El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile responsabilizó al Estado por no haber esclarecido las adopciones irregulares ocurridas entre las décadas de los 60 y los 90 del siglo pasado y no reconocer como víctimas a los damnificados.
El Gobierno reaccionó a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien afirmó que el tema es una "tragedia" para el país y prometió que la administración del presidente Gabriel Boric se hará cargo de él.
El INDH -que es un ente estatal autónomo- dijo en su informe anual 2023 que "el Estado aún no reconoce como víctimas a los adoptados ilegalmente entre las décadas de 1960 y de 1990, en Chile y en el extranjero".
Adopciones irregulares
El organismo detalló que los casos de adopciones irregulares comenzaron a conocerse en 2014 por un reportaje de Ciper, un medio digital especializado en periodismo de investigación.
Agregó que "desde 2019, el INDH querelló por desaparición forzada de niñas y niños ocurridas en hospitales públicos".
"Sobre la cantidad aún incierta de miles de recién nacidos que fueron dados en adopción ilegal dentro y fuera de Chile, el Estado no ha llevado adelante de oficio con debida diligencia los procesos para localizarlos, restituirles su verdadera identidad, y permitir el reencuentro con sus familias de origen”, sostuvo el INDH.
El trabajo precisó que “de los 854 casos por normativa de adopción entre 1965 y 1988, 645 están en trámite y 209 concluidos”, así como “de los 136 por normativa de adopción entre 1988 y 1999, 105 están en trámite y 31 concluidos".
Agregó que "de los nueve casos por la normativa desde 1999, seis se encuentran en tramitación y tres concluidos", y remarcó que "a la fecha, no hay condenas”.
La respuesta del Gobierno
Cordero admitió que el tema de las adopciones irregulares es una “tragedia del país” y que fueron producto de “regulaciones flexibles, personas inescrupulosas y esencialmente la gestión de un tráfico, en ocasiones de niños y niñas, que resulta inaceptable”.
El ministro afirmó que Boric solicitó una “evaluación” para abordar el tema.
“El presidente de la república nos ha pedido que abordemos la manera de hacernos cargo de estas tres cosas: permitir que las familias, esas personas, tengan derecho a conocer su origen; restablecer la memoria de las familias afectadas; y que el país conozca las verdaderas razones que estuvieron detrás de esas adopciones irregulares”, dijo Cordero a periodistas.
