La disputa entre el presidente Javier Milei y los gobernadores provinciales de todos los signos políticos tuvo un nuevo y escandaloso capítulo ayer, con visos de ruptura. En un comunicado en el que se presentan como representantes de"Las provincias unidas del sur", los gobernadores de la Patagonia se plantaron: "Si no envían recursos, Chubut no entregará su petróleo y su gas".
Reclamaban así los fondos de la coparticipación, el transporte y la educación, y denunciaban que están "padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera la ley Omnibus". Entre otros apoyos se sumó el de la CGT, y los gobernadores de Juntos por el Cambio y el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, publicaron un documento en apoyo al planteo de Chubut, lo cual configura un escenario de enfrentamiento absoluto entre el gobierno nacional y los ejecutivos provinciales.
Lejos de buscar una solución política al conflicto expuesto, el Presidente recurrió primero a su habitual territorio de las redes, para insultar con una frenética catarata de retuits: "Buena suerte con esa amenaza pedorra"; "¿Este sorete es un golpista?", le dedicó al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Luego, formalizó la provocación a través de la "Oficina del Presidente de la República": "Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún planzo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia".
"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", atacó también el Ejecutivo nacional.
Milei en pie de guerra con las provincias
"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina", había lanzado Torres ayer en un acto por el aniversario de Comodoro Rivadavia. Y en el documento firmado también por los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), expresaron: "Hoy la provincia de Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus. En febrero, el Ministerio de Economía nos retuvo ilegalmente $13.500 millones, más de un tercio de nuestra coparticipación mensual", denunciaron.
El gobernador Axel Kicillof, efectivamente, había sumado su apoyo a la misiva, al igual que Martín Llaryora, de Córdoba; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gildo Insfrán de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja. Pero lo que más ruido provocó fue el texto conjunto de los gobernadores de Juntos por el Cambio: "el Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia (de Chubut)". Lleva la firma de Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
La CGT también salió a marcar la cancha: "Las provincias argentinas, así como el pueblo en general, están siendo sometidos a una extorsión en pos de un ajuste fiscal que deja de lado a la gente".
Las provincias le exigen respeto al gobierno nacional
“Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”, menciona el comunicado patagónico. Agrega que “los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses”.
"Ultima hora, Chubut es el único lugar del mundo que tiene petróleo y amenaza con cortar el suministro. Tranquilos, corten el suministro que el mercado hará su trabajo. Buena suerte con esa amenaza pedorra", decía el primer retuit de Milei. "El gobernador de Chubut, Nacho Torres, amenaza a Milei con que si no hay plata no sale más un barril de petróleo para Nación. Intimo amigo de Larreta este mafioso, se niega a hacer el ajuste y amenza al estilo kirchnerista contra el Presidente. ¿Este sorete es un golpista?", rezaba el otro.
Represalias por la Ley Ómnibus
Todo se disparó a partir del texto de los gobernadores patagónicos, el cual se concentra en analizar los problemas que enfrenta la provincia de Chubut. “Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus”, indica. En detalle, plantea que en febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente 13.500 millones de pesos; más de un tercio de su coparticipación mensual.
Se precisó que la situación fue llevada adelante de forma ilegal. “El gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Sólo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron”.
El comunicado de los gobernadores patagónicos dice: “repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut”. Al mismo tiempo que se agrega que “avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retener a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen”.
En el texto se plantea que “si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas”.
