Como en una película de terror, los monstruos nos están acechando. El imprevisible guión de la realidad apunta que, en este momento, al pueblo argentino le toca vivir por primera vez en su historia bajo la presidencia de un gobierno ultraliberal y de extrema derecha elegido en elecciones libres, abiertas y democráticas. Un sector importante de la sociedad -de modo transversal en términos de clase- decidió que, frente a la crisis del capitalismo en Argentina, la salida -por ahora- es por derecha. Aquellos que se nos presentaban como una amenaza y asomaban su cara desde los bordes de la democracia hoy son personajes que delirante y astutamente direccionan el presente y futuro de nuestro país.
En la última década y pandemia mediante, ha rebrotado y resurgido en el mundo la derecha como respuesta a la crisis de hegemonía del neoliberalismo que intenta despertar desde sus propias ruinas mediante el ascenso de políticas antidemocráticas, como es el caso de Milei en Argentina. Como afirma Steven Forti, “nunca venceremos al monstruo si no entendemos las razones de su avance”. Por eso, como investigadora y becaria del Conicet, organismo ya ferozmente atacado por las políticas leoninas, nuestro trabajo consiste en estudiar, analizar y aportar conocimiento científico crítico que permita comprender los cambios que este gobierno ultraliberal y de extrema derecha pretende realizar en la educación.
Aunque recién comienza, por la virulencia de su accionar, podemos afirmar que el gobierno de Milei pretende continuar con el proceso de reconfiguración del Estado que las clases dominantes vienen intentando imponer desde la dictadura cívico-militar-eclesiástica hasta la actualidad en diferentes momentos y con distintas estrategias. Explícitamente Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel se inscriben en esa historia represiva y violenta de la Argentina. Su proyecto político, económico, cultural e ideológico es bastante claro: frente a la crisis del capitalismo, recomponer un Estado que beneficie al capital en su proceso de acumulación. Esto implica una distribución de la riqueza con altos niveles de concentración por parte de las clases dominantes (ver informes elaborados por organismos a los que no podríamos acusar de progresistas o socialistas, como el de OXFAM, en donde se señala que “el 1 % más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global, casi el doble que el 99 % restante de la humanidad"; o el presentado por el Banco Mundial en 2021, en donde sostienen que “la riqueza mundial ha aumentado en general, pero a expensas de la prosperidad futura y agravando las desigualdades”). Las cifras son abrumadoras, sobre todo cuando se puede dar cuenta de las consecuencias directas en las condiciones de vida y dignidad de las grandes mayorías.
Necesariamente, este proyecto de gobernar para que los que más tienen tengan más a costa de quienes históricamente son los condenados de la tierra, demanda de estrategias y mecanismos de construcción de consenso, donde la educación juega un papel fundamental. ¿Cuáles son los cambios que propone Milei para la educación?
Una nueva ola de políticas neoliberales en la educación
Uno de los balances que hizo la derecha post gobierno de Macri fue que habían tardado mucho tiempo en introducir los cambios y que no habían sido suficientemente profundos en términos del ataque a la estructura del modelo capitalista democrático de Argentina. Con este diagnóstico de la derrota, esta nueva ola de gobiernos de derecha en Argentina pretende convertirse en un tsunami, arrasar con la contradictoria historia de la joven democracia argentina, los derechos históricamente conquistados y refundar el Estado en un sentido ultraliberal.
A lo largo de toda la campaña electoral, Milei se dedicó a atacar sistemáticamente a la educación pública y a proponer políticas educativas propias del decálogo neoliberal que van desde los vouchers hasta la incorporación del sector privado y empresarial a las escuelas públicas. Cuando se refería a la educación también ubicaba al mercado como el mecanismo eficaz para su regulación, en oposición a lo público y estatal conceptualizado como obsoleto, ineficiente, corrupto y viciado.
