La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) cubrir a los empleados municipales de San Nicolás con condición crónica, que no fueron aceptados por la prepaga Avalian, sin cobrarles la cuota que corresponde por ser afiliados directos, más el proporcional por la patología. La decisión se tomó mientras posterga la definición sobre la cuestión de fondo, que debe determinar si es legal que un municipio renuncie al convenio, que tiene rango de ley, a través de una ordenanza.

El conflicto comenzó hace casi un año, cuando el Concejo Deliberante nicoleño votó la medida, sin consultar a los trabajadores municipales involucrados. La prestaciones de las que se hacía cargo IOMA, finalmente, quedaron a cargo de la empresa Avalian.

Por un lado, al menos transitoriamente, se consuma el “descreme”, ya que la prepaga a la que los Passaglia le abrieron las puertas se rige por la Ley nacional 26.682, que le otorga derecho de admisión, de manera que no está obligada a recibir a los pacientes crónicos, cuyos tratamientos son de por vida y muy costosos.

Esos son los que se quedan en IOMA, a los que el municipio les pagaba la cuota, hasta la resolución judicial del jueves. Antes de la decisión de Passaglia, ese déficit se compensaba parcialmente con los ingresos del resto de los socios: el principio solidario en el que se basa la seguridad social, por el que una mayoría sana cubre los gastos de la minoría restante. Ese esquema hoy está roto y su rotura amparada por la corte.

Mientras la Corte no se pronuncie sobre la cuestión de fondo, funcionarios de la Provincia dijeron esperar que el fallo no actúe como incentivo para otros intendentes que quieran hacer uso político de la situación y favorecer a alguna empresa de medicina prepaga. Es el caso de Marcelo Matzkin, intendente de Zárate, muy cercano a los Passaglia.

Altas fuentes de IOMA comentaron a Buenos Aires/12 que comparten "el sentido del fallo, que es no dejar sin cobertura a quienes más lo necesitan", aunque advierten que "lo lógico hubiera sido que lo pague Passaglia". 

También recordaron que aun con el convenio vigente, que obligaba a afiliar a todos o a ninguno, IOMA perdía plata con los municipales, porque las pretaciones erogadas excedían largamente a lo recaudado, pero se compensaba. "Ahora que Avalian se llevó los sanos, es directamente desfinanciamiento", agregan. 

A la vez, aportan un dato que según su opinión debería considerar la Justicia. "Cuando se resolvió la licitación, una licitación bastante particular, a mediados del año pasado, IOMA recaudaba 14 millones de pesos. Pero la partida asignada a Avalian era de 42, exactamente el triple. Y no sabemos qué actualizaciones tuvo desde entonces. ¿Están poniendo plata de la salud pública, que corresponde a todos los nicoleños, para un negocio privado?", se preguntan. 

Todo esto ocurre con el trasfondo de una severa crisis del sistema de salud, producto de la devaluación del 118 por ciento implementada por el ministro Luis Caputo en diciembre pasado y la receta de “motosierra y licuadora”, que daña severamente las finanzas de las obras sociales sindicales, jerárquicas y provinciales.

Todas ellas recaudan un porcentaje sobre el salario de sus afiliados. Si esos salarios pierden poder adquisitivo frente a la inflación, como ocurrió en los últimos meses, lo mismo ocurre, en idéntica proporción, con las obras sociales y su capacidad de contratación. Este dato explica las tensiones recientes entre financiadores y prestadores y los reclamos de los socios por el deterioro en la calidad de atención.

Dos de tres

El sistema de salud argentino está compuesto en realidad por tres subsistemas, en cuya integración trabaja el Ministerio de Salud provincial. Estos son la salud pública, la seguridad social y la medicina prepaga. De estos tres, los dos primeros se encuentran bajo un fuerte ataque por parte del Gobierno nacional.

El primero, la salud pública, desde la década del noventa del siglo pasado, es responsabilidad de las provincias, a las que Javier Milei ya les niega distintas transferencias a las que está obligado por ley. A esta decisión se le sobreimprime la liberación del precio de los medicamentos, que subieron 300 por ciento desde diciembre y, como consecuencia, experimentaron una caída en el consumo de 45 puntos.

Al tercer sistema, la medicina prepaga, cuya cabeza visible es el dueño del Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, pretenden favorecerlo a través de la desregulación que pondría a obras sociales y prepagas a competir en plano de igualdad, pensada como venganza contra la CGT. 

El sentido último de la medida no sería tanto incrementar los ingresos de las prepagas como fundir a las sindicales, por la misma vía que hoy sufre IOMA: el mencionado “descreme”. Lo que le interesa a Belocopitt no es tanto la cartera de socios del sector sindical, ya que afirmó recientemente que “el negocio está sobredimensionado”, sino las clínicas y sanatorios, de las que los gremios deberían desprenderse para enfrentar los pasivos de sus obras sociales.

Belocopitt, con llegada a Milei por su cercanía con el empresario Eduardo Eurnekian, es el titular de la Unión Argentina de Salud, entidad que reúne a la totalidad de las prepagas, de las que también oficia como vocero.