La guerrilla del ELN confirmó la suspensión de un paro armado que inició el fin de semana en el oeste de Colombia, tras ser acusado por el gobierno y mediadores de incumplir las treguas pactadas en las negociaciones de paz.
El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez dio por finalizado el paro armado a partir de las 00H00 locales del miércoles, anunció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un comunicado difundido en la cuenta de su delegación de paz en la red social X.
"Agradecemos a todos los pobladores que asumieron el llamado y no se presentaron incidentes", agrega el documento de los rebeldes, que negocian en Cuba con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. El paro, anunciado el viernes pasado, obligó a miles de habitantes del departamento de Chocó a confinarse, según la Defensoría del Pueblo, órgano estatal que vela por los derechos humanos.
Las críticas
Este martes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, había criticado duramente a los insurgentes, a quienes acusó de violar el alto al fuego bilateral activo desde agosto. "Ahí no funciona, evidentemente, el cese al fuego", dijo a la prensa. "Si se habla de un paro armado, tiene que entrar el Ejército con toda su capacidad de acción", completó.
Más temprano, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica coincidieron con la oficina del Comisionado de Paz del gobierno que la víspera tachó de "deslealtad" la arremetida armada en la región del Pacífico. "Ya no sabemos nosotros, desde nuestro rol de acompañamiento (de la Iglesia católica), qué hacer porque realmente sentimos que hay una burla, que no hay una palabra firme", alertó a Blu Radio el obispo de Istmina (Chocó), monseñor Mario de Jesús Álvarez. "Es una deslealtad con los acuerdos" del sexto ciclo de negociaciones en La Habana, en el que se prorrogó la tregua hasta agosto, aseguró el sacerdote, quien denunció un clima "de mucha zozobra y mucha angustia".
El ELN replicó que "es falso que los Frentes de Guerra Occidental y Oriental estén en desacuerdo con el proceso de paz" y justificó la restricción de la movilidad en Chocó como "una medida de protección contra las operaciones de (...) militares" aliados con "paramilitares" de ultraderecha.
El comisionado de paz, Otty Patiño, cuestionó también la voluntad del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC con la que el gobierno dialoga desde octubre. Aunque el gobierno pactó una tregua con ese grupo armado hasta julio, el EMC realiza ataques en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño (suroeste).
Ola de violencia
De acuerdo con el comisionado de paz, el EMC atacó un vehículo escolar en Piamonte (Cauca) y lesionó a dos personas, entre ellos un menor de edad, "un hecho claramente repudiable" contra el derecho humanitario.
También denunció extorsiones en Jamundí, en Valle del Cauca, y desplazamientos masivos en Nariño. "El cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población", aseveró Patiño.
En contraste, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dio el lunes un parte de "tranquilidad" en el Chocó, y pidió a las comunidades no desplazarse.
De su lado, monseñor Álvarez cuestionó las declaraciones del ministro de Defensa: "Es una tranquilidad a presión porque hay un grupo inmenso de personas que están confinadas y otro grupo de desplazados, ¿cómo decir tranquilidad si no se pueden mover?",
Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo fue emitida este martes ante la "intensificación de las confrontaciones armadas entre facciones disidentes de las FARC en el municipio de Olaya Herrera", en Nariño.
Petro, el primer izquierdista en el poder en el país, apuesta por una salida final dialogada a seis décadas de conflicto armado, luego del histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó el grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Inspirado en la revolución cubana y la Teología de la Liberación, el ELN lleva casi 60 años en levantamiento armado y ha sostenido negociaciones de paz con cinco gobiernos diferentes, sin llegar nunca a un acuerdo definitivo. Según cifras oficiales, cuenta con más de 5.000 miembros en actividad.
Colombia vive un conflicto armado impulsado por el narcotráfico que en más de medio siglo ha dejado 9,5 millones de víctimas.