Asumido el gobierno, la primera medida que realizó la presidencia consistió en la eliminación del Ministerio de Educación y su degradación a Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano. Este ya es un primer dato. Haciendo memoria histórica, esta es una novedad en estos cuarenta años de democracia. Desde el gobierno de Alfonsín hasta el de Alberto Fernández, ningún gobierno degradó el Ministerio de Educación a Secretaría. Solo durante el gobierno de Onganía ocurrió hecho semejante. Y este es un segundo dato. Milei toma la misma decisión que una dictadura.
El secretario de Educación designado es Carlos Torrendell. Es importante destacar que Torrendell es un pedagogo referente del sector privado y confesional. Es Doctor en Ciencias de la Educación y profesor en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Además, es presidente de la fundación “Potenciar Argentina”, una de las fundaciones que, como venimos analizando en nuestros trabajos de investigación, se infiltran en la educación pública e intentan dirigir la educación hacia perspectivas empresariales. El perfil de Torrendell sintetiza lo que se conoce como viejas y nuevas formas de privatización de la educación.
En el DNU que sancionó Milei apenas asumido el gobierno, la educación es mencionada en el capítulo que refiere a los ”servicios esenciales” para ser, justamente, declarada como “servicio esencial”. Básicamente considerar a la educación como servicio esencial tiene como objetivo, como plantea la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), limitar, restringir y hasta prohibir el derecho a huelga, violando a su vez lo establecido por la Constitución Nacional en el Artículo 14 bis.
Con posterioridad al DNU, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el frustrado -gracias a la lucha popular- “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” -la denominada Ley Ómnibus (LO)- que buscaba introducir modificaciones legales en todas las áreas que hacen a nuestra vida social, entre ellas, la educación. Cabe destacar que el primer punto del proyecto de ley era el pedido al Congreso para que le delegue facultades legislativas extraordinarias al Presidente en todos los aspectos de la vida económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años y prorrogable hasta el final de su mandato. Esta solicitud que contradice la Constitución y viola la división de poderes, nos alerta del carácter autoritario, por no decir fascista, del flamante gobierno de Milei.
Si bien al momento de escritura de este artículo el proyecto de ley fue retirado de Diputados por Milei, el contenido de su capítulo destinado a la educación nos permite analizar las estrategias del gobierno en y para la educación. La LO propone modificaciones a artículos de la Ley de Educación Nacional (LEN) y de la Ley de Educación Superior (LES) e impulsa cambios en el sistema educativo como: la incorporación de un examen integrador al finalizar la educación secundaria; el permiso a que profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo; la prohibición del ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior; el arancelamiento de la universidad para extranjeros no residentes.
Las modificaciones que se sugieren realizar tienen como objetivo principal atacar a la educación en tanto derecho. Obedecen a las tendencias neoliberales y de las fuerzas internacionales de derecha en la educación que recrean formas de dependencia política, económica, social y cultural, y buscan profundizar en estrategias privatizadoras que no son nuevas, que ya se realizaron durante el macrismo y antes también, pero de un modo más radical. Como ocurre en el proyecto de Ley en su conjunto, las modificaciones propuestas carecen de justificación y de datos concretos y reales, y en lo que respecta a la educación, no consideran las problemáticas de las escuelas realmente existentes.
De la lectura del proyecto de ley, podemos advertir los siguientes lineamientos, orientaciones y acciones en las reformas propuestas:
1. Infiltración del mundo corporativo y privado en la educación pública
La orientación principal de los cambios que se proponen se enmarca dentro de la estrategia de los gobiernos de derecha en la educación que denominamos como infiltración del mundo corporativo en la educación pública. Esta infiltración se advierte en las modificaciones en la formación, la evaluación y el trabajo docente, la Ley de Cooperadoras y, en la universidad, a través de la apertura a recursos provenientes del sector privado.
Uno de los ámbitos donde el mundo corporativo, las empresas, fundaciones y ONGs vienen infiltrándose en la educación pública es en la formación docente. Tienen un especial interés por incidir allí. Durante el gobierno de Macri el Ministerio de Educación firmó una serie de convenios con las, eufemísticamente denominadas organizaciones de la sociedad civil, que avanzaron en ese sentido. La LO busca habilitar por ley que este tipo de organizaciones decidan sobre la elaboración de las reglamentaciones para la integración de los docentes en el sistema educativo.
