La Cámara Federal de Casación resolverá la impugnación que la fiscalía presentó a la decisión judicial de dejar en libertad a los doce integrantes del Clan Ale que están siendo juzgados por asociación ilícita y lavado de activos en Tucumán. Los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit habían recurrido la resolución por la cual el Tribunal Oral Federal de Tucumán había establecido el cese de las prisiones preventivas dictadas a los imputados, un cambio que el escrito de los representantes del Ministerio Público definieron como “irregular y arbitrario”. En el recurso, los fiscales añadieron que la decisión de los jueces María Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule pone en riesgo el juicio que se lleva adelante, porque “incrementa objetivamente” el riesgo de fuga de los imputados y pone en peligro a testigos y víctimas-testigos.
El recurso contra la decisión judicial anunciada en la misma audiencia en que se solicitó y concedió, el 4 de octubre, señala que la resolución “se adoptó mediante un trámite procesal anómalo e irregular”, porque no evaluó la situación de cada imputado en particular sino que benefició con el cese de las preventivas por igual a los doce (Rubén Eduardo Ale, María Jesús Rivero, Fabián Antonio González, Víctor Alberto Suárez, Oscar Roberto Dilascio, Adolfo Ángel Alé, Hernán Horacio Lazarte, Ernesto Santos Catulo, César Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa y Sergio Francisco Parrado). Como el debate oral está transitando su último tramo de audiencias, agregaron, la resolución provoca “un injustificado incremento de los riesgos procesales”.
Camuña y Chit advirtieron en el escrito que los jueces no consideraron “la inminencia de la sentencia, las altas penas en expectativa, la particular naturaleza y modo comisivo de los delitos bajo juzgamiento, o siquiera la necesidad de asegurar el proceso más allá de una simple caución juratoria a imputados por graves delitos que en muchos casos cuentan con un gran acervo patrimonial”. El cese de las preventivas “genera un riesgo al proceso porque incrementa objetivamente las posibilidades de su frustración por vía del entorpecimiento o la evasión”. Dos de los imputados a quienes alcanzaba la prisión preventiva, recordaron los fiscales, tienen antecedentes de fuga en el marco del mismo juicio.
Además, el hecho de que los imputados continúen en libertad durante lo que resta del proceso oral pone en riesgo a testigos y testigos víctimas, porque en el debate se ventilaron también situaciones vinculadas a trata de personas.
