El Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR por sus siglas en inglés) posó sus cámaras en el fútbol argentino. Debutó en la semifinal de la Copa Libertadores entre River y Lanús. Un partido clave, demasiado trascendente para hacer el experimento. Sin someter a juicio la pertinencia del uso de la tecnología –ya instalada en deportes como el tenis y el rugby, entre otros–, sí cabe preguntarse la oportunidad de su utilización. Pareció que debía implementarse rápido, tan rápido que la Conmebol no tomó en cuenta a qué empresa le adjudicó el servicio que costará 850 mil dólares. La compañía se llama Mediapro-Imagina y estuvo salpicada por el escándalo de la FIFA.
Su despliegue técnico en el Monumental requirió de siete jueces, entre la terna habitual, el cuarto árbitro y tres más que se encargaron del Video Assistant Referee. También hubo un asesor internacional y un integrante de la comisión arbitral de la Confederación Sudamericana. En total nueve personas para controlar el dispositivo.
La noticia de la contratación del sistema la difundió el periodista paraguayo Marcos Velázquez en el diario ABC Color. Y la operación que decidió la entidad controlante del fútbol sudamericano se aprobó casi en simultáneo con otra: la cesión de los derechos de las Copas Libertadores y Sudamericana más la Recopa a IMG-Perform por tres temporadas (2019-2022) a cambio de 1400 millones de dólares. Los anuncios fueron hechos en su momento por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Criticado tanto adentro como afuera de Paraguay. De Asunción partió la información de que ambas empresas adjudicatarias habían tenido relación con el pago de sobornos.
Mediapro-Imagina –que perdió la puja con Turner y Fox por los derechos de la Superliga argentina– porque dos empleados jerárquicos de la subsidiaria Media World establecida en Miami, Roger Huguet y Fabio Tordin, les transfirieron dinero de las coimas desde el Bank of América de Miami a un par de dirigentes hondureños. Los acusados fueron separados de sus cargos en una de las tantas secuelas del caso de los sobornos en FIFA. A IMG-Perform se la vincula con los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, dueños de Full Play y que zafaron de ser extraditados a los Estados Unidos por requerimiento del Departamento de Justicia de ese país.
La relación que hizo ABC Color entre IMG-Perform y los Jinkis se apoyó en que al 2014 los empresarios argentinos aparecían vinculado con Carlos Federico Polak. Un abogado que figura como director general para América Latina de esa compañía que en rigor es Perform South América. En noviembre de aquel año, él y los Jinkis la inscribieron. Hugo como presidente, Polak como vice y Mariano como director suplente.
El problema para la empresa que se asoció con la Conmebol en base a un contrato de derechos hasta 2022, es que a Hugo y su hijo Mariano, los dueños de Full Play, EE.UU. los acusa de asociación criminal, lavado de dinero, fraude electrónico y soborno, entre otros delitos. Esas imputaciones deslegitimarían a Perform para quedarse con los partidos de las tres copas sudamericanas según el diario paraguayo. Aunque a esa sociedad comercial qué podría importarle.
La Conmebol aclaró que “el proceso de licitación contó con un esquema competitivo, entre una pluralidad de oferentes, basado en criterios de selección objetivos y técnicos preestablecidos”. Fueron nueve las empresas que pujaron por los derechos e IMG-Perform con capitales rusos y su sede en Londres ganó la licitación.