Cada tres horas, una niña de 14 o menos años se convierte en madre en la Argentina. Por la edad, se presumen gestaciones producto de abuso sexual o coerción. Son maternidades forzadas y su número es cada vez mayor en países de Latinoamérica y el Caribe, la única región del mundo donde vienen en aumento. Ayer, en Montevideo, más de 150 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil –entre ellas Amnistía Internacional–, hicieron un “llamado urgente” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una sesión especial, sobre esta “alarmante y anormal situación” para que recomiende a los Estados de la región garantizar a las niñas víctimas de violencia sexual el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo la interrupción legal del embarazo.

“Estamos hablando de una pandemia de violencia sexual. Un embarazo siempre implica un riesgo inminente a la vida y la salud de las niñas”, dijo a PáginaI12 Ximena Casas, vocera de la campaña regional #NiñasNoMadres e integrante de Planned Parenthood Global. Y reclamó, además, que se garantice la educación sexual integral. “Llama poderosamente la atención –destacó Casas– que en los últimos años, como lo señaló la Relatora Especial sobre los derechos culturales de Naciones Unidas, en toda América latina, grupos de la sociedad civil fundamentalistas y conservadores se oponen a los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo difundiendo información falsa sobre los conocimientos científicos en la esfera de la salud reproductiva.”

En México, de cada 10 víctimas de violaciones, 4 son menores de 15 años. En Colombia, cada hora una niña de entre 10 y 14 años es víctimas de abuso sexual. En Ecuador, de 10 denuncias sobre violencia sexual, 8 son de niñas menores de 14 años. En Guatemala, cada 46 minutos se comete violencia sexual contra una niña y cada día se registran 5 embarazos de niñas menores de 14 años. De acuerdo con datos de Unicef, más de un millón de niñas y adolescentes en la región han sufrido violencia sexual u otros actos sexuales forzados. “Como resultado de este flagelo y las restricciones a servicios de salud sexual y reproductiva como la interrupción legal del embarazo, miles de niñas son obligadas a asumir maternidades forzadas. América latina es la única región del mundo en la que las maternidades en niñas aumentan sostenidamente cada año, ante la indiferencia ciudadana y la falta de políticas que aborden integralmente esta amenaza contra los derechos y el futuro de las niñas en el continente”, señaló Casas a este diario. Ese panorama es el que expresaron referentes de distintas entidades de la región, entre ellas Casas, ante los integrantes de la CIDH que sesiona esta semana en la capital uruguaya. El planteo no es nuevo. La CIDH escuchó a las organizaciones en audiencias temáticas en 2011 y en 2015, y el lunes se pronunció sobre la necesidad de que los Estados adopten medidas integrales e inmediatas para respetar y proteger los derechos sexuales y reproductivos.

Los Estados deberían garantizarles a esas niñas una vida libre de violencia machista. Varios países de la región tienen protocolos sanitarios para atender a las víctimas de violencia sexual pero su cumplimiento e implementación sigue siendo una asignatura pendiente. Al contrario, su atención se centra en la persecución penal del delito, y queda en segundo plano la atención en salud mental, y salud sexual y reproductiva que la niña sobreviviente necesita. Este es uno de los problemas, señalaron las ONG. Otro es que, además, los servicios de salud no perciben a las niñas como pacientes reales y de atención prioritaria, por lo que no se les brinda una atención oportuna. “Por ejemplo, se obstaculiza su acceso a tratamiento antirretroviral y a la anticoncepción hormonal de emergencia en las siguientes 72 horas a la agresión. Esa situación tiene gravísimas consecuencias de cara a la prevención de embarazos indeseados, genera maternidades forzadas, transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”, advirtió Casas.

En América latina, las regulaciones penales que permiten el acceso a la interrupción legal del embarazo por violación, así como los protocolos relacionados con el acceso a la interrupción del embarazo, “no han significado garantía de un acceso efectivo a ese servicio de salud pues, en muchos casos, las propias leyes penales señalan requisitos desproporcionados, como la existencia de una denuncia previa por el delito de violación o incluso que la denuncia se haya presentado antes de tener conocimiento del embarazo. Hay una gran brecha entre el papel y la realidad”, observaron las entidades.

Las ONG señalaron que la violencia sexual que sufren las niñas es resultado de la confluencia de varios factores de riesgo que interactúan a nivel individual, relacional, comunitario y social. “Por eso –advirtieron en la CIDH–, no resulta adecuado responder a esta problemática solamente desde un enfoque de persecución penal, sino desde un enfoque comprensivo de la salud pública y de la importancia de la educación que vele principalmente por la prevención de la violencia y por el acceso a servicios y apoyo apropiados. Es necesario que se garantice una educación sexual integral en las escuelas, basada en información científica y veraz, libre de estereotipos de género.” 

Las organizaciones que hicieron el planteo a la CIDH son Planned Parenthood Global, Plan International, el Centro de Derechos Reproductivos, el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Fundación Desafío, la Asociación de Mujeres Axayacatl, Mujeres Transformando al Mundo, el Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Amnistía Internacional y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai).