La legisladora porteña del MST Celeste Fierro, denunciante del protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich, reveló que apelarán la decisión de la Cámara Federal porteña que declaró incompetente al juez Sebastián Casanello en la causa. 

"Desde la audiencia del miércoles pasado al día de hoy, el Gobierno hizo siete presentaciones distintas: apeló a las resoluciones del juez, pidió la nulidad de todo lo actuado y apeló la inclusión de una amicus de los organismos de derechos humanos en la causa. Pusieron palos en la rueda desde que inció", sostuvo Fierro en AM750. 

La decisión del juez Eduardo Farah, de la sala II del Tribunal de Apelaciones, llegó cinco minutos antes de que comenzara la audiencia en Comodoro Py para tratar el protocolo de la Ministra de Seguridad. El propio Casanello se enteró en ese mismo momento, al igual que los demandantes, según contó la legisladora de izquierda. 

La causa tuvo un largo recorrido en tiempo récord. Comenzó en el juzgado en lo Criminal y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires, que se declaró incompetente,  pasó a la Cámara Federal porteña y regresó al juzgado nº28, que nuevamente se desentendió. Luego, Casanello tomó cartas en el asunto. Tras la apelación de la excandidata a presidenta, todo volverá a foja cero.

"Del lado judicial está claro que tienen una animosidad con que no se avance", aseveró Fierro, quien hizo la presentación en diciembre, pocos días después de que Bullrich comunicara el restablecimiento del protocolo.

El pedido de la Cámara Federal porteña es que sea la Corte Suprema la que se expida al respecto. Los demandantes temen que el juzgado nº28 se declare incompetente nuevamente y los Supremos tengan la última palabra. 

Sin embargo, para Fierro fue "un paso importante" que la propia Bullrich se sentara "a dar explicaciones" respecto de la legitimidad legal del protocolo. La argumentación de la Ministra y el Gobierno nacional a favor de la normativa contra la protesta se sostiene en el "derecho a transitar". 

"Intentan poner por encima de la cuestión de fondo de las protestas y desligan la responsabilidad de los gobiernos en términos de resolver las demandas", argumentó la legisladora, en diálogo con Escuchá Página 12, y advirtió que el protocolo se arroga facultades del Poder Legislativo y Judicial. 

"Ningún juez ha determinado que es constitucional. Lo que hay por el momento, en términos de informes y resoluciones, es que no está actuando conforme a la Constitucion y a los tratados internacionales", concluyó.