José Alperovich fue tres veces gobernador de Tucumán, además de senador. En 2019, su sobrina y ex empleada lo denunció por abuso sexual y violencia sexual agravada por acceso carnal. Desde entonces, la Multisectorial de mujeres y diversidades de Tucumán y organizaciones transfeministas de todo el país, la acompañaron y le dieron apoyo. Hoy uno de los hombres más poderosos del Norte argentino enfrenta un juicio en los tribunales porteños por tres casos de abuso sexual y seis de violencia sexual agravada por acceso carnal, tal como lo establece la investigación judicial en base a las denuncias de MFL por ataques entre 2017 y 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán (en San Miguel y en Yerba Buena, localidad ubicada a 15 kilómetros de la capital provincial).

La denuncia contra Alperovich fue realizada a fines de 2019 mientras que los abusos y ataques juzgados se produjeron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, en diferentes viviendas de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y en un departamento de Puerto Madero.

La declaración de MFL, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29, a cargo del juez Juan Ramos Padilla, duró más de 5 horas en las que dio lugares, detalles y nombres teniendo que soportar la violencia de la defensa de Alperovich que volvió a revictimizarla. Por otra parte, la madre de la querellante dijo además que con el tiempo, su hija fue cambiando física y emocionalmente: “Estaba a la defensiva, no me miraba a los ojos y parecía que había algo que nos quería decir y no se animaba. Estaba extremadamente flaca, se le caía el pelo, se le pusieron feas las uñas y le temblaban las manos. Cualquiera se podía dar cuenta que esa no era ella porque su cuerpo hablaba”.

Una amiga de MFL también se sumó como testigo en el juicio: “Estaba demacrada físicamente, que se le caía el cabello y estaba muy angustiada pero pudo sobrellevar con entereza las diferentes instancias judiciales porque es una persona muy fuerte cuyo único objetivo es simplemente tener paz y recuperar su vida”.

“Son testimonios que, cuando se investiga otro tipo de hechos, por ahí no tienen tanta relevancia; pero cuando se trata de delitos contra la integridad sexual, las personas a quienes la víctima pudo contarles tienen especial incidencia porque pueden relatar cómo la vieron, el proceso de denuncia, cómo la escucharon, cómo la fueron acompañando, haciendo hincapié en el deterioro físico y el miedo a la denuncia”, dijo a Télam la abogada querellante, Carolina Cymerman. En las audiencias que siguen (se prevé que hasta junio), declararán 80 testigos más.

En la investigación intervinieron la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), dirigida por Mariela Labozzetta y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, a cargo interino del fiscal Santiago Vismara.

Según la agencia Télam, en mayo de 2022 la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal había considerado que "en todos los casos, mediando para su comisión intimidación, el ex senador abusó de una relación de dependencia, de poder y de autoridad. Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”.

No está sola

Como lo hicieron desde que se presentó la denuncia, las organizaciones feministas estuvieron presentes durante los días del juicio remarcando que “la denunciante logró llegar a esta instancia después de haber esperado durante 5 años respuestas por parte del Poder Judicial. Nos mantenemos alertas ante los posibles ataques y revictimización por parte del acusado a través de su defensa o del uso de los medios de comunicación para avanzar sobre la integridad física y psíquica de la denunciante”.

Además se declararon “en alerta y movilización por cualquier maniobra de impunidad en tanto el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, hasta hace unos meses era su abogado y hoy la defensa (de Alperovich) continúa a cargo de su estudio jurídico”. Y es que la defensa está llevada adelante por Augusto Nicolás Garrido, integrante del estudio de Mariano Cúneo Libarona. Además, el ex gobernador de Tucumán fue investigado por encubrimiento en la causa por el femicidio de Paulina Lebbos. En 2017 fue citado a declarar pero se negó bajo la excusa de que estaba amparado por ser senador nacional.

Para las organizaciones feministas este juicio marca un antes y un después. En el Jardín de la República, Alperovich no es el único acusado. En 2021 la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán organizó una Mesa contra los abusos del poder político con el objetivo de acompañar a las denunciantes de los varones del poder. Ricardo Bussi, Washington Navarro Dávila, Antonio Daniel Estofán, Carlos Najar y Bruno Gabriel Romano son los nombres que también fueron denunciados por diferentes formas de violencia de género.

Desde la Secretaría de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma que coordina la tucumana Leonor Cruz, expresaron: “nuestro apoyo a la denunciante: el juicio a Alperovich representa un triunfo para el movimiento feminista porque poner en el banquillo de los acusados a quien fue gobernador de Tucumán, es una muestra de la fuerza de nuestro movimiento”.

“Además Tucumán ha sido la cuna de la impunidad y el abuso, ha sido declarada provincia pro vida, contra el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y Alperovich representa claramente ese poder y esa impunidad. Durante años se refugió en los fueros que le otorgaba el poder, pero hoy estamos en pleno juicio, con la convicción de que la única reparación que puede haber es justicia. El Movimiento Feminista tucumano acompañó a la denunciante en su pedido de justicia y seguirá exigiendo por todos aquellas victimas que hoy están esperando”, dijo Leonor.