Las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera imputaron ayer a Matías Edery, fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Rosario, por "omisión de investigar en reiteradas oportunidades, encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y prevaricato". La audiencia se realizó en Rosario, a cargo de las funcionarias de la Fiscalía Regional 1, y lo único que trascendió fue el escueto comunicado que difundió el Ministerio Público de la Acusación. Más tarde, y "en razón de la audiencia pública realizada en dependencias del MPA en la que se imputó al fiscal Matías Edery, y teniendo presente el procedimiento disciplinario actualmente en trámite en relación a su desempeño", la fiscal General, María Cecilia Vranicich, dispuso la asignación provisoria a otro órgano fiscal de todas las investigaciones que tenía a cargo el funcionario investigado.

Vranicich instruyó a la Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción, María Eugenia Iribarren, para que realice la correspondiente reasignación provisoria y para que, de manera inmediata, asigne provisoriamente al fiscal Edery a la Unidad Fiscal Especial de Siniestros Viales y Delitos Culposos. "Mientras tanto, el desempeño del fiscal Edery se sigue evaluando a través de los mecanismos institucionales legalmente dispuestos y de las distintas incumbencias de sus órganos", dice el segundo comunicado del MPA.

La investigación penal contra el fiscal se inició tras una serie de audios que se difundieron en una audiencia donde imputaron a su informante, Mariana Ortigala, por tentativa de extorsión. Ante esa evidencia, los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca radicaron la denuncia que ayer se convirtió en imputación, pero a cargo de fiscales de otra jurisdicción.

Mariana y Rodrigo Ortigala son hermanos y tuvieron un fuerte protagonismo en la investigación contra Esteban Alvarado, principal enemigo de la banda de Los Monos, que se realizó en la justicia provincial. Los dos fueron testigos protegidos y brindaron datos sensibles en la causa que terminó con condena a perpetua para el narco, por el asesinato del prestamista Lucío Maldonado. 

Los hechos endilgados a Edery tuvieron lugar en el período comprendido entre julio de 2019 y setiembre de 2023. En tal sentido, se atribuyó haber dejado de promover la persecución penal de diversas personas, a sabiendas que existían elementos que acreditaban su participación en hechos ilícitos vinculados a organizaciones criminales; haber alterado rastros de hechos delictivos con el fin de asegurar la impunidad de dichas personas; y haber asesorado a partes contrarias en un mismo juicio, en forma simultánea, actuando y velando por los intereses del imputado y perjudicando deliberadamente las causas que tenía confiadas en función de su cargo de fiscal.

Es que Ortigala ingresó al programa de protección a testigos en 2019, pero el año pasado quedó vinculada a la banda de Los Monos (al igual que su hermano condenado por un tentativa de extorsión a una pena condicional) y fue imputada en septiembre pasado por un intento de extorsión a un comerciante, junto a Ariel “Guille” Cantero, Lorena Mireya Córdoba, Bladimir Andrés Navarro, Kevin David Moreno, Brian Ezequiel Díaz, Daiana “Diabla” Leguizamón y Gonzalo Sarmiento.

En la audiencia imputativa de Ortigala, Moreno y Socca mostraron conversaciones de whatsapp entre Edery y la testigo, extraídas de un teléfono que le habían secuestrado a la mujer una semana antes. Según una fuente policial, Ortigala dijo que uno de los celulares que tenía era para comunicarse con el fiscal y lo usaba únicamente para ello.

Esos audios -aseguraron- trasciende una relación profesional. Ella fue incluida en el programa cuando dejó la banda de Alvarado para irse a Los Monos. Desde que Edery la incluyó como informante, se hizo multimillonaria. “Por eso creemos que no es una testigo protegida sino una narcoprotegida”, apuntó Socca en aquella audiencia.

Los funcionarios dijeron que la Agencia de Criminalidad Organizada estuvo a cargo de la mayoría de las investigaciones complejas y se especializa en la banda de Los Monos. Y se preguntaron cómo nunca se dieron cuenta que Ortigala era miembro de esa asociación ilícita y se hizo millonaria. “En tres meses de investigación le encontramos 14 propiedades”, añadió el investigador fiscal.

Los chats seguidos por la denuncia penal generaron un caos institucional, que incluyó apartamiento de Edery en causas relacionadas a su informante y de Moreno y Socca de la pesquisa por extorsión, también hubo una revisión en la oficina de Edery en busca de información. Por su parte Edery dijo que la circunstancia de que Ortigala era su informante fue notificada a su superior, la fiscal regional María Eugenia Iribarren en un sobre cerrado. 

De la atribución imputativa se dio conocimiento –como es de rigor– a la Fiscalía General; a la Auditoría General de Gestión del MPA y a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. Las fiscales Urquiza e Ilera indicaron que la investigación se encuentra en pleno desarrollo. Asimismo, señalaron que restan llevar a cabo numerosas diligencias y el análisis de la abundante evidencia que se incorpora a la causa.