Sobrevivientes de la dictadura le pidieron al Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan que revoque la prisión domiciliaria de la que goza el represor Jorge Antonio Olivera, que dos semanas atrás organizó una fiesta en su casa para festejar sus bodas de oro. Según los ex presos y las ex presas, Olivera tiene un “régimen de privilegio” que incumple.
En su escrito, recuerdan que Olivera fue condenado a prisión perpetua en tres oportunidades. “Desde que fue detenido por primera vez en el 2000 en el Aeropuerto de Fiumicino, Roma, utilizó todo tipo de estrategias para evitar su detención y juzgamiento. Ejemplo de ello es la presentación de un certificado falso de defunción de una de sus tantas víctimas Marie Anne Erize”, remarcaron.
Los sobrevivientes también destacaron que en la fiesta por sus 50 años de casado con Marta Ravasi -que incluyó un show de Ramón "Palito" Ortega- estuvo el represor Gustavo Ramón de Marchi, quien está en libertad después de que se determinara que no estaba en condiciones para afrontar el proceso penal.
“Creemos necesario como víctimas de la violencia perpetrada por estos genocidas expresar nuestra honda preocupación al observar que la pena impuesta por hechos de semejante gravedad no puede ser devaluada por el mal uso de un instituto de carácter humanitario como es la prisión domiciliaria, de la que gozan los genocidas. Nuestra preocupación aumenta al observar la evidente vinculación de este hecho (la fiesta de Olivera) con el resurgimiento de las teorías negacionistas del Terrorismo de Estado sostenidas firmemente por la actual vicepresidenta Victoria Villarruel”, añadieron.
Con tres composiciones distintas, el TOF de San Juan rechazó la domiciliaria de Olivera. No faltaron razones: en 2000 se escapó cuando lo habían detenido en Italia por el secuestro, las torturas y la desaparición de la modelo francesa Marie Anne Erize, a quien él se jactaba –según sobrevivientes– de haber violado mientras estaba en cautiverio. En 2013, después de recibir su primera perpetua, se escapó del Hospital Militar Central con De Marchi. Habían llegado con un turno médico que terminó siendo una oportunidad para la fuga. A Ravasi la investigaron como parte de la trama que facilitó el escape. Recién en 2017, la justicia logró encontrar a Olivera. Cuando llegaron a detenerlo, lo descubrieron escondido en el baúl de un auto de la familia.
En 2021, Casación --con las firmas de Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi-- le otorgó la domiciliaria por razones humanitarias. En esas condiciones, Olivera presentó un certificado adulterado –firmado por Mario Caponetto, un médico ligado a la revista ultraderechista Cabildo– para salir a hacer caminatas fuera de su casa. El TOF de San Juan advirtió que era un acto de mala fe procesal y le revocó la domiciliaria. El tema volvió a Casación. El año pasado, de nuevo, Olivera consiguió un fallo favorable en ese tribunal. Lo volvió a firmar Gemignani con la compañía de Daniel Petrone. El tercer juez, Mariano Borinsky, se opuso.
La domiciliaria de Olivera es uno de los temas que tienen pendiente de estudio los cuatro integrantes de la Corte Suprema.
Egresado del arma de infantería del Ejército, Olivera estuvo, entre 1976 y 1977, al frente de la sección de inteligencia (S2) del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de San Juan. Distintos testimonios lo mencionan como quien participaba de los secuestros y de las torturas a los detenidos-desaparecidos. Según indicaron los sobrevivientes en su escrito, fue condenado por 26 desapariciones, seis asesinatos y 120 secuestros.
