Un plenario de comisiones de la Legislatura porteña giró al recinto el proyecto oficialista de ley para la reconcesión del servicio de subte por 12 años y una prórroga por un año para que la empresa Metrovías, actual operadora, que será tratado en sesión ordinaria el próximo 2 de noviembre. En minoría, los bloques opositores presentaron seis proyectos para la estatización del servicio luego de que finalice la actual concesión el 31 de diciembre. El secretario de Coordinación Nacional e Internacional de los trabajadores del subte (Agetsyp), Joaquín García, dijo que “el proyecto de Cambiemos implica que el Estado va a seguir haciéndose cargo de las inversiones y el operador privado se va a llevar las ganancias. Un negocio redondo para las empresas, pero no para los vecinos ni los usuarios”. Además de la discusión entre privatización o estatización, en la mira del próximo debate estará la modalidad de aprobación del proyecto: el oficialismo sostiene que necesita mayoría simple, mientras la oposición argumenta que el proceso debe ser de doble lectura y mayoría especial, de acuerdo a lo que estipula la Constitución de la Ciudad.

Las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Tránsito y Transporte y de Presupuesto se reunieron durante la mañana para tratar el proyecto del Ejecutivo porteño que autoriza a la administración local a llamar a una licitación pública nacional e internacional para la concesión del servicio por un período de 12 años, con la opción de tres más. La propuesta además, contiene una cláusula transitoria por la cual el Gobierno de la Ciudad podrá prorrogar el actual contrato de concesión a Metrovías hasta que el futuro adjudicatario “tome efectiva posesión del servicio”, plazo que no podrá exceder del 31 de diciembre del 2018.

También estipula que los oferentes “deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros y deberán haber transportado en los últimos tres años no menos de 150 millones de pasajeros”. Indica, además, que “el concesionario deberá constituir una Sociedad Anónima cuyo único y exclusivo objeto sea prestar el servicio público de subte” y agrega que “la retribución del concesionario por la operación y mantenimiento del servicio será establecida a través de un canon mensual/criterio pasajero-kilómetro”.

El intercambio de posiciones entre los bloques en la reunión de las comisiones evidenció las dos posturas alrededor de la gestión de la red de subte: por un lado el proyecto privatizador del oficialismo y sus aliados radicales y, por el otro, una diversidad de propuestas de la oposición para reestatizar el servicio.

El legislador Javier Andrade (FpV) dijo a este diario que “en todas las grandes ciudades del mundo la gestión de los subterráneos es estatal. Nosotros pedimos la estatización con la participación obrera, y poder discutir el tema en profundidad, algo que ahora no ocurrió porque dictaminaron todo en una sola reunión”. 

Andrade recordó que “cuando Macri fue jefe de gobierno había prometido que haría 10 kilómetros de subte por año, y el promedio que les da es de un kilómetro por año. Desde 2012, cuando se transfirió el subte a la ciudad se endeudó en 200 millones de dólares y, sin embargo, la red sigue teniendo vagones viejos, líneas sin aire acondicionado y grandes diferencias entre los ramales. Proponemos que el Estado se haga cargo del control del subte, y para eso, los que somos oposición deberíamos poder consensuar un proyecto alternativo”, advirtió el diputado.

Ahora, la administración del subte está a cargo de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), dependiente del gobierno porteño y la explotación del servicio corre por cuenta de Metrovías desde la década del 90.

El experto en transporte y director del sitio enelSubte.com, Martín Machain, dijo en diálogo con este diario que “los metros del mundo en su mayoría son estatales, sin ir muy lejos, del otro lado de la cordillera, en Chile, la red la administra una sociedad anónima de capitales estatales, son muy pocos los países con gestiones privadas. En los 90, algunos países experimentaron con el transporte público de pasajeros en manos privadas, pero la mayoría de eso países regresó a la operación estatal. Cuando se llama a licitación de medios guiados las concesiones suelen ser usadas por países que no tienen el know-how (conocimiento) necesario y terminan entregando la administración, pero no es el caso de Buenos Aires que ha sido estatal hasta hace 25 años y tiene el subte más antiguo de Latinoamérica”.

El metrodelegado, García, remarcó que “no deja de ser curioso que las empresas a las interesadas en participar de la licitación sean empresas estatales. Están envalentonados por el resultado de las elecciones. Van a tratar de que sea un simple trámite legislativo, por eso dicen que necesitan mayoría simple, 31 votos, para aprobar el proyecto. Pero si para cambiar el nombre de una calle se necesita mayoría especial (40 votos) y doble lectura, cómo no se va a necesitar en este caso. Además, está estipulado en dos artículos de la Constitución”, dijo el delgado, quien advirtió que “no quieren mostrar los pliegos de la licitación y pretenden dejar a la Legislatura de lado”.