Cuando la música empezó a sonar en la noche del 3 de febrero, varios de los vecinos de Jorge Olivera y Marta Ravasi ya sabían de qué se trataba el alboroto. Uno de los hijos del matrimonio había avisado en un chat vecinal que sus padres celebrarían esa noche sus bodas de oro. La celebración causó algunas molestias: autos estacionados por todas partes y bochinche hasta después de las dos de la madrugada. La información figura en un informe que recibió días atrás el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan que debe decidir si toma alguna medida sobre la prisión domiciliaria de la que goza Olivera, condenado a prisión perpetua y prófugo reincidente. Esos mismos jueces deben, además, revisar la situación de otro de los invitados al fiestón de la pareja Olivera-Ravasi: el represor Gustavo Ramón de Marchi, que había sido puesto en libertad por el TOF porque supuestamente no podía afrontar el proceso penal. Después de verlo en fotos, charlando animadamente con su esposa, la fiscalía pidió su inmediata detención.

Olivera y De Marchi son una dupla consolidada. En los años del terrorismo de Estado coincidieron en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de San Juan. Allí, de Marchi integraba la Plana Mayor; Olivera era el oficial de inteligencia (S2). En julio de 2013, los dos terminaron condenados por crímenes de lesa humanidad. A los pocos días, lograron que los trasladaran a Buenos Aires y que los llevaran a una consulta al Hospital Militar Central, desde donde se fugaron. La justicia investigó el rol de Ravasi como presunta facilitadora, ya que ella trabajaba como psicóloga en el centro médico.

De Marchi se las ingenió para mantenerse prófugo hasta diciembre de 2015. En el ínterin, paseó por Brasil y Uruguay. Pero lo encontró la Policía Federal, que actuaba en una investigación a cargo del fiscal Franco Picardi, en el barrio de Almagro, cerca de la casa de su hermana. Con los años, De Marchi se siguió recriminando haber bajado la guardia. Lo hizo porque se esperanzó cuando Mauricio Macri dijo que con él se acababa el “curro de los derechos humanos”. Así, empezó a soltarse y volvió a la vida que le gustaba. Un día, iba a Alto Palermo; otro a Patio Bullrich, así le contó a La Nación.

En 2018, De Marchi recibió su segunda condena. Esta vez, no fueron 25 años –como la primera–, sino perpetua. En diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández, empezó una huelga de hambre desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza. A poco de iniciada la pandemia, la Casación mandó a De Marchi a su casa. Pero eso no fue todo: en diciembre de 2022, el TOF de San Juan suspendió el trámite del proceso contra De Marchi –para quien la fiscalía ya había pedido la pena máxima– y ordenó su inmediata libertad.

En ese momento, el TOF de San Juan se basó en lo que había dicho el Cuerpo Médico Forense (CMF): que tenía patologías múltiples. En julio del año pasado, la Sala III de Casación –con los votos de Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky– anuló la resolución del TOF de San Juan y ordenó dictar una nueva sentencia. En pocas palabras, los dos camaristas decían que De Marchi podría ser separado de un proceso por incapacidad pero que eso no puede significar el fin de la sanción.

Después que trascendiera que De Marchi estuvo en la fiesta de Olivera, el fiscal Francisco Maldonado le pidió al TOF que haga cumplir el fallo de Casación y disponga la detención del represor. Advirtió en su escrito que después de siete meses no había noticias. El pedido del fiscal se formuló el 7 de febrero, pero recién tomó estado público en las últimas horas después de que los jueces le corrieran vista a la defensa del represor. 

Este martes, el TOF de San Juan ordenó un nuevo examen físico a De Marchi. La fiscalía pidió que se evalúe si pudo haber simulado en 2022. El fiscal Dante Vega, a cargo de la unidad de asistencia en causas de violaciones a los derechos humanos de Mendoza, remitió una foto que había sido publicada por el diario Tiempo de San Juan para su evaluación. En la imagen se lo veía de buen semblante en la casa de Olivera.

Mientras tanto, el TOF espera que se pronuncie la defensa de Olivera antes de resolver si toma alguna medida sobre su detención domiciliaria –que le fue otorgada por la Cámara Federal de Casación Penal. Después de que se conociera que había organizado una fiesta a todo trapo –que incluyó la contratación de un show musical de Ramón “Palito” Ortega, el tribunal dispuso una serie de medidas de investigación en sintonía con lo que había pedido la fiscalía.

Por un lado, los fiscales reclamaron saber si efectivamente la fiesta había tenido lugar en la casa de los Olivera-Ravasi en Vicente López. Al tribunal ya le llegó la confirmación de que efectivamente fue así: se hizo un informe socioambiental que recogió los testimonios de los vecinos y la dirección de asistencia electrónica informó que no hubo incidente alguno con la tobillera de Olivera, por lo que no salió de su casa.

La fiscalía pidió inicialmente que se restrinja a Olivera la posibilidad de hacer celebraciones multitudinarias con música, catering y disc jockey. En las últimas horas, desde el Ministerio Público también sumaron otros requerimientos: que se prohíba el ingreso a la casa de Olivera de personas imputadas, procesadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad y que se hagan controles sorpresivos todas las semanas para determinar que el represor esté cumpliendo con el arresto domiciliario.

El TOF debería pronunciarse a finales de esta semana o principios de la próxima, estimaron fuentes judiciales. Sin embargo, parece improbable que los jueces vayan a disponer que vuelva a un establecimiento penitenciario –como reclamaron la semana pasada sus víctimas. En San Juan apuntan a que la llave para revisar la domiciliaria de Olivera duerme en el cuarto piso del Palacio de Talcahuano, donde el tema no parece ser una de las prioridades de los supremos.