Si bien comúnmente y la primera reflexión que aparece respecto a la participación del sector privado en la educación se asocia a la posibilidad del lucro, el interés de estas organizaciones y del gobierno por penetrar la educación pública responde también a criterios culturales-ideológicos. Ven en la formación, selección y evaluación docente herramientas centrales para su batalla cultural. Los grupos privados, con sus lógicas mercantiles, permean el espacio público y buscan tanto lucrar con la educación como constituirla en una herramienta de construcción de consenso y legitimidad hacia sus proyectos político-económicos.
La modificación de la Ley de Cooperadoras Escolares abriría a que las cooperadoras pudieran recibir contribuciones y/o donaciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué al gobierno le interesaría modificar esta ley en este sentido? Porque podrían convertirse en la puerta de entrada a la participación directa del mundo corporativo en las escuelas públicas.
También en la universidad se habilita la posibilidad de recibir aportes provenientes de otras fuentes de financiamiento como “recursos complementarios”. En el 2015, se había incorporado un artículo en la LES que prohibía “a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”. El proyecto de LO elimina la prohibición para decir que “las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo”.
2. Evaluación estandarizada y punitivista
La evaluación estandarizada consistió en uno de los ejes vertebrales de la política educativa del gobierno de Macri. Se la jerarquizó en el Ministerio, se le asignó presupuesto, pero también se intentó crear el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, que nunca llegó a concretarse debido a la resistencia del movimiento educativo.
Las propuestas de Milei vienen a continuar y profundizar con el proceso inaugurado en el período macrista. La ley incorpora la evaluación continúa y periódica de las y los docentes, y la evaluación estandarizada de estudiantes. Para ingresar a la docencia habría que realizar un examen, y las y los docentes en ejercicio pasarían a ser evaluados cada 5 años y se permitiría la difusión pública de los resultados de dichas evaluaciones.
Estos mecanismos de evaluación y de elaboración de rankings de escuelas, vienen siendo implementados en otras partes del mundo, como en Estados Unidos a partir de la ley de Bush hijo denominada No Child Left Behind, y son el comienzo de un procedimiento que habilita desde el despido de docentes por mal desempeño a procesos de privatización de instituciones públicas. El supuesto que sostiene esta medida es que la evaluación es un aliciente para mejorar el desempeño cuando en realidad son la punta de lanza de procesos de selección y conversión de instituciones públicas en privadas. Las escuelas pasan de ser administradas por el Estado a ser “cedidas” a las comunidad, a las madres y padres, o a empresas porque aparecen mal rankeadas.
También la LO propone incorporar por ley la evaluación estandarizada de los alumnos, en las dos únicas áreas que son de interés para este tipo de políticas: matemáticas y lecto-comprensión. Además, plantea un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan.
Como decimos siempre, los procesos pedagógicos necesitan de evaluaciones constantes. La cuestión es para qué se evalúa, quién evalúa y cómo. Como ha planteado Adriana Puiggrós en una entrevista a este diario hace algunos años, “la evaluación es el rubro más redituable en el comercio de la educación. Y el comercio de la educación está entre los cinco primeros rubros del comercio internacional”. El gran capital advirtió que el mercado de la educación, en general, y el de la evaluación, en particular, resulta altamente lucrativo.
Como sostiene Michael Apple, pedagogo que viene estudiando estos procesos hace más de 30 años en Estados Unidos, este tipo de evaluación “no sirve”. Los operativos de evaluación, no tienen por objetivo un real diagnóstico de la enseñanza y el aprendizaje con el propósito de elaborar posteriores políticas públicas que mejoren la educación. Se evalúa para controlar y sancionar al trabajo docente, desprestigiar a la educación pública y generar dinámicas de distinción institucional y segmentación del sistema, tal como afirma la pedagoga Graciela Morgade.
