Faltan diez días para que finalice la prisión preventiva impuesta por la justicia jujeña a Nahuel Morandini y Roque Villegas. Sus familias, amistades, la Coordinadora Nacional por la Libertad de ambos y el CELS, entre otras instituciones, insisten en su liberación. En ese marco, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta sostuvo que deberían recuperar la libertad ni bien se venza el plazo de 60 días de prisión impuesto por el juez de Control Roberto Assef. "El día 61 cesa la prisión preventiva. En todo caso, si el fiscal o la querella quieren extender los plazos, deberán tramitarlo", afirmó.

La abogada, que desde el 10 de febrero ejerce la defensa de Morandini junto a Marcos Aldazábal, remarcó que en la causa está en juego el ejercicio de la libertad de expresión. "En nuestro sistema constitucional, es un derecho de primer rango, no hay ningún derecho que tenga rango superior", recordó. La militante feminista y especialista en derecho penal argumentó que, al menos en la provincia de Jujuy, la detención de los #PresosPorTuitear resquebrajó "el grado de resguardo constitucional que toda la ciudadanía tiene para poder decir lo que querramos, siempre y cuando no amenacemos a nadie, no injuriemos o calumniemos", figuras tipificadas en el Código Penal.

Este jueves cuando se cumplan cincuenta días de la detención, la defensa de Morandini, familiares de los dos detenidos, sindicatos nacionales y diputados y diputadas ofrecerán una conferencia de prensa en el Salón Auditorio del Anexo A del Congreso de la Nación para denunciar y dar cuenta de la situación pardigmática en la provincia.

"Probablemente cualquier persona que publique en sus redes sociales en Jujuy estaría en condiciones de estar detenida", advirtió Gómez Alcorta. Las dos detenciones, continuó, "rompieron con una lógica de la persecución judicial, hasta ahora muy enfocada en las dirigencias política, social, sindical, e indígena". 

La abogada destacó el "afán totalitario y silenciador" del Estado jujeño. Agregó que "todas las imputaciones y persecuciones van ahora contra los ciudadanos de a pie. Nahuel Morandini no tiene una militancia política", recordó, "es un docente, tiene dos niños y opina como cualquier persona puede opinar por redes redes sociales, y sin cometer ningun delito. El Poder Judicial en Jujuy avanza contra cualquier persona que ejerce sus derechos constitucionales: eso es lo que está en juego", insistió. Calificó de "demencial" la hipótesis que maneja el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, cuando supone que esos posteos, y el de Villegas, implicaron la supresión de la identidad de una persona. "No hay forma lógica ni jurídica de argumentar que ese twit supuso una lesión. No hay prueba de que eso haya sucedido", sostuvo. 

Morandini y Villegas fueron detenidos en sus domicilios por posteos realizados el 26 de diciembre pasado en el contexto de una conversación -casi una novela armada por miles de usuarios- que transcurría en la red social X (antes Twitter). Diez días después Morandini, y luego Villegas, fueron privados de su libertad. La fiscalía jujeña los imputó tras una denuncia que presentó Tulia Snopek, esposa del exgobernador Gerardo Morales. Se los imputó por supresión de identidad en perjuicio de una niña hija del matrimonio primero, y después se amplió a violencia psicológica en el contexto de violencia de género.

Gómez Alcorta, que se desempeñó como ministra de las Mujeres, Género y Diversidad en el gobierno de Alberto Fernández, afirmó que el contenido que publicó Morandini "nunca pudo generar una lesión psíquica" y recordó que "la mención en el twit fue realizada en potencial, no hizo mención a nadie ni por nombre ni por apellido, y tampoco mencionó a una criatura", en alusión a la hija de Morales. "Tampoco explicitó la idea de una infidelidad", prosiguió. En definitiva, la acusación por un posteo en "un tono irónico no configura un delito", afirmó.

La abogada también desarmó la lógica argumental de otra afirmación del fiscal Walter Rondón, que aseguró que las detenciones preventivas fueron pertinentes porque los imputados podían continuar twitteando, por ende, lesionando. Gómez Alcorta advirtió sobre lo arbitraria de la posición del fiscal. "Es muy probable que, por este caso, a la larga el Estado argentino termine con responsabilidad internacional. No hay casos como éste en la historia de la Argentina, nunca en cuarenta años de democracia", destacó Gómez Alcorta.

Añadió que el Estado jujeño utilizó contra dos personas a varios órganos del Estado que solicitaron y justificaron la prision preventiva. Destacó en este sentido la actuación de jueces de control, de dos fiscales, de representantes del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, y también de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de esa provincia norteña.


La última acción de organizaciones que vienen reclamando la libertad de Morandini y Villegas fue la presentación de un amicus curiae ante el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. La CONADU, y otras organizaciones, entre ellas la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, acercaron argumentos con el fin de que el proceso penal llegue a una resolución respetuosa de los derechos humanos.