Para contener un incremento "desmesurado" en los precios de las cuotas de los colegios privados, en un contexto de alta inflación, el Gobierno prorrogó hasta fin de año la eximición del pago de contribuciones patronales que gozan estas instituciones educativas.
La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través del decreto 134/2024 y lleva la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En el texto oficial, el Ejecutivo consideró “indispensable” prorrogar el plazo previsto en el artículo 24 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva "hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive, que mantiene la exención del cargo establecido por dicha normativa, aplicando alícuotas diferenciadas en las contribuciones patronales de las escuelas de enseñanza privada". En tanto, aclara que el dnu se encuentra vigente desde el 1 de enero.
Desde 2001, y en sucesivas oportunidades, se viene eximiendo por decreto a los colegios privados de los aportes patronales. De esta manera, el beneficio impositivo genera un importante alivio sobre los colegios privados, que este año tuvieron la incertidumbre de la permanencia del mismo por la demora del anuncio, en medio del cambio de Gobierno y de la implementación de políticas de ajuste generalizadas.
Sin embargo, la primera señal de "tranquilidad" llegó días atrás con la habilitación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la posibilidad para que los empleadores titulares de establecimientos de enseñanza privada puedan acceder a la reducción al presentar el formulario 931.
¿Por qué se prorrogó la eximición del pago de contribuciones patronales para los colegios privados? Según el Gobierno, tuvo en cuenta que "el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales”. Y precisó que, si se autorizara la aplicación de la ley 27.541 para este año, “produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones a las que se hizo referencia”.
Además, el documento oficial aseguró que el aumento “sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente”.
Asimismo, el Gobierno puntualizó que “la mayoría de los establecimientos educativos privados goza de aporte estatal, siendo estos financiados únicamente por las Provincias, en virtud de la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones provinciales, atento lo establecido hace varios años por la Ley N° 24.049, el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”.
En ese sentido, el Ejecutivo consideró que “en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”.
En el decreto, también quedó de manifiesto que “la elevación del nivel de contribuciones patronales que se produciría a partir del 1° de enero de 2024 agravaría el crítico contexto en el que las instituciones se encuentran inmersas, repercutiendo en la economía de muchas de las familias que asisten a ellas, ya debilitada a raíz de las referidas medidas”.
“Es prioridad del Gobierno promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino”, concluyó el decreto.
En diciembre de 2019, el Marco de la Emergencia Pública, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva estableció, entre otras cuestiones, nuevas alícuotas a las contribuciones patronales, eximiendo del pago de las mismas a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada hasta fin de 2020, y facultó al Poder Ejecutivo a prorrogar la eximición, lo que hizo la anterior administración por decreto en 2021, 2022 y 2023. La última prórroga había vencido el 31 de diciembre del año pasado.
