El dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales contó con el aval de 23 de los 25 legisladores presentes, entre representantes del oficialismo, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, Juntos por Argentina, el frente para la Concordia Misionero y el GEN. Los únicos que no firmaron el dictamen fueron Analía Rach Quiroga y Rodolfo Tailhade, ambos del Frente para la Victoria, que asistieron más tarde a la reunión pero no realizaron declaraciones.
De Vido no estuvo presente en la reunión de comisión pero envió una carta en la que solicitaba una postergación de dos semanas del tratamiento del tema para poder brindar precisiones técnicas sobre las causas que se tramitan en los juzgados de Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, quienes solicitaron el desafuero para la detención del ex funcionario.
Para hacerse efectivo, el desafuero debe ser votado en el recinto de la Cámara baja por dos tercios de los presentes, es decir 172, si concurren los 257 legisladores que la componen. Entre el PRO, la UCR, la Coalición Cívica-ARI y los aliados, el oficialismo sumaría 86 votos con asistencia perfecta, y a eso hay que sumarle el apoyo del Frente Renovador, el Bloque Justicialista, el Frente Amplio Progresista, Juntos por Argentina, el Frente de Izquierda y los representantes del Frente de la Concordia de Misiones.
Aún es una incógnita cómo votarán los diputados del Peronismo para la Victoria, que responden al Movimiento Evita, porque Remo Carlotto faltó a la reunión de comisión y Araceli Ferreyra tomó distancia del pedido de desafuero. Tampoco hubo una definición de los diputados del Frente Cívico por Santiago, que responden al senador Gerardo Zamora, ni del bloque Compromiso Federal, referenciado en los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. El Frente para la Victoria, en tanto, definiría mañana antes de la sesión la posición del bloque.
Si el oficialismo logra los dos tercios, De Vido podría ser detenido apenas minutos después del final de la sesión. El escrito enviado la semana pasada al presidente de la Cámara de Diputados por el juez federal Luis Rodríguez aclara que ordenó al Ministerio de Seguridad que en caso de aprobarse el desafuero “proceda a la inmediata detención” del ex funcionario y su traslado a la Alcadía Penal Federal.
