El Ministerio de Desarrollo Social fue intimado a que en un plazo máximo de diez días cumpla con la cautelar que ordena restablecer las pensiones no contributivas suspendidas o eliminadas bajo apercibimiento de aplicar “astreintes” (sanciones monetarias contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial). La cartera que conduce Carolina Stanley fue notificada ayer de la resolución de la jueza de la Seguridad Social, Adriana Cammarata, que impone la ejecución de la orden “considerando el muy elevado número de personas involucradas en el colectivo y su estado de vulnerabilidad que impone su atención inmediata”.

La decisión se conoce luego de que la Cámara de Apelaciones no diese lugar a las acciones dilatorias que presentó el gobierno para evitar el reestablecimiento de las pensiones por invalidez y diese traslado al caso al tribunal ordinario. Hasta el momento, la cartera de Desarrollo sólo restituyó 9728 prestaciones por invalidez sobre más de 126.000 canceladas. En el fallo de Cammarata se incluyen también las pensiones que se dieron de baja por no presentarse a percibirlas en un plazo de tres meses. En muchos casos el Gobierno aprovechó estas ausencias para eliminar la cobertura, aunque tenga que ver con la imposibilidad de hacerse presentes por los mismos problemas de salud por los cuales reciben la asignación por invalidez. 

Desde febrero del año pasado el ministerio que encabeza Stanley inició una “depuración” de las plantillas de pensiones por invalidez, que en la práctica implicó la eliminación y suspensión de ese beneficio sin ningún tipo de instancia previa para que el beneficiario hiciese su descargo. Este año esa purga se aceleró. Sólo en el primer semestre hubo 52.491 pensiones por invalidez suspendidas y 19.215 dadas de baja, que se suman a las del año pasado, dando un total de más de 126 mil, según la Fundación Soberanía Sanitaria. Los abogados de Desarrollo hicieron grandes esfuerzos para dilatar las decisiones de los jueces de primera instancia y apelaron todos y cada uno de los fallos, pese a que públicamente Stanley había prometido que se reestablecerían todas las asignaciones que fueron dadas de baja de forma arbitraria. 

El caso testigo, sobra la base de un amparo patrocinado por la Asociación REDI (Red de Personas con Discapacidad), llegó a la Cámara Federal de la Seguridad Social, que finalmente ordenó al Ministerio de Desarrollo Social restituir las pensiones no contributivas por invalidez que fueron dadas de baja a nivel nacional por esa cartera en el último año y medio. El Gobierno apeló esa decisión y buscó dejar sin efecto la medida aduciendo que se trata de una cuestión “abstracta” porque ya se había devuelto 9728 pensiones, aunque el universo de bajas alcanza a 126 mil. Además, cuestionaba la representatividad de la Asociación.

La decisión que firman los camaristas Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero revierte el efecto suspensivo que había logrado Stanley mediante apelación y dejó en plena vigencia la obligación de reponer los beneficios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La Cámara devolvió el caso a la Justicia de primera instancia. Sin embargo, hasta el momento Desarrollo Social no dio cumplimiento a la orden judicial.

La Asociación REDI solicitó a la jueza Cammarata que inicie la ejecución de la medida cautelar dictada el 5 de septiembre pasado. “Solicito que se intime a la contraria para que en el término de 48 horas de cumplimiento a la medida cautelar dictada en autos, y lo acredite debidamente en el expediente, bajo apercibimiento de obtener su ejecución forzada y aplicar severas sanciones conminatorias al funcionario responsable. Ello sin perjuicio de la causa penal que esta parte eventualmente iniciará por delito de desobediencia judicial”, señala el escrito redactado por la abogada representante de la Asociación REDI, Varina Suleiman. También se solicita al Estado nacional que informe la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez vigentes al primero de febrero del año pasado, con identificación de sus titulares, suspendidos, rehabilitados y la documentación que llevó a la baja o suspensión de las asignaciones por casos de invalidez.

La suspensión y baja del beneficio dispuesto por la jueza Cammarata no se circunscribe a la percepción mensual de 4000 pesos, sino que incluye todos los planes de descuentos y programas de cobertura para tratamientos médicos sin los cuales ahora se ven obligados a afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales según la incapacidad o enfermedad.