Todos los gremios que representan a trabajadores del sector público de la provincia se reunieron ayer en la primera mesa de negociación paritaria del año. Los sindicatos cerraron filas en cuando a la urgente definición del pago del incentivo docente, un fondo que el gobierno de Javier Milei canceló durante la semana. Hubo algunas diferencias en cuanto a las medidas a tomar en el corto plazo y algunos gremios plantearon diferir una semana el inicio de clases, del lunes 26 de febrero al lunes 4 de marzo. 

Fernando Mazzone, titular de la Asociación Docente Provincial, fue el primero en proponer la discusión en la mesa paritaria provincial. Antes de concluir la reunión que tuvo lugar en el Centro Cívico Grand Bourg, posteó en las redes sociales del gremio el argumento de fondo: "la incertidumbre generada por el gobierno nacional en relación a la falta de transferencia de fondos a las provincias". Luego, en diálogo con Salta/12, fue más concreto: "Queremos que Nación defina si va a pagar o no" las remesas del Fondo Nacional de Incentivo Docente, dijo. Sin embargo, el Gobierno nacional ya anunció durante la semana que no enviará este fondo, a pesar de que está establecido por ley. 

Mazzone recordó que el vocero presidenical Manuel Adorni "dijo que (el FONID) no existe, cuando esos fondos integraron el presupuesto 2023 y el Gobierno nacional lo prorrogó para 2024". Luego evocó el artículo 12 de la ley 25.053, que plantea una serie de condiciones que deben cumplir las provincias para que esos fondos sean girados por ala Nación, por ejemplo, el envío de un listado de los y las docentes en actividad y de todos los niveles. El FONID se destina totalmente a salario docente y fue una conquista de la huelga en la Carpa Blanca de finales de la década del 90.

El SITEPSa no está de acuerdo con el diferimiento del inicio del ciclo lectivo porque entiende que puede derivar en otras consecuencias. "Si se aplaza una semana el inicio de clases, y se debe cumplir una determinada cantidad de días de dictado durante el año, luego puede implicar que el ciclo lectivo concluya en enero", planteó Victoria Cervera, titular de este gremio. "Por ese motivo, hay que considerar muchas otras variables. El gobierno provincial así lo entendió y va a dar una respuesta la semana próxima", adelantó en diálogo con este medio. Los funcionarios de la mesa paritaria que representaron al gobierno prometieron una respuesta el miércoles 21 de febrero, aunque no precisaron la hora ni el lugar de la segunda reunión paritaria.

El punteo de los gremios estatales

Los sindicatos de los y las trabajadoras estatales de Salta llevaron a esa mesa otro puñado de propuestas y condiciones: revisar las liquidaciones de enero, abrir mesas sectoriales no solo para discutir salarios sino también condiciones laborales y particularidades de cada sector, tratar la regularización laboral de trabajadores contratados y monotributistas de Salud Pública. Y finalmente, plantearon que no aceptarían que sus salarios de 2024 sean calculados de acuerdo a la recaudación de las arcas públicas.

Sobre las liquidaciones de los haberes de enero, el Frente Integremial de Salta elevó una nota al gobernador Gustavo Sáenz el pasado martes 13. Le plantearon que los sueldos estaban mal liquidados y que requerían una urgente revisión, porque se habían calculado sin tener en cuenta la última base de cálculo acordada: diciembre de 2023. El Frente recordó el acta acuerdo que firmaron todos los gremios y el gobierno a finales de enero de este año, y que dió por concluída la negociación salarial del año pasado. En ese documento se detallaron los los aumentos y sobre qué base debían realizarse las actualizaciones. 

Victoria Cervera recordó que el área de Liquidaciones del Ministerio de Gobierno le confirmó la existencia de errores en el cálculo de los salarios ya depositados.

Sobre la apertura de mesas técnicas, Marcelo Farfán, del área Educación de UPCN, dijo a Salta/12 que el gobierno estuvo interesado en distribuir los gremios por sector para discutir temas específicos. "Las mesas serán permanentes y comenzarán el día miércoles", precisó. Farfán dijo además que todos los gremios estatales se solidarizaron con el planteo de la docencia salteña que pide con carácter urgente que Nación o Provincia paguen el Fondo Nacional de Incentivo. El gobierno pasó el tema a cuarto intermedio y responderá el próximo miércoles.

En cuanto a la regularización de contratados y monotributistas, Mabel Álvarez adelantó que el ministro de Salud, Federico Mangione, le confirmó que los 1600 contratados durante la pandemia no perderán sus trabajos. "Renovarán todos los contratos y tendrán un aumento en sus ingresos del 50 por ciento", precisó. Desde ATE aclararon que todavía no cuentan con la resolución que oficializa esa medida, aunque sí con la palabra del titular del esa área de gobierno.

