Organizaciones gremiales y la Asociación de Abogados Laboralistas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “persecución” y el “atropello” a los derechos de los trabajadores por parte del gobierno de Mauricio Macri. El planteo fue hecho en el marco de la 165° audiencia que ese organismo lleva a cabo en Uruguay y el gobierno argentino fue citado para hacer su descargo. “Se busca eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los jueces del trabajo y a los sindicatos. Se necesita imponer un clima para avanzar después con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”, afirmó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL).
“Denunciamos que esto tiene como objetivo disciplinar a los trabajadores, acallar la voz de los trabajadores para no reclamar nuestros derechos”, sostuvo el titular de Suteba, Roberto Baradel, quien fue uno de los representantes de gremios argentinos que testimonió acerca de las amenazas que recibió tanto él como sus familiares durante la paritaria docente con el gobierno de María Eugenia Vidal.
La audiencia había sido convocada a pedido de AAL, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Aceiteros, ATE, SUTEBA, Metrodelegados, Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), entre otras más.
Durante la audiencia, los gremios docentes expusieron sobre “la represión sufrida” por los maestros durante la instalación de la Escuela Pública Itinerante frente al Congreso y “la no convocatoria a la paritaria y la intromisión de fuerzas de seguridad en escuelas”. Además de la “persecución” y las amenazas contra Baradel y otros dirigentes, los gremios indicaron que estas situaciones se dan en un contexto de “aumento del desempleo, hostigamiento, persecución, intervención y estigmatización; algunos de los mecanismos empleados desde el gobierno nacional en contra de la clase trabajadora”.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal denunció “los despidos masivos y la campaña de estigmatización del empleado público que promueve el Gobierno”, tal como lo informó su secretario general, Daniel Catalano. También estuvieron en la audiencia
la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, Diego Morales, del CELS, Hugo Blasco, de la CTA Autónoma, Álvaro Ruiz, de la CGT, Gustavo Ciampa,de la Corriente Abogados 7 de Julio y Carla Gaudensi,del SiPreBA.
La exposición de los denunciantes se inició con un texto que leyó Morales. Dijo que en “los últimos meses en la Argentina se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la ´intervención´ de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores. Todo esto, en un contexto en el que, de acuerdo con el instituto público encargado de elaborar estadísticas y diversos centros de estudios universitarios y sindicales, más gente se encuentra desempleada, los salarios reales pierden valor, crece la precarización -con especial afectación a las trabajadoras- y más personas viven bajo la línea de pobreza y de indigencia”.
También señaló la preocupación la persecución a la Procuradora Alejandra Gils Carbó. Habló de “injerencia del Poder ejecutivo en el Ministerio Público Fiscal, mediante mecanismos indirectos para conseguir su remoción, debilitando de tal modo un órgano fundamental para la garantía de los derechos en la Argentina”. Y que el “debilitamiento de estos mecanismos se produce cuando a nivel nacional se busca introducir una reforma regresiva del derecho del trabajo y la seguridad social, iniciada con la modificación del régimen de riesgos del trabajo”.
Luego habló el representantes de la asociación que nuclea a los abogados del fuero laboral, a quienes el propio presidente Mauricio Macri los había tildado de “mafiosos” que impulsan juicios laborales y “hacen que cierren las pymes”. “El gobierno ataca a los abogados que defienden trabajadores, a los jueces laborales que tienen el mandato legal de garantizar el principio protectorio, interviene sindicatos y toma como enemigos a aquellos que ejercen la representación colectiva del eslabón más débil del mundo del trabajo”, dijo Cremonte.
Baradel, a su turno, destacó la presencia de sindicatos y organismos de derechos humanos para presentar todos los ataques: “Con un grado muy importante de cinismo, el Gobierno negó cercenar derechos laborales, la represión a los docentes frente al Congreso y a los trabajadores de Pepsico. Hoy estamos presentes las organizaciones sociales, la justicia laboral, los abogados laboralistas, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y todos aquellos que nos preocupamos por defender la plena vigencia de los derechos laborales y sociales. Mientras que por parte del Gobierno hay una actitud totalmente ofensiva. El Gobierno pretende disciplinar a la Clase Trabajadora. Con nuestro reclamo, también estamos exigiendo la libertad de Milagro Sala y justicia y verdad por Santiago Maldonado”.
