además advirtió que la provincia “no está en condiciones de hacerse cargo de lo que no pone el gobierno nacional”.
El cónclave de intendentes tendrá lugar este jueves en las oficinas del Congreso de la Nación, donde buscarán consensuar una serie de puntos y redactar un comunicado para visibilizar la situación. Los mandatarios, de distintas zonas del país y de diversos signos políticos, buscan dejar en claro el impacto que tendrá la quita de subsidios al transporte en el interior y no descartan iniciar acciones administrativas y judiciales para que el gobierno nacional dé marcha atrás con la medida.
Este miércoles, en el marco de la presentación de la compra de camiones y contenedores para reforzar el sistema de higiene urbana de la ciudad, Javkin se pronunció sobre el tema. Consideró que quitar el fondo que da subsidios al transporte del interior es una decisión “muy grave” y remarcó que el gobierno está incumpliendo el pacto fiscal, así como también con diversas obligaciones que podrían generar reclamos por la vía judicial.
Asimismo, sostuvo que no se trata de una medida efectiva para el problema que se presenta. “Sin subsidios nacionales hay costos de tarifas que se van arriba de 1.100 pesos. Obviamente, es inaplicable para el usuario. Aplicar esta tarifa implicaría bajar gente del colectivo y eso haría que la necesidad del subsidio aumente”, expresó y agregó: “Estamos de acuerdo con ir hacia un subsidio a la demanda, pero para eso hay que hacer todo lo contrario”.
Javkin también cuestionó que el gobierno nacional aumente el impuesto a los combustibles, con el que recauda en todas las provincias, y que luego esos fondos solo se distribuyan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras las provincias pagan más caro el boleto. “En 2023 hemos invertido en subsidiar el transporte público lo mismo que en el sostenimiento de todos nuestros hospitales en 2023. Estamos al límite”, evaluó.
Desde el gobierno provincial también manifestaron su malestar. Este miércoles, la secretaria de Transporte de la provincia, Renata Ghilotti, junto con la subsecretaria del área, Mónica Alvarado, brindaron una conferencia de prensa en la Sede Rosario de Casa de Gobierno, donde dieron a conocer la situación del transporte público en Santa Fe. Allí calificaron la medida de “intempestiva” y cuestionaron la “desigualdad” que significa eliminar los subsidios al transporte del interior del país, al mismo tiempo que se sostienen los recursos para el AMBA.
Según informaron, en enero de 2024 de la provincia salieron 3.900 millones de pesos en materia de impuestos a los combustibles, un gravamen que pagan los usuarios cada vez que cargan combustible. En concreto, cada santafesino aporta 61,5 pesos por cada litro de nafta y 37,7 pesos por cada litro de gasoil; montos fijos que son actualizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y que tienen destinos específicos fijados por ley. En ese marco, las funcionarias denunciaron que la provincia solo recibió, como coparticipación, 490 millones de pesos por Fondos Fonavi, mientras que dejó de percibir 1.400 millones de pesos que correspondían del Fondo Compensador del Transporte.
Para dimensionar la situación, a Santa Fe retornaba el 48% de lo que se recaudaba por el impuesto a los combustibles, pero en enero del 2024 al quitarse el Fondo Compensador del Transporte, volvió sólo el 13%, correspondiente a los Fondos Fonavi, quedando un 87% en manos de Nación sin conocer cómo se distribuirán esos recursos.
“Nación se queda con 3.410 millones de pesos de libre disponibilidad, que no vienen a Santa Fe. ¿A dónde van? ¿Van a sostener al AMBA como lo hicieron históricamente los gobiernos anteriores?”, cuestionó Ghilotti. En la misma línea, Alvarado recordó que las asignaciones específicas no pueden cambiar de destino: “Si esos fondos no van al interior, a qué sistema de transporte van a estar subsidiando. Podemos pensar que a la jurisdicción nacional y al AMBA, que son los únicos que mantienen subsidios al transporte”.
A su vez, Ghilotti sostuvo que la quita de subsidios generará una “desigualdad a la hora de viajar” para los santafesinos. No solo en relación al AMBA, que seguirá pagando una tarifa subsidiada, sino también entre las localidades de la bota santafesina. En ese sentido, recordó que de las 46 empresas de transporte de jurisdicción provincial (que prestan servicios urbanos provinciales o interurbanos), son 7 las firmas que cuentan con SUBE y representan el 49,3% del total de los servicios de la provincia, alcanzando al 72,9% de la totalidad de los pasajeros y dejando fuera un 27,1%.
“El que haya nacido en Rosario o en Santa Fe, donde hay tarjeta SUBE, va a poder acceder al beneficio de un descuento, pero otro santafesino que vive en una localidad que no tenga un servicio con tarjeta SUBE, no va a poder acceder al beneficio”, expresó Ghilotti. Y añadió: “Nosotros tenemos un proceso de haber incorporado SUBE en las principales ciudades, pero tenemos la mitad de la provincia hoy sin ese beneficio. Es ahí donde queremos mostrar firmemente cuál es la posición. Entendemos que el concepto de ir a un subsidio a la demanda es el correcto, pero que esta decisión se tome sin analizar puntualmente cómo es el interior de cada una de las provincias, nos deja en un contexto absoluto de desigualdad que ya hoy estamos padeciendo”.
Por último, la funcionaria aseguró que siguen “instando al diálogo” con el gobierno nacional para que revea la situación y advirtió que podría haber un “impacto fuerte” en el aumento de las tarifas, si el gobierno se mantiene en su postura. “Si hay una pata de la mesa que se retira, tenemos que ver de qué manera lo equilibramos y por supuesto que tenemos que analizar a ir hacia una readecuación tarifaria”, evaluó Ghilotti. “La provincia no está en condiciones de hacerse cargo de lo que no pone el gobierno nacional, por eso mostramos estos números. No estamos mendigando que nos envíen plata, estamos diciendo que aportamos con nuestra carga de combustible y que ese impuesto tiene que volver a los santafesinos”, agregó.
