El Senado de Florida, en Estados Unidos, aprobó este jueves un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años a fin de proteger su salud mental, una controvertida iniciativa que el gobernador Ron DeSantis no parece dispuesto a respaldar sin cambios.
El texto, aprobado con 23 votos a favor y 14 en contra, regresará ahora a la cámara baja tras un primer paso, ya que sufrió varias modificaciones respecto a su versión anterior.
De aprobarse el proyecto, las redes sociales deberán impedir que los menores de 16 años creen cuentas en las plataformas y cerrar aquellas abiertas anteriormente, utilizando métodos para verificar la edad de los usuarios.
La mayoría de esas redes exigen una edad mínima de 13 años para abrir una cuenta, aunque no hacen demasiado para garantizar que se cumpla esa disposición.
El proyecto no cita ninguna plataforma en particular, pero va dirigido a aquellas que rastrean la actividad de sus usuarios, permiten subir contenidos o seguir otras cuentas, y tienen un diseño con características adictivas.
"Estamos hablando de negocios que usan funciones adictivas para manipular masivamente a nuestros niños y causarles daño", declaró la impulsora de la ley, la republicana Erin Grall.
Qué dicen los argumentos en contra del proyecto
Varios senadores opuestos a la iniciativa alegan que, aunque las redes sociales pueden ser peligrosas, es tarea de los padres y no de una ley vigilar el uso que sus hijos hacen de estas plataformas.
"Uno puede decir que desaprueba o prohíbe (las redes sociales) para quienes tienen 14 o 15 años, pero los padres tienen derecho a opinar", declaró DeSantis en conferencia de prensa.
El gobernador defendió en numerosas ocasiones que los padres debían tener un mayor control sobre las decisiones que afectan a sus hijos, por ejemplo en la enseñanza.
Sin embargo, DeSantis alertó en enero sobre la viabilidad de la ley, advirtiendo que textos similares en otros estados habían quedado bloqueados en los tribunales, ya que, críticos aseguran que la ley vulneraría la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.
