Ante la realidad que viven barrios enteros de la ciudad de Rosario que dependen de una cuba o de perforaciones clandestinas para tener agua, mientras hay edificios del microcentro que usan la red de agua potable para llenar sus piscinas, la concejala Fernanda Gigliani pedió que toda nueva construcción que se habilite en la ciudad cuente con las instalaciones técnicas pertinentes para colocar medidores. Además, para lo edificios ya construidos, la dirigente de Iniciativa Popular propuso que se coloque un Macro Medidor de agua que obligue a pagar por mt3 consumido y no por el mt2 de la propiedad.

Para la concejala, los factores que inciden en la flata de agua potable en Rosario son de lo más variados. “Hablamos de falta de inversión en obras de infraestructura, la habilitación de edificación en altura como nunca antes en las últimas dos décadas que genera mayor demanda. Sumado a las demoras en el avance de las obras en el Acueducto del Gran Rosario y la preocupación por el desfinanciamiento del Gobierno Nacional de Javier Milei en los planes de obras públicas”, dijo Gigliani, quien agregó: “Además tenemos una red obsoleta en el primer anillo perimetral de la ciudad, con caños que datan del siglo pasado. Tenemos el agua del río Paraná, una planta potabilizadora trabajando, en ocasiones, al límite de sus capacidades y agua que no llega a los domicilios por deficiencias en la red de distribución”.

La edila sostuvo que ante esta situación el Estado debe intervenir para aportar soluciones. “El Municipio de Rosario es quien habilita las nuevas edificaciones. La ciudad de Rosario estuvo entre las cinco ciudades con mayor sumatoria de metros cuadrados nuevos de Argentina. A un promedio de 700 mil metros cuadrados por año durante las últimas dos décadas y llegando al récord de 1 millón de mt2 nuevos en el año 2007. Además, según datos de la oficina de Obras Particulares, entre 2005 y 2018 se habilitó la construcción de 2.583 edificios, que implicaron 65.491 viviendas. El área delimitada por Oroño, Pellegrini y el río contuvo el 35% de los proyectos, aunque si se considera todo el distrito centro (que incluye además los barrios República de la Sexta, Abasto, Lourdes, Echesortu, Luis Agote y Pichincha) la concentración alcanza el 90% de los permisos, con un aumento significativo en la demanda de servicios”, describió.