De manera "urgente", la Federación de Inquilinos Nacional (FINA) solicitó a los senadores y diputados que se trate en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei vigente desde diciembre. La organización defendió la ley de alquileres y pidió que reviertan su derogación por considerarla "inconstitucional".
Mediante una nota, la organización expresó su "preocupación" por "la vigencia del DNU 70/2023 y la falta de tratamiento en el Congreso Nacional, como obliga la Constitución Argentina".
En ese sentido, señalaron que, entre otras cosas, el DNU "derogó la ley de alquileres", normativa que, recordaron, fue debatida "profundamente durante los últimos ocho años" y "discutida en ambas cámaras en muchísimas oportunidades".
"En esos debates participaron todas las organizaciones inquilinas, los comisionistas del mercado inmobiliario y todos los bloques políticos en representación del voto popular. Fruto de este debate, hace apenas más de 100 días se votó la última modificación a la ley de alquileres, pero de un plumazo -de manera inconsulta, inconstitucional y autoritaria- se borró todo", criticaron.
En tanto, la organización apuntó que el DNU puso "en jaque el sistema republicano", al tiempo que señaló que la medida apuntaló la legitimidad de "la representación parlamentaria a través del voto".
Asimismo, detalló que "las consecuencias de la derogación del decreto son dramáticas" dado que "los contratos de alquiler se firman por un plazo de seis meses o un año" y "las actualizaciones de los precios están atadas de forma bimestral o trimestral a la inflación, a la variación de precio de la nafta, la carne, etc.".
De este modo, "transcurridos sólo tres meses de alquiler el precio aumentará alrededor de un 60%. Quien hoy paga $ 300.000, a los noventa días tendrá que pagar --si puede-- $480.000", alertaron.
"No hay posibilidad de que esto no desemboque en una tragedia habitacional y social", concluyó la Federación.
¿Puede volver atrás la derogación de la ley de alquileres?
Actualmente, la Justicia analiza dos medidas cautelares que pretenden frenar la derogación de la ley de alquileres. La primera fue presentada por la Asociación Civil por un Hogar en Argentina (ACHA) y la segunda por la organización Inquilinos Agrupados.
El amparo de ACHA se encuentra en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Federal, que debe resolver un "conflicto de competencia" entre el fuero Civil y el Administrativo.
Por su parte, el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico había hecho lugar a la medida cautelar de Inquilinos Agrupados, pero el Gobierno apeló la decisión con el argumento de que el magistrado se "extralimitó en sus funciones".
De esta manera, por el momento, el decretazo -excepto el capítulo dedicado a las reformas laborales que fue suspendido por la Cámara del Trabajo- sigue vigente. Si alguno de los dos amparos avanza, el apartado dedicado a desregular el mercado de alquileres podría dar marcha atrás.
