En Salta hay incertidumbre respecto a lo que pasará con las políticas públicas de la Nación para la asistencia integral a las víctimas de violencia de género. El Programa Acompañar está paralizado, mientras que en Acercar Derechos las trabajadoras tienen un contrato hasta marzo y no se sabe qué pasará con el PatrocinAR.  La secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta, Itatí Carrique, dijo que buscará dialogar con la subsecretaria nacional recién designada.

Desde que asumió Javier Milei como presidente de la Nación eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y en su lugar creó una subsecretaría que estaba acéfala hasta ayer y depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En la Subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, asumió Claudia Barcia, con designación retroactiva al 1 de febrero y tiene carácter “ad honorem”.

"Recién (el martes) se conoció el nombramiento oficial de Claudia Barcia, la nueva subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género. Así que al tener ya interlocutor vamos a buscar dialogar con ella para saber qué camino se tomará desde la Subsecretaría, qué pasará con el Acompañar y ver de qué manera se podrá propiciar el trabajo entre Provincia y Nación", dijo Carrique a Salta/12. 

La funcionaria salteña confirmó que el plan Acompañar, como todo lo que era competencia del ahora desmantelado Ministerio nacional, "está paralizado desde el 10 de diciembre". "En Salta las mujeres y diversidades que tenían el Acompañar ya otorgado siguieron cobrando, pero dejaron de evaluar hace ya varios meses los nuevos pedidos y no salió ninguno", precisó.

El programa Acompañar está dirigido a mujeres y al colectivo LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. Brinda un apoyo económico equivalente al salario mínimo, vital y móvil por 6 meses y se complementa con el acompañamiento integral mediante el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial coordinado con los gobiernos provinciales y locales. 

El ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad publicó el año pasado que más de 320 mil mujeres y diversidades accedieron al programa Acompañar en los primeros 3 años desde su implementación. Hasta julio de 2023 en Salta se contabilizaron 16.540 víctimas de violencia machista que tuvieron acceso a esta política pública.

El Acompañar se gestionaba en la provincia mediante la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, también a través de las áreas municipales de mujeres, géneros y diversidad que tenían convenios con la Nación y de la coordinación local del Programa Nacional Acercar Derechos.

"La casi única transferencia de recursos para personas en situacion de violencias era el Programa Acompañar", dijo a Salta/12 la ex coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) en Salta, Andrea Andrade. También confirmó que "desde diciembre no se están dando nuevas altas". "Lo que sabemos es que se van a cumplimentar los pagos de las personas que ya están bajo el programa. Pero no van a ingresar nuevas personas", sostuvo.

"La caída del Acompañar tiene un impacto enorme en las mujeres y diversidades que sufren violencia, gracias a este programa muchas han logrado salir del círculo de la violencia, han podido emprender para tener autonomía económica", resaltó por su parte Carrique.

En el mismo sentido, la activista de La Fuerza de las Mujeres, Sofía Fernández, señaló que mediante el acceso a esta política pública "muchas pudieron alquilar una pieza, un departamento, solventar alimento y transporte, pagar un pasaje e ir a la casa de un familiar, compartir alquileres conjuntos con otras, hacer un microemprendimiento". Cuestionó el vaciamiento de "todas esas herramientas que las empoderaban" en un momento como el actual, de "terrible crisis económica". Consideró que las víctimas sin recursos "quedan presas de la violencia, no se pueden mudar porque no les alcanza ni para la olla para alimentar a sus hijes".

"Hay que considerar que la situación socio económica seguramente potenciará las situaciones de violencia y como siempre las más perjudicadas serán las mujeres, algo similar a lo que pasó en Pandemia", advirtió Carrique. 

En este contexto, Fernández también cuestionó la desjerarquización de las políticas de género tras la eliminación del Ministerio y la sustitución por una Subsecretaría. "No sólo le bajan el rango ministerial sino que además designan a cargo de una tarea tan importante a una persona ad-honorem. (...) También representa un privilegio de clase, ya que no cualquier compañera podría trabajar sin cobrar un salario. No es casual que hayan nombrado a una ex fiscal", consideró. 

Barcia se desempeñaba como fiscal penal, contravencional y de faltas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde 2017 como fiscal especializada en violencia de género. Según su presentación en Linkedin, fue consultora internacional en violencia de género y litigación penal oral.

Acercar Derechos y PatrocinAR

Andrade aclaró que no es coordinadora del Programa Acercar Derechos desde junio del año pasado cuando se dejó de contratar nuevos equipos "por falta de presupuesto, fundamentalmente y porque cambiaron el eje de las politicas publicas de género con la (entonces) nueva ministra (Ayelén Mazzina)". 

"Si bien ya no estoy en funciones, sigo en contacto con el que era mi equipo y la contención, la empatía y el acompañamiento sigue estando. No sabemos si las trabajadoras van a mantener sus puestos de trabajo. Hasta ahora sólo les renovaron los contratos hasta marzo", manifestó Andrade.

La ex coordinadora indicó que el PAD tiene dos equipos interdisciplinarios, uno en Salta Capital y otro en Orán. "En una provincia que tiene emergencia social en violencia de género desde hace años, es insuficiente", enfatizó. La exfuncionaria consideró que desde el programa se hace "lo humanamente posible pero es mucha territorialidad y muy pocos los recursos". 

También hay incertidumbre respecto a lo que decidirá el gobierno nacional con el programa PatrocinAR que brinda patrocinio jurídico y acompañamiento interdisciplinario para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. 

"Estaba en órbita del Ministerio de Justicia. Una parte se desprendió y fue al Ministerio de Mujeres para patrocinio jurídico de causas de mujeres y diversidades. Pero ahora no sabemos qué va a pasar. Si vuelven al Ministerio de Justicia o siguen en Capital Humano. Lo que circula entre las trabajadoras es que podría volver al Ministerio de Justicia. Y el problema de eso es que siguen funcionando con un paradigma de 'justicia patriarcal'", manifestó Andrade.

"Desde el (ex) Ministerio de Mujeres, no hablamos de causas o expedientes, hablamos de casos, de historias. E intentamos darle esa impronta a cada caso que llegó al Programa Acercar Derechos y al Cuerpo de Abogadxs", añadió. 

Un gobierno que refuerza la violencia patriarcal

"El presupuesto nacional tiene que estar atravesado por la perspectiva de género y de interculturalidad, si de verdad queremos erradicar la violencia de género en lo que acordamos como Estado en el cumplimiento de todos los tratados internacionales y leyes que hemos creado", opinó Fernández. Sin embargo, consideró que el de este gobierno "es un plan para negar los derechos de les más precarizades del sistema, para el sometimiento a la clase dominante". 

"Son negacionistas de las violencias y este es un plan que refuerza los estereotipos y la violencia patriarcal. Es a propósito y sistémica la violencia simbólica, psicológica, institucional y económica que este gobierno ejerce hacia las mujeres, indias, lesbianas, travestis, trans, no binarias, todas las que no nos ajustamos a su plan económico. Nos quieren sumisas y calladas, limpiando, criando y haciendo beneficencia, es un plan económico que necesita la explotación de nuestros cuerpos", consideró.