Ante la nueva ofensiva del gobierno de Mauricio Macri para desplazar a la procuradora general de la manera que sea y el fallo del juez Pablo Cayssials que estableció que no era necesario un juicio político para echarla, el Manifiesto Argentino expresó ayer su preocupación por el hecho y su apoyo a Alejandra Gils Carbó. Según consideraron en un comunicado, es “otro caso de enorme gravedad que, en este caso, afecta la base misma del orden jurídico constitucional”.
“Sólo comparable con las absurdas designaciones por decreto de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia -primer escándalo jurídico de quiebre de la legalidad constitucional del nuevo gobierno, apenas asumido - la actitud amenazante del Presidente de la Nación, su ministro de Justicia y los medios que lo sostienen, hacen pensar que la República Argentina está al borde mismo de la anarquía jurídica”, sostiene la declaración del Manifiesto que firman, entre otros, Mempo Giardinelli, Roberto “Tito” Cossa, Noé Jitrik y Adrián Paenza. Los integrantes del Manifiesto hacen suyos las argumentaciones presentadas por los especialistas del Instituto Arturo Sampay (los abogados Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat y Arístides Corti) en cuanto a que “con la reforma constitucional del año 1994, el Ministerio Público se convirtió en un órgano extra poder, independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera”. En base a eso, consideran el fallo del juez Cayssials “implica controvertir los atributos esenciales de la institución: su independencia, su autonomía, la estabilidad del titular del organismo –y, por vía derivada, de sus fiscales– y su relación con los restantes poderes del Estado”.
Por tal motivo, realizan un llamamiento “a todos los organismos gremiales de ejercicio de la abogacía, académicos y de defensa de la institucionalidad, a condenar este repugnante pronunciamiento que agravia la institucionalidad y la dignidad de nuestra profesión de abogados”. Y concluyen “que por tratarse de una sentencia de primera instancia, que no se encuentra firme ni goza de la protección constitucional de la cosa juzgada, a que se abstenga el Gobierno Nacional de todo acto o tentativa de ejecución de este engendro institucional que debiera avergonzar al Poder Judicial de la Nación”.
