El 19 de noviembre, el ya presidente electo ratificó lo que venía planteando en su campaña electoral. Dijo, “vamos a ir a un sistema de iniciativa privada, a la chilena. Nosotros no tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado.”

Al día siguiente, el todavía ministro de Obras Públicasl Gabriel Katopodis informaba que existían en la órbita nacional 2308 obras públicas, en ejecución en todo el país. La Provincia de Buenos Aires tenía 899, el 38 por ciento del total. Vale resaltar que no existe una provincia, incluyendo la CABA, que no tenía obras públicas en ejecución. En Córdoba eran 197, en Santa Fe 144.

A partir de allí,  bastante agua ha corrido bajo el puente. Es clara la voluntad de Javier Milei de que la consigna “obra pública cero” se sostenga. En las proyecciones del Messi de las finanzas, el Ministro “Toto” Caputo, se afirma que lo que llaman “Esfuerzo Fiscal Necesario 2024” expresa una reducción del 0,7 por ciento del PBI en Gasto de Capital. Esa es la reducción de la obra pública. Para mayor detalle, ver “La Medula del Ajuste Fiscal propuesto por el nuevo Gobierno para 2024”, Informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal IARAF, publicado el 13/12/23.

Nos proponemos ahora intentar analizar qué es el método a la chilena, desde el plano ideológico e histórico, para luego ver los antecedentes en la Argentina y sus eventuales consecuencias. Así que manos a la obra… pública o privada.

Sebastián Botticelli en “La Impronta Neoliberal en el New Public Management: Gobernar a través del Mercado” (Trabajo y Sociedad Número 2017), destaca que a partir de 1970 los Organismos Internacionales surgidos de los acuerdos de Bretton Wood, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, convocan a una serie de Fundaciones entre ellas la OCDE, para discutir las funciones, estructuras y prerrogativas del Estado . Los debates se dan en el marco de la llamada “Crisis de los ’70", culminación de la llamada Edad de Oro del Capitalismo, 1945/1975 aproximadamente. 

En ese marco, a más de treinta años de la publicación de “El Camino a la Servidumbre” de Von Hayek, el pensamiento de la llamada Escuela Austríaca se hace presente instalando como presupuesto básico que el sector público es menos eficiente que el sector privado. Surge un documento que conceptualiza el concepto Ciudadano Cliente y el fin del Monopolio Estatal, expresado en el Libro “The Administration as a Service, the Public as a Clienty, en 1987. En un análisis estilizado se sostiene que el Estado debe cumplir las funciones que cumplía antes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) es decir: mantenimiento del orden, defensa nacional y administración de programas sociales. En similar sintonía podemos encontrar el llamado “Consenso de Washington” de John Williamson (1989) donde encontramos nuevamente el concepto de empresa privada eficiente y Estado ineficiente entre otras afirmaciones, que se transformaron en la “Meca Ideológica de los Gobiernos de los ‘90”. 

En este marco histórico surge la llamada “Nueva Gestión Pública” o New Public Management (en adelante NPM). Los teóricos del NPM (Ferlie - Ashburner - Pettigrew) van a sostener que los mecanismos de evaluación de la Administración Pública, deben orientarse hacia los criterios de rentabilidad y competencia del sector privado. Esta política tiene particular relevancia en las reformas neoliberales implementadas por Margaret Thatcher en Inglaterra, definiéndose un nuevo paradigma para el rol del Estado. Un Estado subsidiario, en donde la centralidad la tiene el sector privado. Cuando hablamos de modelo a la chilena estamos haciendo referencia a Asociaciones de Participación Pública-Privada (APP) definidas según el Banco Mundial como “Servicios o labores que son responsabilidad del sector público pero son suministrados por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura”.

Hacia 1991, Chile impulsó la incursión del sector privado en la provisión de infraestructura mediante contratos de concesión. Según German Alarco Tosoni en “¿Negocios Publico Privado? ventajas y desventajas de las asociaciones públicas privadas (APP) en América Latina” (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos Marzo 2015), la lista de sectores en los que pueden desarrollarse los proyectos de APP son infraestructura de transporte -rutas, trazados ferroviarios, aeropuertos, puertos- como construcción y mantenimiento de puentes, provisión y transmisión de energía eléctrica, prestación de servicios de transporte urbano, y varios otros. Los proyectos pueden ser autofinanciados, es decir, el operador privado asume los costos de la obra, para luego cobrar por ejemplo en una autopista en forma de peaje, o un régimen mixto en donde el operador reciba también recursos públicos.

El trabajo sobre las APP en Chile de Eduardo Bitran – Marcelo Villena “El nuevo desafío de las concesiones de obras públicas en Chile: Hacia una mayor eficiencia y desarrollo institucional” (2010) si bien reivindica el modelo APP, hace una serie de salvedades a tener en cuenta. Primero, que existen iniciativas privadas que no cuentan con la necesaria evaluación social, respondiendo a criterios de rentabilidad privada, no coincidentes con el bienestar general. Segundo, que hay una tendencia hacia la generación de controversias, generándose falta de transparencia que supuestamente le eran propias a la obra pública propiamente dicha, generándose renegociaciones, lo que pone a Chile como uno de los países con mayores litigios judiciales de índole administrativa.

En la actualidad en Chile solo el veinte por ciento de la obra pública se hace mediante el sistema APP, según señala Federico Poore en ¿Cómo es la obra publica “a la chilena”? (Cenital12/2023).

¿Y Argentina? El gobierno de Macri en 2016 impulso las APP, con un resultado nefasto, de las sesenta iniciativas que hacia 2019 tendrían que tener un veinte por ciento de ejecución, solo llevaban hecho el uno por ciento, dejando al Estado una deuda de 112 millones de dólares por bonos que había anticipado. Milei pretende retomar la idea de las APP, pero con una diferencia relevante con respecto a Chile: toda la obra pública bajo el mecanismo de APP. Imaginemos las consecuencias. Los privados participarán en obras rentables, de liquidez inmediata como aeropuertos y autopistas, pero de forma alguna en proyectos que tengan interés social pero no rentabilidad económica, como una escuela en una isla del Tigre. Es decir, la obra pública como mecanismo de distribución de ingresos hacia los sectores populares quedaría eliminada.

Sin embargo resulta auspicioso la defensa de los intereses de la Provincia que realiza el Gobernador Axel Kichillof al considerar la obra pública como mecanismo de ampliación de derechos, desarrollo y dignidad para los bonaerenses.

Veamos el impacto sobre el empleo. Según informa el Instituto Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) en su último informe cubriendo noviembre y dicienbre de 2023, el empleo formal en la industria de la construcción es de 422.477, con alrededor según la UOCRA de 220.000 afectados a la obra pública. Si se paraliza ésta, el efecto sobre el empleo es devastador, por cuanto impacta sobre los empleos directos más los indirectos generados por la actividad (al respecto se recomienda los Informes del Estimador de Empleo en la Obra Pública del Ministerio de Obras Publicas – Gestión Katopodis). Según Antonio Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, el derrame en sectores de comercio e industria se calcula en 4/5 veces el trabajo directo, por cuanto la eliminación de la obra pública afectaría alrededor de un millón de trabajadores, entre directos e indirectos.

Las APP y Obra Pública Cero son, por vía fiscal, el derrumbe de los sueños de miles de argentinos. Sueños como vivir en una vivienda digna, rutas y caminos para los pequeños productores que necesitan sacar su producción. Es una motosierra que destruye empleo y solo piensa en grandes negocios de infraestructura para los amigos del presidente.