En sesión extraordinaria el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta rechazó este lúnes las restricciones a la gratuidad del boleto estudiantil impuestas por la empresa SAETA con autorización de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT). Las autoridades universitarias consideraron que la nueva reglamentación incumple un convenio firmado en 2023 que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
SAETA (Sociedad Anónima de Transporte Automotor) tiene a su cargo el transporte de personas en el área metropolitana, opera para los municipios de la ciudad de Salta; San Lorenzo, La Caldera, Vaqueros, Cerrillos, La Merced, El Carril, Chicoana, Campo Quijano y Rosario de Lerma.
Por pedido del estudiantado, el Consejo Superior realizó la primera sesión extraordinaria de 2024 para tratar la problemática de los recortes al boleto gratuito a estudiantes universitarios.
"Este Consejo está de acuerdo con lo que dicen los estudiantes", dijo el rector Daniel Hoyos. En primer lugar se votó el rechazo a la resolución 13/24 de la AMT que impone restricciones no previstas en el convenio firmado entre la UNSa y SAETA y que sigue vigente hasta el 31 de diciembre.
En segundo lugar, se resolvió encomendar al rector la conformación de una mesa de diálogo con autoridades provinciales que incluya a representantes de los centros de estudiantes de la UNSa y de los distintos estamentos del Consejo Superior.
En tercer lugar el CS decidió instruir a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Universidad para que analice la posibilidad de acciones legales. Por último, declaró el estado de "sesión permanente".
"Hay un convenio firmado y SAETA lo está desconociendo. Se decidió rechazar en forma unánime la reglamentación inconsulta de la AMT y se insta a una mesa de diálogo, no con la AMT que no se dignó a contestar a los usuarios, sino directamente con las autoridades superiores, ministro o gobernador. El tema es grave", explicó a Salta/12 el secretario de Asuntos Jurídicos, Sebastián Astigueta.
"La Universidad rechaza dar o ceder datos académicos personales de los estudiantes, para recortar o restringir sus derechos. La gratuidad viene de la ley 8.030, no la puede restringir así la reglamentación de la AMT", añadió el abogado.
Durante la sesión se sugirió la presentación de un recurso de amparo por parte de la Universidad que tiene competencia en el fuero federal. Astigueta consideró que los y las estudiantes están en condiciones de realizar una presentación similar contra la empresa, en su caso en el fuero provincial, debido a que ya están siendo afectados por las medidas impuestas, requisito para iniciar con esa vía judicial.
En la sesión, Astigueta dijo que la resolución de la AMT es "inadmisible" ya que pretende que la Universidad provea datos académicos de las y los estudiantes, algo que no previsto en el convenio. "Los estudiantes no han dado el consentimiento", recalcó. También mencionó que está en juego la autonomía universitaria en el manejo de esa información.
"Un 72,63% de estudiantes sin boleto"
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Miguel Martín Nina, dijo que SAETA adoptó "el criterio más fácil (...) financiero, de caja. (...) No considera los compromisos legales porque hay convenio firmado con la Universidad, tampoco tiene en cuenta cuestiones sociales (a las) que la propia ley de la provincia hace mención".
Además, Nina recalcó el criterio excluyente que ha tomado la empresa. "Habría que hacerle ver a SAETA que está dejando a un 72,63% de los estudiantes sin boleto y el gobernador dijo que iba a solucionar el tema del transporte, entiendo que esto está incluído ahí", sostuvo.
El decano consideró que la empresa de transporte no toma en cuenta "criterios académicos". "Tenemos 30.454 alumnos. Esta medida de SAETA deja a 22.133 estudiantes sin cobertura porque son la cantidad de estudiantes que no tienen 2 materias aprobadas, ni siquiera considera el 15% de esa masa que aprobaron una materia. Tampoco considera que hay 57% de los alumnos nuestros que no aprobaron ninguna materia pero tienen regularidad, han cursado".
"Habría que sumarle parte de los 23.000 estudiantes que están preinscriptos hoy a la Universidad. O sea que esto que está haciendo SEATA no es una reducción, es un hachazo que está pegando al boleto gratuito", afirmó.
"Es un derecho, no un beneficio"
"Estamos de acuerdo todos los centros de estudiantes", dijo por su parte el presidente del Centro estudiantil de la Facultad de Humanidades, Lautaro Cabrera, respecto a lo que se votó en el Consejo. Señaló a Salta/12 que con el apoyo de las autoridades universitarias esperan se pueda dar "marcha atrás en esta reglamentación improvisada, que atenta y limita el acceso al derecho a la educación de los estudiantes". "Hoy ya hay ingresantes que se quedaron sin boletos universitarios para acceder al CIU (Curso de Ingreso Universitario)". contó.
Durante la sesión se leyó una carta escrita por el estudiante Edgardo Arancibia, quien en planteó que la gratuidad del boleto estudiantil "es un derecho", no un beneficio, y puso énfasis en el marco histórico de la lucha de estudiantes secundarios para obtenerlo. "Me avergüenzo como argentino, llamarlo beneficio cuando se luchó contra una dictadura militar y fue un peldaño importante para la recuperación de nuestra democracia (...). Ése es el legado de un puñado de estudiantes de secundaria y les costó su vida", manifestó.
Representantes estudiantiles plantearon el desconocimiento que tienen tanto la Autoridad Metropolitana del Transporte como SAETA de la dinámica de la vida universitaria. Por ejemplo, contaron que en una reunión autoridades de la AMT les dijeron que el curso de ingreso "no era importante" e incluso que se hacía "de modo virtual" cuando no es cierto y dicha modalidad sólo se implementó durante la pandemia de covid-19, pero fue el argumento que usaron para justificar la reducción del pase libre a ingresantes.
"Nos parece un avasallamiento a nuestros derechos", añadió la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Mariana Tapia.
SAETA dispuso un cupo de 70 boletos al mes para estudiantes regulares y 30 boletos para ingresantes a la Universidad, quienes podrán seguir accediendo al pase libre cuando acrediten regularidad. Asimismo, la empresa dispuso el acceso sólo durante el período lectivo, de lunes a viernes, entre las 6 y las cero horas. Para los sábados, se requiere tramitación especial.
En la sesión del CS, se señaló que hay estudiantes que toman más de un colectivo para llegar a clases, sobre todo quienes viven en departamentos del interior como La Caldera o Cerrillos o en barrios alejados en la propia ciudad de Salta y en horarios de la madrugada cuando tienen clases temprano a las 7. También mencionaron las múltiples actividades académicas que realizan los y las estudiantes, que exceden al límite de boletos.
La empresa exige para la renovación del pase libre la regularidad y acreditación de 2 materias aprobadas por año e impone el tope de acceso durante 8 años como máximo. Entre los recortes impuestos, para acceder al pase libre se debe carecer de título terciario o universitario y ahora SAETA requiere una declaración jurada. La empresa también ha excluido del beneficio a estudiantes de estudios de posgrados o pos titulación.
Durante la sesión se mencionó también el avasallamiento a diversos derechos que se está produciendo a nivel nacional mediante la política económica liberal del gobierno de Javier Milei. El boleto en Salta ya subió a $290 y a partir de marzo costará $490. No obstante, tras la reciente quita del subsidio de Nación al transporte público de las provincias, el gobernador Gustavo Sáenz ya anticipó que el pasaje podría pasar a costar $1000.