También la LO refuerza la evaluación externa en la universidad. En momentos de sanción de la LES uno de los artículos más resistidos y combatidos en las universidades fue el que instauraba las evaluaciones externas y la creación de la CONEAU. La Ley ómnibus jerarquiza este tipo de evaluación y elimina las instancias internas.
3. Homeschooling
Durante la pandemia, la educación virtual permitió que las niñas, niños y jóvenes continuaran con su educación. Pero en ese momento advertimos sobre las complejas tensiones y contradicciones a nivel político-pedagógico y didáctico que traería aparejado el boom de la virtualización de la educación. Todos los productos y recursos tecnológicos que empezamos a usar pertenecen a corporaciones privadas que, desde hace años, están viendo en la educación virtual la oportunidad para aumentar su capital.
En una editorial del día 18/4/20 el diario La Nación planteó que había que “aprovechar la oportunidad para mejorar las deficiencias de nuestro sistema de enseñanza” y propuso “impulsar un proyecto que derogue aquel arcaico artículo 109 (de la Ley Nacional) y que habilite en todos los niveles y modalidades y edades, el sistema de educación a distancia como complemento imprescindible” para educar. La LO copia esta propuesta. Entre sus lineamientos incorpora la posibilidad de los estudios a distancia híbridos como opción a partir del segundo ciclo del nivel primario.
Corporaciones como Google, Microsoft, Facebook (por nombrar a algunas) tendrían un campo fértil para sembrar sus negocios y comenzar a labrar una transformación estructural respecto de la hegemonía del Estado en la educación pública-estatal.
Además, y sobre todo, políticas de este tipo profundizarían y potenciarían las desiguales posibilidades para el aprendizaje y los circuitos fragmentados, desiguales, heterogéneos, diferenciados que se configuran a partir de la diferenciación social.
4. Ultradescentralización de la educación
Por último, la LO propone una ultradescentralización de la educación dejando a cargo de las provincias la gestión de la educación en los distintos niveles. Acordarían cada una de ellas en su jurisdicción, las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente. Se descentralizarían funciones y responsabilidades de la incumbencia federal a la provincial.
Siguiendo con este análisis cronológico, la última novedad política vinculada al campo educativo corresponde a las designaciones de tres funcionarios en la Secretaría de Educación: María Ángela Cortelezzi como subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, Ludovico Grillo como director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y Alejandro Ciro Álvarez como subsecretario de Políticas Universitarias. Por razones de espacio no podemos profundizar en sus biografías, pero queremos destacar que Cortelezzi fue Directora Nacional de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación durante el gobierno de Macri y, previamente, fue directora del área de evaluación de la Fundación Cimientos, fundación que hemos analizado en otro artículo para mostrar su historia, ligada al terrorismo de Estado, y sus vínculos orgánicos con el macrismo. Por su parte, Grillo fue director hasta 2023 de la “Escuela Técnica Roberto Rocca”, que es una escuela secundaria del Grupo Techint en Argentina. Como puede observarse, ambos funcionarios provienen del mundo corporativo y su nombramiento se enmarca dentro de los vínculos orgánicos entre los gobiernos de derecha y el sector privado.
Como dijimos antes, la ley se cayó, pero tanto la lectura y análisis de la LO como estos flamantes nombramientos nos permite advertir sobre las estrategias del gobierno de Milei en la educación: la infiltración del mundo corporativo y privado en la educación pública, la evaluación estandarizada y punitivista, el Homeschooling, y la ultradescentralización de la educación.
Estos lineamientos y orientaciones de la política educativa conforman el inicio de una nueva oleada de un proyecto político-pedagógico que viene avanzando gradualmente y en disputa desde la dictadura cívico-militar-eclesiástica hasta la actualidad y cuyos pilares son la privatización de la educación y su utilización como herramienta central en la batalla cultural. Nos toca, una vez más en la historia, resistir y confrontar este ataque recargado de política ultraliberal y de ultraderecha.
* Cinthia Wanschelbaum es investigadora del CONICET, doctora y licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Guadalupe Viñuela Flores es becaria doctoral CONICET, profesora en Ciencias de la Educación (UNLP).
