La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó con 214 votos a favor y 213 en contra someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional y jefe de migración, Alejandro Mayorkas, por el manejo de la crisis migratoria en la frontera con México.
Mayorkas está acusado de no hacer cumplir la ley de inmigración y de haber violado la confianza pública al no tomar medidas para detener la afluencia récord de migrantes. La aprobación por la mínima se dio luego de que hace una semana los republicanos no reunieran los votos suficientes para aprobar el juicio político contra Mayorkas, con un resultado de 214 votos a favor y 216 en contra.
Es la primera vez en 150 años que la Cámara baja del Congreso estadounidense votó una acusación de juicio político a un alto cargo de un gabinete, algo que sólo le ocurrió en 1876 al secretario de Guerra William Belknap de la Administración del presidente Ulysses Grant, por un caso de corrupción. La decisión representa un fuerte golpe para el presidente Joe Biden justo en un año electoral clave en el que buscará conservar la Casa Blanca y en el que la seguridad fronteriza y la inmigración son dos de los temas que más preocupan a los votantes.
El caso pasa ahora al Senado, que es la cámara que deberá decidir si el funcionario acusado es condenado y por lo tanto destituido, pero el escenario se presenta improbable porque está controlada, aunque de manera ajustada, por el Partido Demócrata. Si no se consiguen los votos, Mayorkas será absuelto.
La respuesta de Biden
Tras la votación, la reacción de Biden fue inmediata. "La historia no verá con buenos ojos a los republicanos de la Cámara de Representantes por su descarado acto de partidismo inconstitucional que apuntó a un servidor público honorable para prestarse a juegos políticos mezquinos", estimó en un comunicado.
El mandatario aseguró que Mayorkas "pasó más de dos décadas sirviendo a Estados Unidos con integridad en una condecorada carrera en el cumplimiento de la ley y el servicio público". También mencionó que el funcionario anteriormente ocupó el cargo de fiscal federal en el Departamento de Justicia, así como el de subsecretario de Seguridad Nacional, defendiendo "fielmente el Estado de derecho".
"En lugar de montar maniobras políticas como esta, los republicanos con preocupaciones genuinas sobre la frontera deberían querer que el Congreso proporcione más recursos fronterizos y una seguridad fronteriza más sólida", apuntó el presidente. "Continuaremos buscando soluciones reales a los desafíos que enfrentan los estadounidenses, y los republicanos de la Cámara de Representantes tienen que decidir si se unen a nosotros para resolver el problema o siguen jugando a la política con la frontera", concluyó.
Igual de airada fue la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en Inglés). "Los republicanos serán recordados en la historia por pisotear la Constitución para obtener beneficios políticos en lugar de trabajar para resolver los graves desafíos en nuestra frontera", afirmó la portavoz Mia Ehrenberg.
Falta de fondos
En este contexto, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) estadounidense elaboró planes para ahorrar dinero debido a la falta de fondos, luego de que un proyecto de ley sobre fronteras no fuera aprobado ante la oposición de los legisladores republicanos, informó el diario The Washington Post.
Para afrontar el déficit de 700 millones de dólares, la propuesta de la agencia supondría la liberación de miles de inmigrantes detenidos, reduciendo la capacidad de los centros de detención de 38.000 a 22.000 camas. El DHS, del que depende el ICE, podría intentar cubrir el déficit de financiación utilizando dinero de otras agencias como la Guardia Costera y la Administración de Seguridad del Transporte. El proyecto de ley fronterizo bipartidista habría proporcionado 6.000 millones en fondos suplementarios para las operaciones de control de ICE.
El miércoles de la semana pasada, el Senado estadounidense rechazó el pacto entre un grupo de senadores demócratas y republicanos con la Casa Blanca para restringir la migración en la frontera sur a cambio de ayuda militar para Ucrania. El proyecto de ley, que tardó meses en negociarse y proponía cambios a las leyes de asilo de Estados Unidos no consiguió los 60 votos necesarios para pasar a debate, con 50 votos en contra y 49 a favor.
Las críticas al acuerdo del expresidente Donald Trump, favorito para la nominación republicana para recuperar la presidencia, movilizaron a la mayoría de republicanos a votar en contra, a pesar de que el texto incluye restricciones migratorias que los conservadores pidieron durante años.
El texto rechazado daba potestad al ejecutivo para bloquear las peticiones de asilo en la frontera cuando se registren 4.000 detenciones diarias durante siete días consecutivos de personas que cruzan de forma irregular. A su vez, obligaría al gobierno federal a impedir que las personas que crucen de manera irregular puedan solicitar protección cuando se registren más de 8.500 arrestos en un día. El acuerdo también proponía modificar de manera permanente la ley migratoria de Estados Unidos para elevar los requisitos necesarios para poder solicitar asilo.