"Había mucha incertidumbre entre los contratados Covid", continuó Alvarez. Recordó que quienes se desempeñan en la administración central ya habían percibido aumentos en sus depósitos de diciembre y enero. En cambio, no ocurrió lo mismo con esa franja que ingresó durante la pandemia a desempeñarse en la salud púbica provincial. "Son monotributistas", remarcó. "Los contratados en el sector central son 800, mientras que en salud son el doble", precisó.

Finalmente, sobre las declaraciones del ministro de Infraestructura y Coordinador de Enlace Político, Álvarez comentó que fue la primera en pedirle al gobierno salteño que brinde precisiones sobre las declaraciones que Sergio Camacho viralizó por redes sociales al finalizar 2023. "Despues de escuchar la opinión de cada uno de los sindicatos, remarcó que la negociación paritaria no se realizará según ingresos y la provincia continuará manejando el indice inflacionario mensual de INDEC para discutir actualizaciones", explicó. 

El parte de prensa oficial reflejó ayer parte de ese debate. Indicó que el funcionario dijo que “sería irresponsable de parte del gobierno comprometer ir por encima de la inflación, pero tampoco vamos a ir con un criterio solamente recaudatorio". Agregó que el Estado salteño buscará "establecer un contexto donde todas las variables y las decisiones nacionales sean analizadas", y dijo "hubiera sido imposible hoy un acuerdo económico, porque todavía no está definido lo que va a pasar, por ejemplo, con el Incentivo Docente, la conectividad, la quinta hora, y solo por hablar del sector docente”.

Para Matías Aramayo, titular del gremio de trabajadores de la justicia de la provincia, las declaraciones de Camacho instalaron un horizonte claro dentro del cual manejar la discusión paritaria. "Hay que poner el foco en que, independientemente de los anuncios de Nación, la variable de ajuste no pueden ser los y las trabajadoras", dijo. 

La titular de ATE Salta capital fue más allá: "Necesitamos definiciones porque al contexto actual ya lo conocemos". Por ese motivo, Álvarez explicó que todos los gremios plantearon contar con información clara sobre los recursos con los que cuenta la provincia y cómo el gobierno estima hacer frente a los pagos de salarios, entre los que destaca el incentivo nacional a la docencia. Contó que el ministro de Economía y Servicios Públicos realizó un paneo de la situación actual. Sin embargo, insistió en que la información debe estar disponible para ser analizada por las bases.

Los gremios no tienen expectativas sobre la visita a la provincia del ministro del Interior, Guillermo Francos, programada para el martes 20 de febrero. "Ninguna expectativa", dijo Fernando Mazzone. "No tenemos expectativas, porque los ministros del Interior no tienen poder de decisión", sumó Mabel Álvarez, y recordó uno de los últimos episodios del Gobierno nacional, cuando secretario de Educación, Carlos Torrendel, anunció que llamaría a la docencia nacional para la paritaria del sector, y a los días el ministro de Economía y el propio Presidente de la Nación lo desautorizaron.

El análisis del gobierno de Salta

La ronda paritaria de ayer estuvo encabezada por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el coordinador de Enlace de Enlace Político y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho,;el ministro de Salud, Federico Mangione, y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore.

Los funcionarios y la funcionaria coincidieron en que la incertidumbre es lo que gana el escenario local ante la suspensión en términos reales del envío de fondos. Solamente en enero pasado, las arcas tuvieron una disminución de $17.948 millones por transferencias automáticas y no automáticas, la caída de actividad económica y la cancelación de aportes discrecionales, entre los principales rubros.

El ministro de Economía destacó el impacto negativo inmediato que produjeron las medidas nacionales en la población, sobre todo en el interior del país y en Salta. “Lo que queremos es proteger el trabajo salteño, procurar que los sistemas de salud y educación se resientan lo menos posible, acompañar a los municipios y fijar prioridades, entre otros aspectos”, sostuvo.

Por su parte, Fiore rechazó la interrupción del envío de fondos nacionales para el pago del incentivo docente, del que dijo que no es un logro de las provincias sino de los docentes. “Hay un decreto y una ley que avalan este fondo”, enfatizó. “Tampoco tenemos certezas sobre la transferencia de fondos para el pago de la hora extra, conectividad y material didáctico. Programas educativos nacionales y fondo de infraestructura”, detalló. 

Finalmente, Mangione dijo que su área también está alcanzada por los recortes de Nación: "la diferencia es que en nuestro caso está en juego la vida de las personas".