Los abogados de Estados Unidos negaron el miércoles motivaciones políticas en la demanda de extradición contra Julian Assange por espionaje, en un juicio en Londres que quedó visto para sentencia tras examinarse el recurso del fundador de WikiLeaks contra su entrega. Los magistrados anunciaron que se tomarán un tiempo para deliberar, por lo que Assange podría tener que esperar semanas o meses para conocer si su apelación es aceptada por la justicia del Reino Unido. En la segunda y última audiencia del juicio de extradición, Estados Unidos se negó a dar garantías de que el periodista australiano no enfrentaría una pena de muerte si fuera extraditado a ese país.
Los "delitos penales" de Assange
Los abogados de Estados Unidos trataron de responder a los argumentos de la defensa, esgrimidos el martes, respecto a que las acusaciones contra su cliente, que se encuentra en una cárcel de alta seguridad cerca de Londres desde hace casi cinco años, tenían una base política. Assange, en su último recurso en Reino Unido para evitar su extradición, es reclamado en Estados Unidos por haber publicado desde 2010 más de 700 mil documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, en particular en Irak y Afganistán.
La abogada Clair Dobbin, en nombre de EE.UU., pidió al Tribunal Superior que desautorice el recurso y dé luz verde a la entrega, argumentando que es legal porque los cargos que se imputan al periodista australiano no son políticos sino "delitos penales basados en pruebas" que figuran en la ley de espionaje de 1917. Dobbin dijo que Assange es requerido por conspirar con la exsoldado estadounidense Chelsea Manning para obtener ilegalmente información militar clasificada y por difundirla, poniendo en peligro a "numerosos informantes inocentes de Estados Unidos".
¿Posible pena de muerte?
Dobbin subrayó que es incorrecto que la defensa trate de comparar al acusado con "un periodista o editor ordinarios" que use fuentes para sus noticias. Al enumerar los argumentos que fundamentarían su potencial recurso, los abogados de Assange, Edward Fitzgerald y Mark Summers, dijeron que su entrega violaría el tratado británico-estadounidense de extradición al ser los delitos imputados, a su parecer, de carácter político y contra su libertad de expresión, además de que podrían conllevar la pena de muerte.
En la audiencia de este miércoles, ante una consulta de la justicia británica sobre si el delito de traición contemplado en la ley de espionaje estadounidense podría contemplar la aplicación de la pena de muerte y si podrían asegurar que el fundador de WikiLeaks no recibiría dicha sentencia, los abogados estadounidenses respondieron: "Sería muy difícil ofrecer garantías para evitar que se imponga la pena de muerte".
La chance de que Assange sea condenado a la pena capital contradice las garantías dadas por Reino Unido a Ecuador en 2019, cuando se comprometieron a que jamás extraditarían al periodista a un país que pudiera potencialmente imponerle una condena semejante. Además el diario digital español Público recordó que en 2021 Estados Unidos garantizó que cuidaría la integridad física y psicológica de Assange durante el proceso judicial y una posible condena en su territorio.
"Esto es una persecución política"
Para fundamentar su posición, la defensa de Assange señaló el martes que el descubrimiento de una trama de la CIA para secuestrar o matar a su cliente cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres demuestra la motivación política del caso. También argumentaron que no tendría un juicio justo en EE.UU. ya que, por la ubicación de la corte, el jurado sería elegido entre personas vinculadas al gobierno de Washington.
En la vista de este miércoles estuvieron presentes en la sala Stella Assange, esposa del imputado, y su padre, John Shipton, mientras a las puertas del edificio cientos de personas pedían su liberación y que Washington retire los cargos. El exjuez español Baltasar Garzón, abogado de Assange, denunció que al fundador de WikiLeaks lo "están matando por ejercer la libertad de prensa".
En una entrevista con Radio Círculo, Garzón destacó que casi todos los jefes de Estado latinoamericanos apoyan la causa de Assange, a diferencia de las autoridades europeas que no tomaron posición. "Gran Bretaña apenas ha colaborado por no enfrentarse a Estados Unidos. Esto es una persecución política contra alguien por ejercer la libertad de prensa. Es una lección que Estados Unidos quiere dar al mundo", aseguró el jurista.
Sin embargo Garzón confió en que el Reino Unido no extradite a su defendido, "en una situación muy delicada de salud", porque no tendría un juicio justo. "En ningún caso va a tener un juicio justo si se le entrega a Estados Unidos porque el 90 por ciento de los ciudadanos de Virginia que conformarían el jurado popular trabajan para la inteligencia norteamericana. Entonces, ¿qué se puede esperar?", dedujo.
¿Cómo sigue el caso?
Luego de la vista dos magistrados, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, decidirán, en una fecha indeterminada, si Reino Unido entrega al fundador de WikiLeaks a Estados Unidos. Si Assange sale airoso de este juicio, deberá probablemente hacer frente a otra audiencia en el Reino Unido, que tendría que ratificar que no es extraditado. En caso de que el tribunal londinense confirme su extradición, a Assange le quedaría como último recurso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El fundador de WikiLeaks dispondría de un plazo de dos semanas, según sus abogados, antes de hacerse efectiva la extradición, para presentar ese recurso ante el TEDH. Assange fue detenido por la policía británica en 2019, luego de pasar siete años en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió para evitar ser extraditado por acusaciones de agresión sexual a Suecia, unos cargos que después fueron retirados.
En enero de 2021 un tribunal británico rechazó en un primer momento la demanda de extradición de Estados Unidos. La apelación estadounidense hizo que, en diciembre de 2021, la justicia británica anulara la primera decisión y abriera la vía a su extradición. La apelación de Assange no dio sus frutos y en abril de 2022 un tribunal británico autorizó la extradición, que fue aceptada dos meses después por el gobierno británico.
