Los efectos de la eliminación del Fondo Compensador para el transporte comenzaron a sentirse en Córdoba. Desde las 0 del sábado, el precio del boleto pegó un salto de más del 100 por ciento para llegar a los 700 pesos. En concreto, el incremento del valor del servicio público en la segunda ciudad del país fue del 105 por ciento, producto del “que se arreglen los gobernadores” con el que el presidente Javier Milei decidió contraatacar tras el fracaso de su Ley Ómnibus en el Congreso. “La eliminación del Fondo Compensador implica la pérdida de 4 mil millones de pesos que la Municipalidad ya puso en los meses de enero y febrero para el sostenimiento del sistema”, relata el intendente de la capital cordobesa Daniel Passerini (PJ). El año de la motosierra nacional ya había comenzado con una suba de 100 pesos.

En diálogo con Página/12, el sucesor de Martín Llaryora en el sillón municipal señaló que el nuevo precio del boleto implica un punto de equilibrio entre el costo anterior y los 1100 pesos que valdría el pasaje sin ningún tipo de aportes. “Nos empujan a esta situación”, indica el jefe comunal, quien la semana pasada fue una de las voces visibles del reclamo de la Red Federal de Intendentes que pidió una audiencia con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

En 2023, la ciudad de Córdoba, que no cuenta con el sistema SUBE, tuvo un corte de 14 millones de boletos. En ese marco, el aporte nacional a la provincia fue de 14.500 millones de pesos, 100 pesos por boleto.

“Queremos institucionalizar el pedido. Estamos dispuestos a establecer canales de diálogo. Pero nos empujan a esto. Vamos a pedir que se cumpla con el Pacto Fiscal de 2017 que incluye este fondo quitado unilateral e ilegalmente en todo el país”, señaló Passerini, quien anticipó que de manera paralela se comenzará una ronda de reuniones con diputados y senadores para que respalden el reclamo.

Sobre la mesa también plantea poner en discusión el reparto equitativo, en base a las unidades habilitadas por el sistema, de los fondos que se recaudan por el impuesto a los combustibles líquidos. El documento de la Red de Intendentes señala que del "28,4 por ciento que va a infraestructura vial para el transporte, la mitad podría coparticiparse directamente por colectivo".

La última opción, aunque para muchos la más probable, es el camino judicial. “Las decisiones que toma Milei te empujan a judicializar la cuestión” reconocen desde el seno de la Red Federal.

“Es una decisión difícil. Pero más difícil sería quedarse sin transporte urbano. Con estas medidas, pareciera que quieren conducirnos a eso”, sostuvo Passerini, quien también criticó al presidente Milei: “Quiere volver a los ’90, pero pasando por lo que sucedió en 2001. Continúa de campaña y se la pasa peleando en las redes sociales, atacando artistas, periodistas, etcétera”, lanzó.

La posibilidad de levantar, lisa y llanamente, el servicio de transporte fue esbozada por Damián Bernarte, intendente de San Francisco, ciudad natal del gobernador Llaryora. “El dinero del Fondo Compensador implicaba el 37 por ciento del costo total del servicio", explicó.

“Desde la presentación en Buenos Aires, se sumaron más intendentes. Creo que de a poco hay una conciencia de la necesidad de unidad en torno a este tema”, asegura el titular del Palacio 6 de Julio. Otro problema adicional que sobrevuela el mal servicio de transporte cordobés es que la empresa correntina Ersa, que concentra poco más de la mitad de los corredores cordobeses, está con un pie afuera del sistema. Los otros dos actores en juego son la privada Coniferal y la municipal Tamse, que tiene a su cargo el servicio de trolebuses. Sobre este punto, desde el Frente de Izquierda (FIT) reclamaron la “estatización total” del servicio y la apertura de los balances de las empresas.

Además de argüir ilegalidad en lo actuado por el Presidente, Passerini sostuvo que la decisión “afecta a los ciudadanos y en especial a estudiantes, trabajadores y jubilados, quienes son los que más usan el servicio”. No obstante ratificó la continuidad de los boletos sociales gratuitos en Córdoba: Adulto Mayor, Estudiantil y Obrero.

Al centro del bolsillo

Más allá de los números y la pirotecnia verbal, que incluye la desigualdad histórica en torno a los aportes nacionales al transporte, lo concreto es que al igual que la cancelación del incentivo docente (Fonid), la eliminación del Fondo Compensador es un golpe al centro de la canasta de la ciudadanía.

La nueva suba, que no será la última, implica una modificación sustancial del gasto para ir a trabajar. De acuerdo al “índice de asequibilidad”, elaborado por Lucila Martinazzo, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba especializada en Transporte y Movilidad, el incremento se "come" el 20 por ciento del salario mínimo. De esta manera, con un promedio de dos viajes diarios, una persona tendrá un gasto de 31 mil pesos mensuales sólo para ir y volver de su trabajo.

En ese sentido, el concejal oficialista Diego Casado presentó una acción de amparo “de incidencia colectiva” a favor del personal que trabaja en casas particulares, uno de los sectores más afectados por la quita de los subsidios. “Aumentando 85 por ciento el salario mínimo, como proponían las centrales sindicales, se lograría mantener la asequibilidad en valores similares a los de antes de duplicarse el valor del boleto”, indicó Martinazzo. Con el valor anterior, el índice mostraba que 45 viajes mensuales significaban una erogación del 9,81 por ciento del salario.

Con más de la mitad de los trabajadores en la informalidad, el índice sólo toma el uso del transporte para el traslado al trabajo. ¿Traslados de emergencia, ocio o cuestiones particulares? Eso es de casta.